Ante el rechazó del Presidente Uribe de desmilitarizar los territorios indÃgenas del departamento del Cauca, los nativos de esa región del sur del paÃs aseguraron que el Estado, en vez de protegerlos, los persigue.
Los ánimos se fueron calentando cuando el Presidente anunció, durante un consejo comunitario realizado el sábado 30 de abril en el municipio de Santander de Quilichao, que al contrario de las peticiones de las organizaciones indÃgenas, iba a aumentar el pie de fuerza para lograr recuperar esa región de manos de la guerrilla de las FARC.
"Vamos a montar una acción militar y policiva contundente. Colombia no puede seguir en esta cordillera caucana con una acción militar de simple contención, de simple sostenimiento", aseguró el Jefe del Estado.
Ante la posición del primer mandatario, las Autoridades indÃgenas del departamento manifestaron que: “El Estado que debe protegernos nos persigue, busca desmantelar los derechos conquistados a través de siglos de resistencia, niega nuestros derechos fundamentales, actúa en contra de la soberanÃa del paÃs y del bienestar de sus ciudadanos y a favor de intereses privados y externos, mientras reprime, criminaliza, difama y persigue a nuestras organizaciones, lideres y comunerosâ€.
Sin embargo, el presidente Uribe fue enfático en decir que lo que deben hacer los indÃgenas es: “facilitar el trabajo de la fuerza pública para expulsar de aquà a los terroristas. Hay que derrotar al terrorismo en esta cordillera. Ustedes han tenido esta plaga desde hace 40 años".
La posición inamovible del Jefe de Estado llevó a que las Autoridades y lÃderes indÃgenas presentes durante el consejo comunitario se retiraran y emitieran el siguiente pronunciamiento:
1. La metodologÃa, estructura, contenido y dinámica del Consejo Comunitario de Gobierno demuestran que se trata de un espectáculo mediático por medio del cual el Presidente, el Gobernador del Cauca y los representantes de las distintas instancias del Gobierno, orquestados por el Presidente, dialogan entre sÃ, imponen su posición, sus informes sesgados, sus polÃticas e intereses, impiden que estas sean refutadas o cuestionadas y constituyen por ello un ejercicio soberbio y testarudo de imposición de la palabra del establecimiento sobre la realidad que vivimos los pueblos y que no es reconocida ni respetada.
2. Es parte del espectáculo del Gobierno y del Presidente, crear una falsa imagen de participación ciudadana y comunitaria al realizar la función fuera de los espacios institucionales del establecimiento y permitir la entrada al Consejo de representantes de diversos sectores a quienes se les impone la agenda del Presidente quien les define una participación restringida y desigual. La intención del Gobierno es legitimar su autoritarismo creando una imagen de diálogo y participación amplios que son, precisamente, los dos elementos ausentes en estos escenarios.
3. Los representantes de las Autoridades y Comunidades IndÃgenas que asistimos al Consejo Comunitario de Gobierno, no participamos en un diálogo con el Gobierno, pues esta posibilidad no existe en este escenario, sino que nos limitamos, como los demás participantes, a ver y escuchar una presentación por parte del Presidente y de actores del Gobierno, previamente ensayada y adornada por las exposiciones breves, incompletas, descontextualizadas de los supuestos participantes de las comunidades quienes son interrumpidos, interpelados e interpretados por el Presidente y los representantes del Gobierno de manera que nuestras palabras y posiciones sirven en lo fundamental, para reforzar la presentación del Gobierno. El Consejo Comunitario es una presentación unilateral de la posición del Gobierno en presencia y con una participación controlada y selectiva de algunos representantes de organizaciones y comunidades.
4. El espectáculo del Consejo Comunitario de Gobierno no deja ver y pretende ignorar que este supuesto diálogo civilizado y abierto, se da en un contexto de guerra e intimidación permanente en el que la expresión franca y abierta de cuestionamientos, crÃticas y posiciones distintas a las del establecimiento constituyen un riesgo real para la vida e integridad de las personas y organizaciones que se atrevan a presentarlas. Como en este contexto de intimidación y amenaza es imposible el diálogo, lo que sucede es un simulacro que ratifica el poder de la fuerza a través de la intimidación hecha discurso.
