La Comisión “Justicia y Pazâ€, ONG que brinda acompañamiento humanitario a las comunidades indÃgenas, afrocolombianas y campesinas de Chocó y Antioquia, denunció que el dÃa 29 de marzo, mediante una carta que señalaba a sus integrantes de ser “defensores de narcoterroristasâ€, desconocidos amenazaron de muerte a toda la organización.
Asegura la ONG que la misiva expresa textualmente: “No vamos a permitir que el yugo opresor de la guerrilla terrorista vuelva a la región. La libertad conquistada no la pérderemos (sic) el honor de la patria se debe defender y respetar. Todos los de Justicia y Pas (sic) quedan también advertidos. Viva la libertad no a las viejas opresiones terroristas en estafetas de derechos humanosâ€.
Para la Organización, esta amenaza de muerte: “ha estado antecedida de graves señalamientos, de integrantes de la Brigada XVII, en las que se acusó a las ONG, que acompañan las Zonas Humanitarias que se encuentran en el Jiguamiandó de Narco Terroristas. Simultáneamente en las confusas actuaciones armadas de militares con unidades paramilitares o actuaciones paramilitares como militares enfrente de los lugares humanitarios, además de los afrodescendientes, los acompañantes de nuestra Comisión Justicia y Paz, han sido hostigadosâ€.
Por tales motivos, “Justicia y Paz†exigió al gobierno nacional, y expresamente al Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos que:
1.- Responder a las Medidas Cautelares resueltas a favor de nuestra Comisión de Justicia y Paz desde el 2003,
2. Expresar públicamente si las organizaciones humanitarias, incluyendo, las de derechos humanos, tienen garantÃas para el acompañamiento a las comunidades en el Bajo Atrato y el Urabá Antioqueño
3. Solicitar la abstención de realizar señalamientos públicos o abiertos en operaciones militares contra los defensores de derechos humanos
-la sanción inmediata de los militares que incumplen esta directiva oficial
-la aplicación de las Recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado respecto a la actuación frente a los paramilitares
4. Dejar Constancia de que cualquier daño irreparable contra la vida e integridad personal de integrantes de Justicia y Paz es responsabilidad del Estado por ACCION u OMISION y COMISION POR OMISION.
