En medio del terror y la incertidumbre siguen habitando indígenas, afrocolombianos y campesinos asentados en toda la región del río Atrato, departamento de Chocó, quienes no entienden cómo luego de la masacre ocurrida ese jueves 2 de mayo de 2002 en Bojayá, donde fueron sacrificadas 119 personas, hoy se repiten con más intensidad los mismos operativos de guerra entre guerrilleros del frente 57 de las FARC y paramilitares del bloque “Élmer Cárdenas”, lo que deja en el ambiente un olor a muerte y desplazamiento que no se puede volver a repetir.

 

Las alarmas suenan nuevamente en la Organización Regional Emberá Wounaan (OREWA), cuyos dirigente, presagiando lo peor, elevaron una voz de alerta ante la reanudación de los combates entre guerrilleros y paramilitares en la región de los ríos Opogadó, Bojayá, Cuía y Napipí –afluentes del río Atrato- situación que obligó a más de 1.700 personas de siete regiones ribereñas a desplazarse hacia la cabecera municipal de Bojayá huyéndole a la muerte.

  

Por su parte, la Diócesis de Quibdó informó que en el río Bojayá resisten todavía 270 afrodescendientes de la comunidad de Pogue, entre ellos 120 niños y alrededor de 2.000 indígenas de 15 comunidades que corren el peligro de quedar atrapados por el fuego cruzado y ya están sufriendo desabastecimiento total de alimentos y de artículos de primera necesidad.

 

 

La OREWA denunció que desde el pasado sábado 19 de marzo, un grupo de las AUC puso un retén en la Comunidad Negra de Corazón de Jesús, distante a 10 minutos de la cabecera municipal de Bojayá. “Desde el mismo sábado están realizando controles de lo que sube y baja por el río, están reteniendo los botes que dan información de la guerrilla, igualmente desde el domingo han prohibido la movilización por el río Bojayá”.

 

Así mismo, la organización indígena asegura que las comunidades aborígenes localizadas en los ríos Bojayá y Opogadó son objeto de constantes presiones de dichos grupos armados, “que tienen sus campamentos a lo largo de los ríos”, y han obligado a las comunidades a facilitar parte de sus productos agrícolas para alimentar a sus tropas.

 

Por su parte, asegura la OREWA, los guerrilleros presionan a los indígenas que habitan la rivera del río Chicué para que les entreguen parte de las tierras del Resguardo, “mientras en la Comunidad de Playita en el río Opogadó las AUC están tomando posesión de esta comunidad”.

 

Ante esta situación, las autoridades indígenas no entienden cómo la fuerza pública ha permitido: “la avanzada de las autodefensas y la guerrilla sobre los territorios colectivos de las comunidades Negras e indígenas del municipio de Bojayá”.

 

Por tanto, exigieron atención humanitaria para las comunidades que se encuentran en esa región del Pacífico chocoano, y demandaron del gobierno nacional que su política de “seguridad democrática realmente sea para garantizar la seguridad la protección de la población civil, y no para aumentar la vulnerabilidad de las comunidades rurales”.

 

Además, solicitaron acompañamiento permanente de los organismos de la ONU, de la iglesia y ONG de derechos humanos en esa zona del país, que permita recobrar la seguridad tan anhelada por los grupos étnicos presentes en la región.

 

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