Desde el dÃa lunes 25 de octubre más de cuatrocientos emberá pertenecientes a los cabildos mayores de RÃo Sinú y Verde hacemos presencia en las oficinas de la Empresa Urrá S.A. E.S.P. Entre ellos se cuentan madres y padres de familia con sus hijos, lÃderes locales, gobernadores locales y los miembros de los Cabildos Mayores.
Las primeras reacciones del Presidente de Urrá ante este hecho no resultan sorprendentes pero sà preocupantes. El señor Alfredo Solano, en uno de los acostumbrados actos de soberbia y prepotencia, amenazó a los visitantes con la fuerza pública alegando la ocupación de un predio de propiedad privada. El dÃa de ayer se impidió la entrada de alimentos a los veinte compañeros que se encuentran dentro de las oficinas de Urrá oficiando como negociadores por parte del pueblo Embera. Igual suerte corrieron los cuatrocientos miembros de nuestro pueblo que conforman la Asamblea.
Finalmente y a raÃz de las exigencias que los Cabildos Mayores hicieron sobre la defensorÃa del pueblo, a las once de la noche se permitió bajo restricciones la entrada de alimentos a las oficinas. Sin embargo, hoy debido a la ausencia de la DefensorÃa, se sigue impidiendo la entrada de comida, agua, plásticos y maderas que mitiguen los efectos del inclemente invierno. Mientras esto sucedÃa, el señor Solano, presidente de Urrá declaraba honroso ante RCN t.v, al medio dÃa, que él consideraba la protesta ilegal y que por tanto podÃan retener los alimentos y ordenar a la policÃa de MonterÃa confiscar los vÃveres y utensilios antes señalados.
Sorprende la manera descarada en que el presidente de Urrá, funcionario público del gobierno colombiano se ufana de violar los derechos fundamentales de las personas; impedir el derecho a la protesta y por si fuera poco apropiarse de las decisiones que en un estado de derecho debe tomar las autoridades civiles, en este caso, la alcaldÃa municipal. Nos preguntamos ¿será tal el poder de Urrá, que impone sus arbitrariedades a las autoridades gubernamentales y les desautoriza públicamente ante la opinión nacional?
Mientras redactamos el presente informe nos invade una profunda preocupación por la materialización de la grave amenaza lanzada en contra de cuatrocientos hermanos que de manera pacÃfica protestan ante los continuos y groseros abusos de poder que tomaron ciertos funcionarios de Urrá con la venia de los irresponsables funcionarios del ministerio del medio ambiente y con las tÃmidas actuaciones de los organismos de control.
La preocupación aumenta pues la Asamblea pacÃfica empezó a ser rodeada hoy en las horas del mediodÃa por escuadrones antimotines que empezaron a circular el rumor de que a partir del momento acordonarÃan toda una manzana para impedir con mayor drasticidad la entrada de alimentos e identificar a los responsables de la Asamblea para posteriormente utilizar la fuerza en la dispersión de la misma.
En consonancia con esta polÃtica de terror cuando alrededor de las doce de la noche de ayer terminaron las conversaciones que el comité negociador embera adelantaba con la Gobernación de Córdoba, la AlcaldÃa Municipal de MonterÃa y la DefensorÃa Regional, hombres vestidos de civil en camiones y motos de la policÃa, armados de cámaras de video y apostados en sitios oscuros se dedicaron exclusivamente a filmar a los asesores del cabildo y al Presidente de la Organización Nacional IndÃgena de Colombia, LUIS EVELIS ANDRADE. Una vez hecha estas filmaciones, se subieron en unos vehÃculos sin que hasta el momento sepamos con qué objetivo se realizaron esas filmaciones. De lo anterior fue testigo la defensorÃa del pueblo a quien exigimos adelante las investigaciones del caso con el fin de garantizar la seguridad de todo el pueblo y sus asesores, como lo señala claramente el Acuerdo del 19 de abril de 2000.