5. Mantenemos y ratificamos la posición que hemos planteado al Presidente de la República desde el Consejo Comunitario de Diciembre de 2003 en Popayán y públicamente frente al paÃs de manera recurrente en el Mandato del Congreso IndÃgena y popular. Exigimos otra vez que se realice un Debate Público entre el Gobierno y el Pueblo en las condiciones que le hemos planteado al paÃs y al Gobierno desde el Mandato IndÃgena y Popular. El Presidente, a pesar de lo que dijo, se ha negado a hacer este debate. Reiteramos además nuestras exigencias al Presidente y al Gobierno –al igual que frente a las FARC- en el sentido de que: a. Cese el fuego de Inmediato en el Territorio del Gran Pueblo; b. Se inicie un proceso de diálogo y se avance hacia una salida negociada al conflicto y; c. Se desarmen nuestros territorios ancestrales y se respeten nuestras autoridades, nuestra autonomÃa y nuestros planes de vida que contribuyen al tejido de un paÃs y un mundo diverso, distinto, posible y necesario.
6. En el Territorio del Gran Pueblo, al igual que en el resto del paÃs, las polÃticas de Gobierno traen guerra, miseria, opresión, represión y destrucción. Existe evidencia suficiente y contundente que cuestiona e invalida la presentación hecha por el Presidente y su Gobierno frente a la situación de las comunidades en el Norte del Cauca, el Cauca y el paÃs que pretende mostrar nuestra realidad de exclusión, persecución, miseria e injusticia social, como todo lo contrario. Basta recordar, entre muchos otros documentos y datos, el Reporte del Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos IndÃgenas y el Informe Anual de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
7. Quienes apoyan el proyecto del Presidente Uribe y quienes se benefician o creen que pueden obtener beneficios de sus polÃticas, deben asumir su responsabilidad y responderle los cuestionamientos que desde su dolor les hacen las comunidades y las vÃctimas: cuantas comunidades mas deben desplazarse por la vÃa del terror y del hambre?, cuantos huérfanos y viudas más?, cuanta más hambre y miedo?, cuanta miseria y desempleo en aumento?, cuanto dolor creciente necesitan para satisfacer sus intereses y sentir que han logrado consolidar su seguridad y su riqueza?.
8. Oponernos, resistir y refutar polÃticas equivocadas y destructivas no le da derecho al Gobernador del Cauca, ni a nadie que represente al Gobierno y a las Fuerzas Armadas a acusarnos de pertenecer o ser cómplices de ningún grupo armado. Las aseveraciones públicas y recurrentes del Gobernador del Cauca en este sentido, constituyen abuso de poder y amenazas que ponen en riesgo a las vÃctimas de este conflicto, a nuestras comunidades, autoridades y organizaciones. Reiteramos, desde la Ley de Origen, el Derecho Propio y los Derechos Constitucionales que nos asisten, que hacemos responsable al Presidente de la República y al Gobierno de las violaciones al Derecho a la Vida y a los Derechos Humanos que se han dado y que se puedan dar en el futuro en contra de nuestro territorio y comunidades.
9. Agradecemos la solidaridad de las diversas organizaciones, procesos y personas en todo el paÃs, frente a esta agresión militar contra nuestro proceso y reiteramos nuestro llamado a la Unidad por la Vida, la Justicia, la AlegrÃa, la Libertad y porque sumemos fuerzas para tejer las autonomÃas diversas que son el paÃs que necesitamos y merecemos. No estamos solos ni en silencio.
10. En Colombia, bajo la institucionalidad actual y frente a las polÃticas y acciones de guerra del Gobierno y de las FARC, está claro que nos es imposible lograr que nuestra posición, nuestras palabras y acciones y nuestra organización y territorios sean reconocidos y respetados. En consecuencia, nos corresponde en justicia y en defensa de la Vida, convocar la solidaridad internacional de manera urgente y práctica para el diseño y puesta en marcha de una Iniciativa Diplomática de los Pueblos que actúe en nuestro nombre y representación al más alto nivel, para que CALLEN LOS FUSILES Y SE ESCUCHE LA PALABRA.
