...la derrota de la violencia es un esfuerzo social que el Estado es incapaz de culminar con éxito cuando actúa como una maquinaria burocrática aislada del entorno social... [De esta forma, el movimiento de resistencia] es un complemento, desde  luego esencial, si se quiere defender la convivencia social al coste humano y material más bajo posible. Pero es que además, la resistencia civil frente al terrorismo es inviable sin la presencia de un Estado que cree las condiciones para que los ciudadanos puedan organizarse para manifestar su rechazo a la violencia. La resistencia civil sólo es posible mientras existen instituciones democráticas con alguna vigencia, y la defensa de estas necesita un Estado dispuesto a hacer uso de una fuerza legal y proporcional; pero también eficaz y determinante.”Una mirada equilibrada a la resistencia civil”*.

 

Los hechos recientes cometidos en contra de la población civil de Toribío, lugar de origen histórico de la guardia indígena del Cauca (1998) y del movimiento social de resistencia civil-pacífico de los pueblos indígenas colombianos frente al conflicto armado interno, nos conduce a adoptar una reflexión acerca del estado en el que hoy se encuentran dichos movimientos.

 

Cabe resaltar que Toribío, donde el 90% de su población es indígena, se ha destacado a nivel nacional e internacional por el reconocimiento que obtuvo el Proyecto “Nasa”, así como por ser el eje de nacimiento de las diferentes iniciativas sociales que se han reunido en torno de un objetivo colectivo: enfrentar el conflicto sin el uso de las armas.

 

Las características de este movimiento social indígena del Norte del Cauca, se enmarcan principalmente en la defensa de su territorio, su oposición al conflicto armado, su resistencia al reclutamiento, así como la resistencia a la imposición de formas organizativas, culturales y productivas ajenas a su autonomía y autoridad propia.

 

Las movilizaciones masivas de miles de personas integradas alrededor de la guardia indígena para rescatar al líder Arquímedes Vitonás, secuestrado en el Caquetá; las movilizaciones que se han hecho desde 1999 como  protesta a las acciones armadas cometidas en contra de la población civil, y las presiones no armadas que las poblaciones le han hecho a miembros de las FARC asentados en campamentos para que salgan del territorio indígena, demuestran el carácter estratégico de este movimiento: la movilización como prevención y defensa de los territorios. 

 

El ataque del que fue víctima la población de Toribío el día de ayer, en el cual se evidencia una vez más que en las dinámicas contemporáneas de conflictos armados internos los civiles terminan estando en medio del fuego cruzado y son usados indiscrimadamente como escudos humanos por parte de actores legales e ilegales, confirma que en un escenario de conflicto en el cual se han venido militarizando los territorios, y peor aún cuando el Estado a través de su FFPP desconoce todo principio de diferenciación entre combatientes y no combatientes, cualquier iniciativa de prevención y defensa que sea adoptada por parte de la Guardia indígena, resulta ineficaz e insuficiente.

 

Por lo tanto, se hace válido el argumento de Ortiz el cual no concibe la vida de la resistencia civil en un Estado donde no existe respaldo institucional a esta modalidad legítima de participación política radical, que resalta la soberanía de los pueblos.

 

Desafortunadamente mientras en Colombia la FFPP no reconozca, respete y asegure a quienes se movilizan en torno al principio de resistencia pacífica, estas poblaciones seguirán siendo víctimas de las más crueles violaciones y por el contrario, terminaríamos limitando nuestro derecho de hacer uso de estas formas de ciudadanía a la expresión de la resistencia como la simple reacción y protesta frente a lo que ya ha pasado que ha cobrado miles de víctimas.

 

El hecho de que en los pueblos indígenas, en especial la guardia sea concebida en su seno como la única autoridad reconocida y legítima en el marco ideológico del movimiento de resistencia, hace aún más exigente que la FFPP reconozca este valor y propenda por su respeto.

 

La guardia es una autoridad social y organizativa, no militar y armada como la FFPP, por lo tanto, no va en contra de la última, por el contrario, al constituirse en un mecanismo de defensa que busca el cambio social a favor de la paz, contribuiría incluso a fortalecer la misma institucionalidad que ya ha perdido o nunca a tenido el Estado en algunas zonas apartadas del país.

 

Con el movimiento de resistencia civil no armada, constituido por los pueblos indígenas del Norte del Cauca, se busca constituir mecanismos de autoprotección que restablezcan el derecho a la inmunidad de la población civil, complementarios con el Estado, no alternos, contrarios y/o distintos a él.

 

No obstante el desconocimiento de la guardia indígena por parte de los actores armados, existe la autoridad y legitimidad reconocida por parte de las comunidades. Esto lo demuestra el hecho de que en algunas zonas del país la guardia indígena ha llegado incluso a proteger a los soldados campesinos que integran el Ejército nacional. 

  

*El académico Román Ortiz escribe sobre el valor de la resistencia civil .

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