Las condiciones y riesgos de violación de derechos humanos en el estado mexicano de Chiapas sigue preocupando a la población. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas afirmó ayer en una conferencia de prensa que el gobierno federal debe colaborar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el esclarecimiento de los crÃmenes de lesa humanidad en Chiapas.
"Agotados todos los recursos jurÃdicos en México, el gobierno debe contestar a la CIDH respecto de la queja interpuesta. El Centro de Derechos Humanos sostiene que los crÃmenes denunciados no son cosa del pasado en tanto prevalecen las mismas condiciones y riesgos", declara la entidad.
La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) también debe verificar la situación de militarización y paramilitarización en el Estado, asà como las acciones y responsabilidades del gobierno frente a la situación. Don Samuel Ruiz GarcÃa y Don Raúl Vera López, representantes del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, quieren que el gobierno y la CIDH hagan una investigación eficaz, deslinde responsabilidades y castigue a los culpables, repare los daños y establezca medidas de no repetición en los crÃmenes cometidos en la Zona Norte del Estado y por la Masacre de Acteal.
Según la entidad, ha habido una incapacidad para investigar a los grupos paramilitares responsables de los crÃmenes, deslindar responsabilidades de las autoridades estatales y federales, incluyendo al Ejército mexicano, involucradas en su formación. La evaluación es que se han tratado como crÃmenes aislados en que no se acusa a los presuntos responsables de crimen organizado; y se han omitido las diversas pruebas que señalan responsabilidades de autoridades federales y estatales. Incluyendo el testimonio presentado en los dÃas anteriores a los medios de comunicación de un comandante de Paz y Justicia que ha sido informante de la PGR desde hace varios años. El Centro de Derechos Humanos también presentó una denuncia formal ante la SubprocuradurÃa de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada de la PGR, que en quince dÃas declinó competencia a la ProcuradurÃa General de Justicia del Estado de Chiapas.
La denuncia es que los paramilitares no han sido desarmados y siguen organizados, y la presencia militar persiste de manera desproporcionada y en control del territorio que ocupan los pueblos indÃgenas en Chiapas. El presidente del Centro, Don Samuel Ruiz GarcÃa, ya habÃa presentado el 20 de julio pasado estas mismas denuncias al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, a la oficina de la Presidencia a través de su vocero Rubén Aguilar y a la Cocopa, tras de haber hecho lo mismo con el gobernador Pablo Salazar.
"La violación a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado en Chiapas debe ser atendida con un compromiso de Estado, con independencia del proceso de diálogo con el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional)", declara la entidad.
En un informe el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas demuestra la responsabilidad del Ejército en la creación de grupos paramilitares en territorio chiapaneco y acusa de genocidio al ex presidente Ernesto Zedillo. La SecretarÃa de la Defensa Nacional estarÃa adoptando una guerra de baja intensidad, como estrategia prolongada de desgaste contra el EZLN. "En un intento propagandÃstico por minimizar, invisibilizar y/o negar la vigencia del conflicto, el gobierno de Vicente Fox sostiene que en Chiapas no pasa nada y todo está solucionado", lamenta el Centro. Pero el cerco de hostigamiento y aniquilamiento montado por el Ejército sigue vigente en los Altos, la selva y la zona norte del estado.
"Las fuerzas federales actúan como un ejército de ocupación en todo el territorio indÃgena, combinando operaciones regulares con otras de carácter irregular (labores de inteligencia, guerra sicológica, control de población, hostigamiento y amenazas). Lo que explica, a la vez, la presencia organizada y la impunidad de bandas paramilitares, asà como la rearticulación de los grupos de poder polÃtico y económico tradicionales", dice el informe. Estos grupos sirvieron como fuerzas de choque antizapatistas, entre ellos los coletos de San Cristóbal, la familia Kanter en Comitán y el grupo Paz y Justicia en la zona norte.
El gobierno mexicano estarÃa utilizando la llamada guerra sicológica. O sea sin tiros, de forma irregular, prolongada y cambiada en un embate polÃtico-ideológico. El ocultamiento sistemático de la realidad es una de las caracterÃsticas de la guerra sicológica. Para el Centro de Derechos Humanos, la demostración de que la ausencia de tiros no es indicativa de que el conflicto armado ha sido superado es la existencia de 114 posiciones permanentes del ejército en la zona de conflicto.
Masacre de indÃgenas, desplazamiento, quema de casas, detenciones y torturas han sido aún prácticas comunes en Chiapas por parte de los paramilitares. "Esta brutal ofensiva contra la población civil, en su totalidad indÃgena, se inscribió en un contexto de guerra irregular preparada por la SecretarÃa de la Defensa Nacional, ideada por el General de División Miguel Ãngel GodÃnez Bravo, ordenada por el entonces presidente Zedillo, el 9 de febrero de 1995", informa el Centro de Derechos Humanos. Esto confirmarÃa los vÃnculos de estos grupos paramilitares con el propio Ejército y los gobiernos federal y estatal. "Son claras evidencias de la implementación de una polÃtica de estado genocida y de lesa humanidad".
Para la entidad, ni la administración zedillista ni la de Fox han investigado estos acontecimientos en su real dimensión. De los pocos casos abiertos se siguen procesos por responsabilidades individuales, incluyendo la masacre de Acteal, donde murieron muchos indÃgenas. Las reivindicaciones son que se sancionen a los responsables materiales e intelectuales de los delitos de lesa humanidad dirigidos en contra de la población civil, de acuerdo al Estatuto del Tribunal de Nüremberg; se desarme y desarticule a los grupos paramilitares; se desmilitarice el territorio indÃgena de Chiapas; y se reparen los daños a las vÃctimas de desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones y tortura.
