El 10 de julio del 2002 las Farc atacaron con una pipeta de gas la casa de habitación del diputado Arquímedes Vitonas. Dicho ataque, se realizó en el marco de una presión generalizada de la organización insurgente, buscando la renuncia de alcaldes, concejales y funcionarios públicos. Las comunidades indígenas del CAUCA tomaron la decisión de rodear a sus mandatarios, negándoles cualquier posibilidad de renuncia. Tal determinación enardeció algunos frentes de las FARC EP ubicados en la zona, quienes desataron varias acciones contra la población civil. Producto de estas acciones y luego de 20 horas de ataques indiscriminados del VI frente de las Farc, fue muerto por un impacto de fusil el niño paez Wilson Achicué, de tan solo once años. El pueblo fue virtualmente semidestruido.

 

El sábado 22 de Agosto de 2004, una Comisión encabezada por el alcalde de Toribío Arquímedes Vitonas, que se dirigía hacia el Resguardo de Alta Mira, Vereda Laureles –ubicado en San Vicente del Caguán, antigua zona de distensión para las negociaciones del gobierno con las Farc-, fue retenida por el grupo insurgente. Después de varios días de cautiverio, los indígenas fueron rescatados por la acción de cientos de indígenas paeces que fueron hasta el lugar por los líderes secuestrados. 

 

Muchos otros casos violatorios del derecho internacional humanitario se han presentado durante los últimos años en el norte del cauca, específicamente en las poblaciones de Jambaló y Toribío. Resulta importante resaltar, como las acciones desarrolladas, incluida la de este jueves 14 de abril, han sido preferentemente acciones contra la población civil y aunque en ocasiones también se han presentado victimas de miembros de la fuerza pública, el gran saldo en víctimas humanas y en pérdidas materiales lo han colocado los indígenas.

 

Es cierto que las Farc vienen en una ofensiva contra con gobierno del presidente Uribe, buscando entre otras cosas, visibilizar el conflicto armado existente en el país y que difícilmente se puede tapar con las manos. Lo que resulta paradójico, es que la estrategia de las Farc incluya acciones dirigidas principalmente contra poblaciones de una alta composición indígena y en las cuales se vienen desarrollando experiencias inéditas de resistencia civil, a la vez que proyectos de desarrollo económico muy ligadas a las practicas de la ancestralidad indígena y que han tenido un gran reconocimiento por parte de la comunidad nacional e internacional. Talvez, los hechos ocurridos en julio del 2002 y en agosto del 2004, ponen en evidencia una actitud retaliadora de las Farc contra una población que lo único que han hecho en el ultimo período es ejercer plenamente el derecho a su autonomía territorial, lo cual excluye la presencia de cualquier tipo de actor armado en sus territorios.

 

Toribío y Jambaló, municipios donde más del noventa por ciento de su población es indígena paez, se han convertido, junto con Caldono, en epicentro de la resistencia civil del movimiento indígena colombiano, obedeciendo las orientaciones de las autoridades del gran pueblo CXAHB WALA KIWE, que han conminado a todos los actores armados para que abandonen su territorio. El empecinamiento de las Farc en desconocer el gobierno indígena y en mantener lo que antaño fue uno de sus principales  “santuarios o lugares de influencia”, les ha colocado en un enfrentamiento constante con los indígenas, haciéndose acreedores de sus acciones de resistencia.

 

Estos municipios encarnan además, la experiencia mas organizada de sector poblacional alguno en Colombia, siendo el Proyecto NASA la expresión más consolidada de la planeación participativa, lo cual les generó varios reconocimientos de las Naciones Unidas y aun de Planeación Nacional, que premió a Toribío con el premio al mejor plan de desarrollo para municipios de menos de sesenta mil habitantes.

