Desde el 2 de mayo de 2002, cuando se perpetró la masacre de 119 personas en la iglesia de Bellavista, las comunidades indígenas y afrocolombianas de Bojayá en el departamento de Chocó, viven una pesadilla que no parece tener fin. Sus territorios siguen siendo epicentro de los más descarnados combates entre paramilitares y guerrilleros quienes, en su afán por controlar la región, han desplazado y sumido en la más grave crisis humanitaria a estas poblaciones del Pacífico colombiano.

 

Tres años después de la masacre, el olvido y las promesas incumplidas por parte del Estado, han sido el pan de cada día para las más de trece mil personas que habitan la región.

 

No han servido las constantes alertas tempranas de los organismos humanitarios presentes en la zona, como la Diócesis de Quibdo o la Defensoría del Pueblo, para que el gobierno tome las medidas necesarias que permitan que indígenas y afrocolombianos dejen de ser tomados como objetivo militar por los alzados en armas.

 

En esta región del país confluyen los intereses por el dominio territorial de grupos paramilitares del bloque Élmer Cárdenas de las AUC, guerrilleros del 57 frente de las FARC, además del interés del la Fuerza Pública por recuperar la zona, situación que ha puesto en riesgo a todas las comunidades ubicadas en las riveras de los ríos Bojayá, Napipí y Opogadó, las cuales han quedado en medio del fuego cruzado.

 

Las comunidades aseguran que en la región ha sido visible la complicidad por omisión de la Fuerza Pública: Policía, Ejército y la Infantería de Marina, con los grupos paramilitares, al permitirles el abastecimiento de víveres e implementos de campaña.

 

Indígenas y afrocolombianos ven con terror como la guerra se va apropiando cada vez más de sus niños y jóvenes. Aseguran que las ofertas de los grupos armados hacia los jóvenes son más atractivas, en la medida que les ofrecen un sueldo, tres comidas al día, y no tienen que ser asesinados por negarse.

 

El avance de la tala indiscriminada de selvas húmedas vírgenes en la región para la comercialización de la madera, como también el avance de los megaproyectos de Palma aceitera o la ganadería intensiva, respaldada e impulsada por los grupos paramilitares, ante la permisividad de la Fuerza Pública, son estrategias de colonización para apoderarse de los territorios colectivos de comunidades negras y resguardos de la población indígena.

 

Estas y más denuncias son narradas por un grupo de líderes de la región, entrevistados por Actualidad Étnica. Los nombres de estas personas han sido cambiados por su seguridad.

 

Actualidad Étnica: ¿Qué ha pasado en la región después de la masacre del 2 de mayo de 2002?

 

Antonio (indígena): En septiembre de 2003 llegaron por el río Opogadó los paramilitares del bloque Élmer Cárdenas de las AUC, y entre otras cosas, torturando a cuatro compañeros indígenas. De ahí en adelante se presentó el control total de la AUC en el río. En el 2004 hubo mayor presencia armada de las AUC, lo que incrementó las confrontaciones con la guerrilla de las FARC, y esto produjo el desplazamiento de 3 comunidades indígenas de Napipi y la comunidad de Hoja Blanca en el río Cuya. Aquí se ve como la Fuerza Pública, en vez de ejercer control sobre estos grupo ilegales, lo que permite es que avancen y se fortalezcan. La misma Fuerza Pública permite que los paramilitares puedan autoabastecerse y así poder enfrentarse a la guerrilla. Para nosotros el 2004 y el 2005 han sido años preocupantes. La lectura que hacemos de la región, en especial de Bojayá, es que el avance de las AUC no ha sido controlado en lo más mínimo.

 

José (Afro): Yo soy de la comunidad de Pogué, corregimiento del municipio de Bojayá. Esta comunidad fue desplazada el día 2 de marzo por dos razones, una por lo expresada por el compañero Antonio, y es por la suspensión en la entrada de los alimentos y medicinas a nuestros territorios, y la otra fue que por temor a un posible enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares. Nosotros le solicitamos a COCOMACIA, la Diócesis de Quibdó, la Defensoría, la Procuraduría, la ONIC y ACNUR, que conformaran una comisión que permitiera a nuestras comunidades salid de la zona de combates. Esta comisión logró sacar a 68 familias de Pogué, porque nosotros no nos atrevíamos a salir por nuestra propia cuenta por temor a que esta gente nos masacre. La población empezó a desplazar desde el 2 de marzo, y el resto salió un mes después. No quedó nadie. El 2 abril no quedaba en ninguna de las comunidades del río Bojayá una solo persona. En estos momentos solo quedan resistiendo las comunidades indígenas del río Bojayá, Pogué, Wia, que en total son 24 comunidades Emberá. A medida que los paramilitares suben por los ríos, las comunidades se desplazan, es más, son los mismos paramilitares los que les dicen a las comunidades que se desplacen. Pero cuando hay un contacto con la guerrilla del frente 57 de las FARC, los paramilitares reculan y no se enfrentan.   

