Durante seis días el terror ha rondado por las destruidas calles de Toribío, Cauca, mientras los combates entre guerrilleros del VI frente de las FARC y la Fuerza Pública no parecen llegar a su fin.

 

La población, que en su gran mayoría es indígena, no ha podido dormir tranquila, esperando que en cualquier momento, una bomba –ya sea del Ejército o de la guerrilla,- caiga en medio de las camas.

 

Germán Campo, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), le contó a Actualidad Étnica que han sido días de muerte y destrucción para todos.

 

“Eso de que la policía nos protege es falso, no estamos en contra de ellos, pero la población ha tenido que resguardarlos. Se meten en las casas, se refugiaron en el hospital, y por eso la guerrilla ataca esas infraestructuras de la población civil, porque ahí se esconden los policías”.

 

Según el asesor indígena, hasta el momento han sido afectadas –por cilindros bombas, granadas y proyectiles, entre otras armas- más de 140 casas de las cuales, 40 se han convertido en cenizas.

 

Con el correr de la horas, los habitantes de este pequeño municipio de 399 Km2, se hunden más en el desespero. En los cinco puestos de albergue que dispusieron las autoridades indígenas para la población, hace falta víveres no perecederos, ropa, colchones, medicinas, pero: “todo esto lo han facilitado las organizaciones indígenas, porque el gobierno, con su Red de Solidaridad Social, no llega por ninguna parte. En cambio, el Ministro de Defensa asegura que todo ya está en orden, el territorio recuperado y las ayudas en camino”.

 

El alcalde de Toribío, Arquímedes Vitonás, aseguró que la incertidumbre es total y todo está fuera de control. "Estamos a merced de Dios, porque la situación es de zozobra y da tristeza ver el orgullo, la prepotencia y hambre demencial de los grupos armados ilegales que no quieren la paz".

 

El respaldo

 

Por su parte, más de 1.000 indígenas de muchos resguardos del Cauca, llegaron este lunes en un peregrinaje al destruido casco urbano de Toribío, en señal de solidaridad con los cuatro mil habitantes de ese municipio y “como rechazo a todo acto de guerra contra ellos o la población civil campesina”.

 

Así mismo, el territorio es visitado por una comisión conformada Amerigo Incantaterra, Christopher Guarnotta, Roberto Mignone y Enrique Maltine, representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, con el objetivo de solidarizarse con la comunidad afectada, y rechazar los hechos ocurridos en días anteriores.

 

Para el Senador indígena, Gerardo Jumí: “La acción perpetrada por las FARC contra una población indígena, es un acto de barbarie y terrorismo que todos los debemos repudiar”, dijo el Senador indígena en el marco de una reunión de la Alianza Social Indígena, señalando además que “la misma es una afrenta contra las manifestaciones de resistencia civil desarrolladas por las comunidades y organizaciones Indígenas en esta región del país”.

 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo aseguró que: “No existe justificación alguna para haber atacado deliberadamente a la población civil y a los bienes civiles en Toribío y otras poblaciones del país, como en San Onofre”, y solicitó las autoridades estatales y gubernamentales: “ante el riesgo de que tales ataques contra la población civil se vuelvan a presentar, intensificar las tareas de prevención y de información, en especial prestar especial atención a los reportes de alerta temprana que presente la Defensoría del Pueblo”.


La resistencia

 

Para las mujeres indígenas de la Ruta Pacífica: “En un país en el que se ha instalado la violencia como un recurso eficaz para lograr ciertos objetivos, las voces del pueblo indígena Nasa se han opuesto sistemáticamente al empleo de cualquier forma de agresión para conseguirlos y se han constituido en ejemplo de la Resistencia Pacífica a la Guerra”.

 

Arquímedes Vitonás invitó a una resistencia civil pacífica contra los violentos a quienes nuevamente instó a dejar a sus comunidades y resguardos al margen del conflicto armado como pueblos pacíficos que son.

 

Para las organizaciones indígenas de la región, ni el gobierno ni los grupos armados legales e ilegales: “han entendido nuestro pensamiento de autonomía y gobierno propio. Estos derechos están consagrados en la Constitución Política y los deben respetar”, recalcaba Germán Campo.

 

Los indígenas quedaron: “a la espera de la solidaridad nacional e internacional y del amanecer, para prestar la atención necesaria a hombres, mujeres, niños y ancianos y a toda la población, que hoy nuevamente no podrá dormir, victima de esta pesadilla”.

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