Sigue siendo crítica la situación de las comunidades afrodescendientes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, departamento de Antioquia. Tras la masacre de ocho de sus miembros, ocurrida hace dos semanas, la población denuncia que la presión por parte de la Fuerza Pública contra la comunidad va en aumento.

 

El grado de zozobra y tensión continuó ayer, cuando en horas de la mañana del día cuatro de marzo miembros del Ejército Nacional incursionaron a la Comunidad de Paz, vulnerando la decisión que hace ochos años trazó la población de no permitir la presencia de ningún actor armado en el territorio.

 

“Exigimos al Estado colombiano no tener presencia armada en nuestros lugares de asentamiento y en nuestros lugares de trabajo. Esta situación nos coloca en grave riesgo, pues nos sitúa como objetivos militares. Toda nuestra historia de atropellos y asesinatos que implican directamente a la fuerza pública nos da el derecho ético y moral de exigir algo muy simple: tenemos derecho a no convivir con los victimarios. Necesitamos que el Ejército salga de San José”, expresaron los representantes de la Comunidad de Paz.

 

Al respecto, la respuesta ofrecida por el Ministro de la Defensa, Jorge Alberto Uribe, apuntó a indicar que la Fuerza Pública tiene la obligación constitucional de hacer presencia en todo el territorio nacional. El alto funcionario además sentenció que si las comunidades se oponen a que la Fuerza Pública haga presencia en sus territorios, están condenadas a desaparecer.

 

Ante esta situación, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó exhortó a la solidaridad nacional e internacional para que se pronuncie en contra de lo que consideran un atropello, especialmente cuando las múltiples denuncias señalan a los miembros de la Fuerza Pública como los responsables de los distintos atropellos y hostigamientos que afectan a la población.

 

“Siempre hemos pedido y exigido al Estado colombiano la presencia permanente de sus órganos civiles de control como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Pero de ninguna manera aceptamos la presencia de las Fuerzas Militares entre nosotros. Máxime cuando ellos han tomado parte de tantos golpes que hemos sufrido, máxime cuando nos siguen amenazando con que si no desalojamos las tierras, van a seguir masacrando a los campesinos, máxime cuando se está adelantando una campaña de difamación en nuestra contra pretendiendo dar a la opinión pública la impresión de estuvimos implicados en el asesinato de Luis Eduardo Guerra y las otras siete personas. O que tuvimos que ver con otros hechos violentos, como el atentado realizado a la comisión de fiscalía y procuraduría que se desplazaba en la ruta San José - Apartadó, hecho que denunciamos y condenamos públicamente. Ya no hay palabras que describan una ofensa como esa”.

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