 

Carlos (indígena): En estos momentos, los paramilitares hacen amenazas a los líderes afro e indígenas, esto es muy peligroso. Los grupos armados se apropian de los productos y cosechas de las comunidades indígenas, eso ha perjudicado a las comunidades, que nos encontramos en una crisis alimenticia. Las 24 comunidades hemos resistido en nuestros territorios. La Fuerza Pública dice que tiene un monitoreo constante de la zona, que ellos no ven nada y que ahí no pasa nada, pero la población si ve todo. Los indígenas estamos sitiados en nuestros territorios, somos como 4000 mil indígenas en todo el municipio de Bojayá que hoy estamos bajo el fuego cruzado de guerrilla y paramilitares. 

 

Mateo (Afro): Con la entrada de los paramilitares se desplazaron 6 comunidades negras del río Bojayá, unas 2056 personas que aún se encuentran en Bellavista. Están hacinadas y se presenta una crisis humanitaria. Otro punto preocupante es que como estamos en invierno, el caudal del Atrato crece y se inundan las comunidades, y esto hace más critica su situación.

 

AE: ¿por qué hablan ustedes de la complicidad o permisividad de la Fuerza Pública con los grupos ilegales, en especial con las AUC?

 

Antonio: El río Bojayá queda en medio de dos municipios: Bojayá con su cabecera municipal Bellavista, y el municipio de Vigía del Fuerte en Antioquia. La distancia entre los dos es de 10 minutos por río. En estos dos municipios hay presencia de la Fuerza Pública, el Ejército y la Infantería de Marina. Nos preocupa cómo los paramilitares atraviesan todos esos controles y no pasa nada. La Fuerza Pública tiene control de la circulación de población civil entre las 6 a.m. y las 6 p.m., de ahí en adelante, nadie puede circular. De ahí que los paramilitares se estén movilizando en horas de la noche, así se metieron por el río Atrato, pero no entendemos cómo se pueden abastecer sin la ayuda o la complicidad de la Fuerza Pública, porque no hay otro lado por donde puedan entrar combustibles, alimentos, municiones, refuerzos si no es por el río.

 

Carlos: Por el río Atrato hay 12 retenes de la Fuerza Pública, y no entendemos cómo los paramilitares pueden ingresar sus suministros, en cambio, a la población civil, no se le permite el ingreso de mayor cosa. En los retenes, sólo nos permiten ingresar mercados por 30 mil pesos (unos 13 dólares), y con eso no podemos alimentar a todas las familias de una comunidad.

 

Mateo: No entendemos tampoco cómo se está manejando la política de reinserción en la zona. En noviembre y diciembre se entregaron unos guerrilleros de las FARC a la Armada, pero a los pocos meses los encontramos caminando libres junto a la población desplazada. Y otro señor que se entregó a la Fuerza Pública lo vimos luego de dos meses libre. Ahora él, con un nombre distinto, esta comandando la avanzada paramilitar en Bojayá. 

 

AE: ¿cuál es la dinámica en la región de la explotación de madera, de los cultivos de palma aceitera y de la ganadería intensiva?

 

José: en Opogadó, los paramilitares han dicho que van ha hacer explotación directa de los recursos naturales como la madera, y han dicho a las comunidades indígenas y afro que ellas no pueden aprovechar estos recursos, que sólo serán para los paramilitares, que si mucho queremos, nos contratarán para trabajar como jornaleros o cargueros para la madera en nuestros propios territorios, y que van a incluir 250 motosierras para la explotación de los recursos. Esa misma política se estableció con la avanzada paramilitar en el bajo Atrato, y eso va muy unido a la implementación de los megaproyectos de la palma aceitera. Nosotros conocemos esta realidad de los compañeros del bajo Atrato y es igual a lo que está pasando en nuestra zona. También quieren implementar la ganadería intensiva.

 

AE: ¿Cómo es la relación entre las entidades gubernamentales municipales y las comunidades en la región?

