Las comunidades indígenas y organizaciones sociales ubicadas dentro del Gran Resguardo Oriental del departamento de Vaupés, amazonía colombiana, denunciaron que desde el año 2004 se han incrementado las acciones bélicas entre Fuerza Pública y las FARC en sus territorios, además de la siembra indiscriminada de minas antipersonales, agravando aún más la crisis humanitaria por la que atraviesan.

 

En la región de Mitú y Carurú se encuentran ubicadas 17 comunidades, unas 800 familias de 24 etnias indígenas, además de la población campesina y afrocolombiana.

 

Tradicionalmente el departamento ha sido controlado por la guerrilla de las FARC, situación que generó vulnerabilidad a los derechos de dichas comunidades. “Pero la presencia de un solo grupo armado era tolerable”, sostienen voceros comunitarios. 

 

Sin embargo, de un año para acá, con la llegada de la Fuerza Pública (Ejército y Policía) a la región, -en cumplimiento a la política de “Seguridad Democrática” impulsada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe-, se han presentado intensos y reiterados enfrentamientos con las FARC, quedando las comunidades en medio del fuego cruzado.

 

“El problema se agrava con la siembra indiscriminada de minas antipersonales en nuestros territorios”. Esta mortífera estrategia de guerra se implementa para detener el avance de la Fuerza Pública, quedando en riesgo inminente todos los pobladores. “Ya no podemos salir a nuestras chagras a trabajar con seguridad, porque estamos rodeados de muerte”. Algunas minas han estallado, aseguran los voceros, sin que hasta el momento hayan víctimas fatales.“Pero, cuántas faltan por explotar, cuál de ellas no iremos a pisar”, se preguntan Cubeos, Sirianos, Wananos, Desanos, y la comunidad campesina.  

 

Las comunidades, víctimas pacíficas en la guerra, han rechazado la presencia de la Fuerza Pública dentro de los cascos urbanos de Mitú y Carurú, situación que ha puesto en riesgo sus vidas porque los enfrentamientos armados y ataques de las FARC a la Fuerza Pública y la respuesta de éstos, no siempre dan en sus objetivos y se ven involucrados los habitantes, las infraestructuras, colegios, casas, entre otras. “No entendemos cómo la Policía y el Ejército se acantonaron en medio de la población civil, exponiéndonos vitalmente a los enfrentamientos, a la lluvia de cilindros bombas”.

 

La salud, educación, economía, vivienda, todo se ha visto afectado. Los controles de bando y bando a la circulación de alimentos, mercancías, combustibles en ríos, carreteras y municipios son permanentes.

 

El parte que da la Defensoría del Pueblo Regional asegura que: “Las acciones de la Fuerza Pública para recuperar militarmente el territorio y las restricciones y controles que se han implementado sobre el ingreso, salida y circulación de las personas, la carnetización de la población, el registro de quienes entran o salen del casco urbano de la capital de Mitú, las restricciones y controles a la circulación de bienes y víveres indispensables, y el severo control sobre los combustibles para combatir las actividades relacionadas con el procesamiento de coca, han resentido el control social que venía ejerciendo las FARC en la región”.

 

Las lluvias de glifosato también llegaron con la Fuerza Pública. Los cultivos, los ríos, los animales, las cosechas han sido fumigadas. La salud de las comunidades se deteriora con el avance de a estrategia gubernamental de recuperar ese territorio del país, frontera con Brasil. 

 

“Sin embargo, el Estado nos mantiene abandonados con proyectos de desarrollo social. Estamos apartados y olvidados de la inversión gubernamental, pero si quieren llegar con más violencia tratando de conseguir una seguridad democrática”.

 

Para la Defensoría Regional: “La situación que viven las comunidades indígenas y no indígenas que habitan el departamento del Vaupés podría definirse como un “confinamiento forzado” tanto por efectos del conflicto que les impide atender sus labores agrícolas por el minado de las áreas rurales, como también por el aislamiento a que históricamente han estado respecto al desarrollo económico, social y político del país, situación especialmente evidenciada en la carencia absoluta de vías de comunicación terrestre que permitan la comunicación de esta región con el centro del país o con los diferentes polos de desarrollo económicos del mismo. La situación de confinamiento se ve agravada por el encarecimiento (hasta de más del cien por ciento) en los alimentos y artículos de primera necesidad dados los altos costos que implica su trasporte por vía aérea. 

 

Esta alarmante situación ha sido denunciada pero muy poco escuchada. Por eso, las comunidades y autoridades tradicionales de la región quieren hacer visible esta problemática, generar estrategias de cambio y comprometer al gobierno nacional en la verdadera seguridad y desarrollo para el departamento.

 

Para esto, han programado para el próximo mes de junio, un Encuentro regional étnico: “Por la recuperación del Territorio Tradicional y la reactivación socioeconómica”, que permita voltear los ojos de la comunidad nacional e internacional, a esta apartada y olvidada región inmersa en la selva amazónica colombiana.

Escribir un comentario

Código de seguridad
Refescar