Con gran preocupación denunció la Comisión Interclesial de Justicia y Paz la retención de cinco de sus miembros -defensores de derechos humanos y acompañantes de las comunidades afrocolombianas de Antioquia y Chocó- a manos supuestamente de guerrilleros de las FARC, quienes los sacaron de la Zona Humanitaria del Río Jiguamiandó, el pasado 31 de marzo.

 

Según el comunicado de “Justicia y Paz”, ese jueves en la mañana llegaron simultáneamente a las zonas humanitarias de Bella Flor Remacho, Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza a orillas del Jiguamiandó, guerrilleros de las FARC y retuvieron a Johana López, Mónica Suárez, Enrique Chimonja, Fabio Ariza y Edwin Mosquera.

 

“El poblador que llamó a la Comisión, antes de que se le cortara la llamada expresó "tengo mucho miedo", y señalo que los hombres armados expresaron a  los pobladores que se los llevaban, que hicieran la denuncia, que no les iba a pasar nada”.

 

El hecho fue confirmado por una Comisión de Verificación -conformada por: el Proyecto Justicia y Vida, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y con delegados de la Iglesia diocesana de Quibdo, Brigadas Internacionales de Paz, PBI; además de haber contado con el concurso de la Vice Presidencia de la República y la Defensoría del Pueblo del Urabá- que se desplazó a esa región del Pacífico colombiano el sábado dos de abril.


”En la última semana, la Comisión de Justicia y Paz, recibió una amenaza de muerte, por correo postal, 15 días después de la realización de una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a las medidas provisionales que cobijan a los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y familias de Curvaradó”.

 

La ONG humanitaria le pidió al grupo armado que tenga retenido a los cinco funcionarios, les respete la vida y los deje inmediatamente en libertad. “expresamos nuestra indignación y rechazo ante este grave atentado contra el derecho a defender los derechos humanos en Colombia”.

 

De igual forma, exigió al Estado colombiano, “en cualquier caso, independientemente del responsable de la retención o desaparición de los defensores de derechos humanos que por razones humanitarias,  no se desarrollen operativos militares de rescate, los que pondrían en riesgo la vida e integridad personal de los defensores de derechos humanos”.

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