 

Las Farc quieren recuperar a como de lugar un territorio que históricamente fue de su dominio y estratégicamente les servía como corredor de paso desde el Cauca hacia  los departamentos del Huila, Valle del Cauca y Tolima.  Lo que pudo haber sido una tarea fácil hace unos pocos años “por tratarse de una población marginal y sin dolientes”, se ha ido convirtiendo en una tarea bastante difícil, pues ya no se trata únicamente de enfrentar a los indígenas, los cuales han ido ganando en procesos de organización, llegando incluso a acciones de hecho, como cuando un frente de esa organización fue obligada a abandonar Jambaló, luego que ajusticiaran al indígena Leonidas Troches, acusado de ser miembro de grupos paramilitares. Hoy, detrás de las comunidades indígenas de esta región del país se encuentran los organismos de las Naciones Unidas, las ONGs defensoras de los derechos humanos y el propio Gobierno, que ha tratado por diversos medios, de canalizar la capacidad de respuesta de los indígenas y la existencia de la Guardia Indígena, en beneficio de la política de seguridad democrática.

 

La guardia indígena, como expresión de organización comunitaria para el desarrollo del control territorial, el ejercicio de la seguridad y la convivencia ciudadana ha representado grandes éxitos para los Indígenas en materia de gobierno y autonomía territorial. Pero esta forma de resistencia civil desarmada ve hoy menguadas sus posibilidades de contrarrestar a un enemigo que ha visto cuestionada su propia autoridad y control territorial y mira a los Indígenas como sus enemigos directos. De allí que a diferencia de acciones anteriores, donde las guerrillas se vieron obligadas a abandonar los territorios antes de lograr su cometido, haciendo de paso un reconocimiento a los indígenas por su capacidad para contrarrestar la acción militar, la de este jueves fue una acción de exterminio que no respetó absolutamente nada y solo quería registrarse como una acción de fuerza para confrontar, primero, la autoridad de los Indígenas, segundo, la capacidad de las fuerzas militares y tercero, a una comunidad internacional que ha colocado estas comunidades como ejemplo de resistencia civil y pervivencia cultural.

 

El desconocimiento a la autoridad indígena pasa por la negación de la Guardia Indígena, entendida por la guerrilla como una fuerza de corte paramilitar y al servicio de las fuerzas del Estado. No perdona la guerrilla la llegada a estos municipios del pie de fuerza de la policía nacional, reclamando en los indígenas comportamientos similares a los de la comunidad de paz de San José de Apartadó, para quienes el ejercicio de la autonomía está asociado al rechazo de la presencia del Estado en cualquiera de sus manifestaciones –aclarando que razones esboza de sobra esta comunidad para mantener esta posición-.

 

Con respecto a la capacidad de las fuerzas armadas, la guerrilla está empecinada en demostrar que no son una guerrilla derrotada y desde el punto de vista militar les resulta mas rentable golpear las fuerzas estatales en territorios Indígenas, primero, por la poca presencia del estado en estos territorios y luego, por las implicaciones negativas que esto trae para el gobierno, de cara a la comunidad internacional.

 

Relacionado con lo anterior, las guerrillas de las Farc actúan desde una posición de fuerza y solo les interesa la opinión de la comunidad internacional en tanto les permita legitimar su proceso de negociación con el gobierno, dentro de sus propias condiciones.

 

El dilema entonces es el control territorial y en ese contexto, ¿como garantizar el control territorial indígena con una guardia indígena desarmada? O como garantizar el control territorial con una fuerza pública que ubica sus cuarteles en sectores residenciales y sin ninguna preparación para actuar en estos territorios, sin el convencimiento que dependen de la autoridad indígena? Y ¿como garantizar el respeto de los derechos humanos en medio de una confrontación en la cual los diferentes actores menosprecian a la población civil, se parapetan en casas de civiles y escuelas y consideran a los Indígenas sus enemigos? 

 

Seguramente los indígenas se mantendrán en la estrategia de fortalecimiento institucional, buscando el abandono de todos los actores de su territorio y desarrollando acciones de resistencia civil en torno a la Guardia indígena. En este contexto, a la sociedad colombiana, al gobierno y a la comunidad internacional, solo nos resta brindar una amplia solidaridad a estos pueblos, que a pesar de todas las contingencias, han demostrado toda la capacidad del mundo para desarrollar todo tipo de acciones, unas veces por la defensa de los derechos Indígenas, otras contra el TLC, todo, en una muestra de soberanía nacional única.

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