En un boletÃn de prensa promulgado a instancias de la visita del Relator Especial para la libertad de expresión, el Señor Eduardo A. Bertoni, manifiesta su preocupación por un muy fuerte clima de autocensura percibido entre los periodistas y medios de comunicación colombianos, asà como por la persistente impunidad en gran cantidad de crÃmenes contra comunicadores sociales.
La RelatorÃa es conciente, tal como lo ha expresado la CIDH, que el conflicto armado interno que afecta a Colombia es de gran complejidad e involucra altos Ãndices de violencia. Sin embargo, insta al Estado colombiano a reforzar los mecanismos para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en el paÃs.
Durante la visita a Colombia se recibieron numerosos testimonios de comunicadores sociales, especialmente de las regiones, quienes reconocieron que no publican informaciones sobre ciertos temas o han tenido que cambiar su lÃnea editorial por temor a represalias. Incluso algunas autoridades admitieron que la sociedad civil, los medios de comunicación y la población en general, temen participar en debates públicos e informar sobre temas relacionados con el conflicto armado interno, la actuación de grupos armados al margen de la ley, el narcotráfico y la corrupción.
La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. La autocensura percibida durante la visita limita el derecho de la población colombiana a recibir y difundir información, restringe el debate público y menoscaba los esfuerzos por fortalecer el estado de derecho. La RelatorÃa insta al Estado a hacer todos los esfuerzos posibles para conceder las mayores garantÃas al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, sin la cual todo el andamiaje de una sociedad democrática se debilita.
Los asesinatos, secuestros, amenazas y agresiones a los periodistas, asà como la destrucción material de medios de comunicación, además de constituir una evidente violación de los derechos de los individuos coartan también la libertad de expresión, pues tienen el objetivo de silenciarlos para que sus denuncias e informaciones no se den a conocer. A la vez, buscan ser una herramienta de intimidación para que la prensa guarde silencio sobre actos o hechos abusivos o ilegales y envÃan un claro mensaje para todas aquellas personas de la sociedad civil que realizan denuncias.
De acuerdo con las estadÃsticas recibidas de distintas organizaciones y del propio Estado, se ha registrado una disminución en el número de asesinatos, amenazas y agresiones a periodistas. Sin embargo, estos hechos persisten, principalmente fuera de la capital.
Si bien la RelatorÃa reconoce el impacto de las acciones de protección del Gobierno en la disminución del número de estos crÃmenes, es conciente que parte de esta reducción puede deberse a que muchos periodistas evitan informar sobre temas y hechos que los pueda poner en peligro.
La situación es aún más difÃcil en las regiones. Durante su visita a Arauca, la RelatorÃa recibió información sobre los hechos violentos cometidos contra quienes ejercen la libertad de expresión, que han sumido a gran parte de la población en el silencio por temor a sufrir represalias.
En el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de 2003, se advirtió que “las medidas adoptadas en Arauca no han creado condiciones favorables para el pleno ejercicio de la libertad de prensa y el derecho de la población a ser informada de modo veraz e imparcial; razón por la cual, se vio en muchos periodistas un aumento de la autocensura, definida por ellos como autorregulación para sobrevivirâ€. Este tipo de expresiones también fueron escuchadas reiteradamente por la RelatorÃa en Arauca. La información recibida da cuenta, además, de que aún persisten las amenazas contra quienes se expresan libremente. Ante esta situación, la RelatorÃa llama a las autoridades locales a no minimizar estas amenazas y a emprender de manera diligente todas las actuaciones necesarias tendientes al esclarecimiento de estos crÃmenes.
Respecto del programa de protección a periodistas del Ministerio del Interior y Justicia, la RelatorÃa reconoce que las acciones que el Estado emprende en ese ámbito han demostrado ser esenciales para la defensa de quienes ven su vida en riesgo por ejercer la libertad de expresión, por lo que llama especialmente la atención a las autoridades sobre la necesidad de fortalecerlo. El efecto intimidatorio provocado por las amenazas y asesinatos contra periodistas se amplifica si, además, estos hechos permanecen en la impunidad. Fueron numerosas las quejas recibidas respecto de los muy escasos resultados concretos en las investigaciones por estos crÃmenes. El Estado tiene la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la indefensión de las vÃctimas y de sus familiares. Por estas razones, y sin perjuicio de las complejidades que pueden presentarse, preocupa a la RelatorÃa el lento avance en las investigaciones de asesinatos de comunicadores sociales. De acuerdo con la información recibida, la mayor parte de estos crÃmenes se encuentra aún en etapas preliminares de investigación. Si bien se han logrado condenas, éstas son la excepción. Algunas de las pesquisas han llevado al procesamiento de autores materiales, pero en pocos se ha logrado la persecución y condena de los autores intelectuales. Por otra parte, respecto de las amenazas contra periodistas, la mayorÃa también se encuentra en etapa de investigación preliminar.
En consecuencia, el Dr. Bertoni hace suyo el llamado de su homólogo, el Relator para la libertad de Opinión y de Expresión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ambeyi Ligabo, a las autoridades colombianas, de calificar como un tema de mayor prioridad el combate a la impunidad y llevar a los responsables por los crÃmenes mencionados ante la justicia, sin consideraciones de filiación polÃtica o de estatus social.
Las nocivas consecuencias que acarrea la impunidad constituyen un factor a ser considerado en las nuevas propuestas de cambios legislativos en el marco del proceso de desmovilización que impulsa el Gobierno, entre ellos el proyecto conocido como “Justicia y Pazâ€. El Relator recuerda que, tal como lo ha señalado la CIDH en su Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia, este proceso debe darse según un marco legal que asegure el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, de manera que no contribuya a consolidar la impunidad en los casos de crÃmenes contra las vÃctimas del conflicto, entre ellas, los periodistas.
De consolidarse la impunidad, se establecerá un antecedente que contribuirá a crear un clima que podrá aumentar los ya preocupantes niveles de autocensura. Finalmente, la RelatorÃa escuchó con beneplácito declaraciones de las autoridades colombianas reconociendo la importancia de la libertad de expresión y manifestando su compromiso por garantizar el trabajo de los medios de comunicación. La RelatorÃa hace un llamado a las autoridades a mantener públicamente sus declaraciones de apoyo a favor de la libertad de expresión y a considerar que, en la complejidad de la situación colombiana, los señalamientos que ubican a la prensa como contraria a las polÃticas de seguridad pueden convertirla en un blanco de ataques.
La RelatorÃa reconoce, una vez más, el valor de los periodistas, de los medios de comunicación de Colombia y de los defensores de derechos humanos, que de manera cotidiana arriesgan su vida y su integridad fÃsica para garantizar el derecho de la población a estar informada.
Sin perjuicio de estas observaciones preliminares, y a la luz de la información recabada durante la visita oficial, datos de visitas anteriores y nuevos reportes, la RelatorÃa presentará un informe respecto de estos y otros temas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
