Luego de su reciente visita al Municipio de Bojayá, Chocó, donde paramilitares de las AUC y guerrilleros de las FARC perpetraron la más horrenda masacre de los últimos tiempos en Colombia, los organismos internacionacionales de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas denuncian la gravedad de la situación humanitaria y de derechos humanos de las comunidades afrocolombianas e indÃgenas, en el Medio Atrato chocoano.
Tras reiterar su condena a la actuación de los grupos armados ilegales y a los "continuos casos de connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares que operan en la región", exigieron al Estado el cumplimiento de su obligación de proteger la población civil y garantizarle la ayuda humanitaria que requiera.
En tal sentido, la Oficina del Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) hacen un nuevo llamado sobre la gravedad de la situación humanitaria y de derechos humanos en el Medio Atrato chocoano, que se plantea en los siguientes términos:
- Las agencias firmantes condenan la actuación de los grupos armados ilegales en la región, en particular las FARC-EP y los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas, los cuales siguen cometiendo graves infracciones al derecho internacional humanitario.
- La situación humanitaria y de seguridad alimentaria de esta población sigue siendo afectada negativamente por los continuos enfrentamientos bélicos que se dan en el marco del conflicto armado interno. En el municipio de Bojayá más de 2 mil personas de las comunidades afro colombianas se encuentran desplazadas y hacinadas en busca de protección en Bellavista, cabecera municipal, cuya población total es de 1200 habitantes. Entre la población civil desplazada se incluyen más de 600 niñas y de 500 niños con enormes carencias. Cerca de 4 mil indÃgenas emberas se resisten a desplazarse de sus territorios y se encuentran en alto riesgo frente al fuego cruzado entre los grupos armados ilegales. La población civil de Bojayá requiere de manera urgente la presencia integral y permanente del Estado que debe garantizar la atención de todos los derechos ciudadanos. En la región hay un solo médico de planta para atender a los 13 mil habitantes del municipio, mientras que muchos menores de edad siguen sin poder asistir a clases. Salvo las escuelas de Puerto Conto y NapipÃ, que están garantizando el derecho a la educación de los menores de edad, en ninguna de las demás escuelas o colegios del resto de las comunidades del municipio (Bellavista, Bocas de Opogadó, Mesopotamia, la Isla de los Palacios y las ubicadas en los rÃos Bojayá, Napipà y Opogadó) se están impartiendo clases debido a la ausencia de maestros.
- El acceso de los alimentos y medicinas sigue estando restringido pese a la presencia de la Fuerza Pública.
- Las agencias firmantes observan con preocupación los continuos casos de connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares que operan en la región. Las agencias firmantes confÃan en que las máximas autoridades del Estado tomen las medidas necesarias para que cesen los casos de connivencia.
Frente a tan graves hechos, las agencias firmantes solicitan que el Estado cumpla a cabalidad con su responsabilidad de proteger y brindar la asistencia humanitaria necesaria a la población civil de esa región.