 

Antonio: La población tampoco encuentra respaldo en las entidades municipales. En el puesto de salud de Bellavista le están cobrando a la gente una cuata a la que llaman ECOPAGO. Pienso que uno como pobre y desplazado, de dónde va sacar plata para pagar así sea lo más mínimo. No entendemos porqué nos cobran. Uno esperaría que las autoridades, la Red de Solidaridad Social, la Personería, tuvieran recursos para atender a la población civil, pero no, nos cobran y eso no tiene nombre. Sabemos y hemos visto que los funcionarios de la administración local que dicen la verdad y que actúan conforme sus obligaciones legales tienen que renunciar. Ese es un mensaje a todos los funcionarias sobre su apoyo al gobierno y no a la población civil. “Estudien y prepárense lo suficiente para engañar a la comunidad y ocultar la verdad”, ese es el mensaje del gobierno. 

 

José: Todo es contradictorio. Cuando tenemos médico para la población desplazada, no hay medicamentos, y así. En el caso de la educación en el municipio, han dicho que no la hay por el problema del desplazamiento. Esto se ve de otra forma cuando se sabe que los miles de desplazados deben encontrar algún lugar para refugiarse, y lo han hecho en las escuelas. Es por esto que aseguramos que Uribe dice mucho y habla mucho de su Política de Seguridad Democrática, la cual solo la vemos en las ciudades, porque en el campo no se ve tal seguridad. La seguridad de Uribe no es nuestra seguridad.

 

AE: ¿Cuál ha sido el papel del Estado luego de lo ocurrido en mayo de 2002?

 

Carlos: El gobierno ha querido mostrar en los medios de comunicación que todo está bien en Bojayá. Pero no. Y traemos al caso lo de las inundaciones. En un año, todos los municipios a orillas del río Atrato se inundan por lo menos unas 5 veces. El gobierno quiere mostrarse como el benefactor y salvador del país, pero no interviene con políticas reales en nuestras comunidades.

 

Mateo: Encontramos que después del 2 de mayo, ha habido una publicidad muy grande en torno a Bojayá, pero la realidad es otra. Tenemos el caso de la reubicación del municipio de Bellavista, pero fíjese lo absurdo del gobierno, primero ha construido un polideportivo cuando casas, solo hay dos o tres.

 

AE: ¿Y cuál es esa realidad que no muestran los medios de comunicación comerciales?

 

Antonio: Nosotros hemos vivido lo siguiente: -Se pisotean los derechos étnicos y se desconocen las especiales condiciones de las comunidades indígenas y afros; - El ataque del 2 de mayo fue contra la población civil; - A raíz de esto, la población maneja una carga psicológica muy negativa, tienen terror y pánico, por lo cual se desplazan; - Esto rompió nuestros lazos de resistencia. Aunque hemos resistido hasta el último momento, los grupos armados son más fuertes y son despiadados y; - Nuestros jóvenes están engrosando las filas de los grupos armados porque sus ofertes son más atractivas, porque les pagan, tienen comida, mientras en las comunidades no hay una sola oportunidad de vida ante el conflicto que se desarrolla en nuestros territorios 

 

AE: ¿cuáles son las exigencias que usted hacen al gobierno, la Fuerza Pública y los grupos armado ilegales?

 

José: Nosotros lo que queremos es que la Fuerza Pública actué efectivamente y que los controles de alimentos, combustibles, medicinas y demás no solo sean para la población civil, sino para todo el mundo. Los comandantes del Ejército, Policía y de la Armada, nos han dicho que “o estamos con ellos o estamos con los malos”. Pues nosotros también les decimos lo mismo, porque han sido muy permisivos y han contribuido por omisión al encrudecimiento de la guerra en nuestros territorios.  

 

Antonio: Las comunidades han exigido al gobierno nacional que: a) en materia de seguridad: se protejan los recursos naturales, no queremos que se exploten los recursos madereros en nuestros territorios, ni se implementen los megaproyectos como el de palma aceitera. Eso también va para los alzados en armas. Exigimos a la Fuerza Pública que deje su complicidad con los grupos paramilitares; b) en salud: que se establezca un plan de acción de atención a las comunidades, que no se les cobre por los servicios médicos, que haya médicos en Bellavista y las zonas rurales, que se suministren medicinas, que las personas destinadas a la atención de las comunidades tengan afinidad con la población indígena y afrocolombiana; c) en lo referente a educación, que se establezca un plan de choque, que se nombren docentes para las comunidades de acuerdo con los planes de etnoeducación diferenciados a indígenas y población negra.    

  

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