Con gran preocupación denunció la Comisión Interclesial de Justicia y Paz la retención de cinco de sus miembros -defensores de derechos humanos y acompañantes de las comunidades afrocolombianas de Antioquia y Chocó- a manos supuestamente de guerrilleros de las FARC, quienes los sacaron de la Zona Humanitaria del RÃo Jiguamiandó, el pasado 31 de marzo.
Según el comunicado de “Justicia y Pazâ€, ese jueves en la mañana llegaron simultáneamente a las zonas humanitarias de Bella Flor Remacho, Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza a orillas del Jiguamiandó, guerrilleros de las FARC y retuvieron a Johana López, Mónica Suárez, Enrique Chimonja, Fabio Ariza y Edwin Mosquera.
“El poblador que llamó a la Comisión, antes de que se le cortara la llamada expresó "tengo mucho miedo", y señalo que los hombres armados expresaron a los pobladores que se los llevaban, que hicieran la denuncia, que no les iba a pasar nadaâ€.
El hecho fue confirmado por una Comisión de Verificación -conformada por: el Proyecto Justicia y Vida, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y con delegados de la Iglesia diocesana de Quibdo, Brigadas Internacionales de Paz, PBI; además de haber contado con el concurso de la Vice Presidencia de la República y la DefensorÃa del Pueblo del Urabá- que se desplazó a esa región del PacÃfico colombiano el sábado dos de abril.
â€En la última semana, la Comisión de Justicia y Paz, recibió una amenaza de muerte, por correo postal, 15 dÃas después de la realización de una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a las medidas provisionales que cobijan a los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y familias de Curvaradóâ€.
La ONG humanitaria le pidió al grupo armado que tenga retenido a los cinco funcionarios, les respete la vida y los deje inmediatamente en libertad. “expresamos nuestra indignación y rechazo ante este grave atentado contra el derecho a defender los derechos humanos en Colombiaâ€.
De igual forma, exigió al Estado colombiano, “en cualquier caso, independientemente del responsable de la retención o desaparición de los defensores de derechos humanos que por razones humanitarias, no se desarrollen operativos militares de rescate, los que pondrÃan en riesgo la vida e integridad personal de los defensores de derechos humanosâ€.