El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la DefensorÃa del Pueblo advirtieron sobre el inminente riesgo que corren las comunidades negras, indÃgenas y campesinas que habitan el municipio de Bojayá, Chocó, ante los constantes combates que protagonizan grupos guerrilleros y paramilitares que operan en esa zona del PacÃfico colombiano.
Como sucedió en la región ese macabro jueves 2 de mayo de 2002, donde murieron 119 personas, hoy uno de los protagonistas de dicha masacre, paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas, avanzan hacia las desembocaduras de los rÃos Bojayá, Napipà y Opogadó, en cuyas partes altas han hecho presencia tradicionalmente las FARC, destacó el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz.
El ACNUR confirmó por su parte que los enfrentamientos entre los grupos armados irregulares se están llevando a cabo ahora en la zona que rodea Bellavista, la capital municipal de Bojayá.
Agregó que: “el sábado, unas 250 personas de los 350 habitantes afrocolombianos de Pogue, en el rÃo Bojayá, huyeron a Bellavista, escoltados por autoridades colombianas de la oficina de la DefensorÃa del Pueblo, la oficina de la ProcuradurÃa General asà como representantes de asociaciones comunales. Ellos habÃan quedado atrapados en medio de los grupos armados irregulares durante las dos últimas semanasâ€.
La DefensorÃa confirmó que las 24 comunidades indÃgenas del municipio permanecen en sus territorios por su polÃtica de no desplazarse, “pero ante la gravedad de la amenaza algunos de los miembros de la comunidad Emberá han manifestado su intención de trasladarse a NuquÃ, BahÃa Solano y Juradó o incluso a una zona fronteriza de Panamá, en donde algunos tienen familiaresâ€.
Los indÃgenas informaron a los oficiales de campo del ACNUR que los grupos armados irregulares han impuesto un bloqueo y han evitado que los alimentos, medicinas y otros suministros vitales puedan llegar a sus poblados. “Otros han sufrido acoso e intimidación de parte de los grupos armados que dispararon al aire y amenazaron con matar a los hombres y violar a las mujeresâ€.
Pérez Ortiz señaló que es necesario aprender la lección de la tragedia ocurrida en Bojayá hace cerca de tres años y adoptar medidas efectivas para impedir que la población civil quede atrapada en medio de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales como ocurrió en esa ocasión.
Mientras tanto, los casos de diarrea, malaria, enfermedades de transmisión sexual y infecciones respiratorias agudas continúan incrementándose entre las comunidades desplazadas internas, recuerda el ACNUR.
La presencia en la zona de los grupos armados ilegales es evidente, denuncian las comunidades. Situación que es paradójica si se tiene en cuenta que “en la cabecera municipal de Bojayá está asentado el Batallón Manosalva Flórez del Ejército, que realiza controles sobre el rÃo, mientras que en la población de VigÃa del Fuerte, a cinco minutos de Bellavista, también existe una fuerte presencia de la Fuerza Públicaâ€, asegura la DefensorÃa del Pueblo.
Ante la grave situación humanitaria por la que atraviesan las comunidades que habitan esta zona del PacÃfico colombiano, el ACNUR y la DefensorÃa del Pueblo consideraron necesario y urgente que las autoridades del Estado competentes ejerzan un control efectivo en la región, como también que todas las partes del conflicto armado se ajusten a los principios del Derecho Internacional Humanitario, “a respetar la población civil y a garantizar la seguridad de los trabajadores humanitariosâ€.