Hoy le preguntamos al gobierno dónde estaba la fuerza pública, cuando Urrá invadió y robó el territorio de cientos de emberas y campesinos. Dónde estuvo la fuerza publica cuando el INCORA se negó una y otra vez por más de quince años a titular el resguardo. Dónde estaba cuando descaradamente el ministerio del medio ambiente se robó nuestro territorio para crear un parque natural que supuestamente preservarÃa la ecologÃa y que años después él mismo regalaba a Urrá para su destrucción concediendo una Licencia vergonzosa para una autoridad ambiental.
Denunciamos el peligro de permitir nuevos megaproyectos, que amenazarÃan a todos los hermanos indÃgenas, por eso los estamos invitando a que se pronuncien en contra de estas polÃticas que atentan contra la integridad cultural del paÃs y en contra de la biodiversidad del territorio nacional. Rechazamos abiertamente la firma del ALCA y el TLC, nuevos tratados con viejos problemas que en aras de ser cumplidos impondrán decisiones inconsultas a todo el pueblo colombiano y en especial a los pueblos indÃgenas.
Ratificamos nuestro apoyo a un referendo revocatorio de la firma de estos tratados comerciales y convocamos a todos los sectores sociales a sumarse a ésta propuesta. En ratificación de estas denuncias invitamos a todas las organizaciones regionales indÃgenas a instalar y sesionar la mesa de territorio nacional – parte indÃgena- en el marco de esta Asamblea Permanente, para unificar nuestras posiciones en materia de territorio ante el estado y como siempre elevar una sola voz.
Nuevamente saludamos las múltiples muestras de apoyo que hemos recibido de las organizaciones regionales, ambientales y sociales. Asamblea Permanente con el Estado colombiano que inició ayer no tiene un tiempo definido, asà como nuestra historia no tiene un tiempo definido: solo los kapunias miden el tiempo.
Manifestación de las organizaciones regionales
Por su parte, las distintas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su apoyo a la toma de los KatÃos, reiterando su rechazo a las medidas adoptadas por la empresa Urrá S.A., que han impedido el paso de alimentos y elementos básicos para abastecer a las más de 200 personas que se aglutinan en las instalaciones de la hidroeléctrica.
Al respecto, el Consejo Regional IndÃgena del Cauca (CRIC) en solidaridad con los KatÃos solicitó al gobierno nacional:
1. Reunir la Comisión de Expertos para evaluar los compromisos adquiridos por Urrá y se conozcan las acciones realizadas por el Estado para mitigar los impactos causados por el proyecto hidroeléctrico Urrá I y para garantizar los derechos, la supervivencia cultural, la protección a la vida y la dignidad del pueblo Emberá KatÃo.
2. Que las instituciones del Estado brinden las garantÃas constitucionales a la movilización y asuman una posición de justicia como lo manda la Constitución Nacional.
3. Que se brinden soluciones acertadas y duraderas, de conformidad a los requerimientos que el pueblo Emberá KatÃo viene haciendo desde el mismo momento en que se conoció del proyecto hidroeléctrico.
En igual sentido se manifestó la ONIC, quien denunció que “Urrá para actualizar el registro poblacional de comunidades de la zona impuso un censo georeferenciado que aumenta la vulnerabilidad integral los lÃderes y comunidades que ya de por sà están afectadas seriamente por el conflicto armado en la región. La situación narrada, señor presidente, es uno de los tantos acontecimientos que dieron origen a nuestro Congreso Itinerante, realizado durante los dÃas 11 y 18 de septiembre pasado, por ser caracterÃstica de muchos sitios del paÃs. La búsqueda de soluciones que venimos exigiendo en diversos espacios, tales como la Mesa Nacional de Concertación en Derechos Humanos, los Consejos comunitarios y en otros escenarios a donde hemos concurrido convocados por las instituciones del Estado.
