Durante su vista de tres dÃas a Colombia, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Sra. Louise Arbour, se reunió con diversas organizaciones sociales para conocer de primera mano, la difÃcil situación en el tema de derechos humanos por la que atraviesan, en medio del conflicto armado que vive el paÃs.
En la reunión se socializó la situación de la niñez trabajadora, de las mujeres, afrocolombianos, indÃgenas, campesinos, trabajadores y ONG en todo el territorio nacional.
Las tres plataformas de organizaciones sociales y no-gubernamentales presentes: La Coordinación Colombia-Europa-Estado Unidos; la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, y la Plataforma Colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo, expresaron su apoyo y reconocimiento a la labor desarrollada por la Oficina en Colombia del ACNUDH. “Para nosotros es esencial mantener el mandato que tiene hasta ahora la Oficina, que incluye tanto asesorÃa técnica como monitoreo. Sin esta última función, creemos que la Oficina pierde no solamente su fuerza sino toda su efectividad para incidir en la protección y realización de todos los derechos humanos en Colombiaâ€.
De igual forma, expresaron con preocupación que no hay garantÃas nacionales para ejercer su labor social comprometida con la protección a los derechos humanos. Esto se refleja en las constantes: “actitudes hostiles y de descalificación de los representantes de las organizaciones por parte de los altos funcionarios del Gobierno incluyendo al Presidente y al Vicepresidenteâ€.
Aseguran además, que el gobierno no acepta ni permite la discusión sobre polÃticas gubernamentales que puedan estar contradiciendo las obligaciones nacionales e internacionales del Estado.
Estas organizaciones manifestaron ante la Alta Comisionada de la ONU que las recomendaciones emitidas por su Oficina al Gobierno colombiano para 2005 han sido incumplidas por las guerrillas y los grupos paramilitares y: “ se mantienen los vÃnculos de la fuerza pública con estos últimos grupos y seguimos sin ver una voluntad del gobierno de revisar las acciones, programas y polÃticas contrarias a dichas recomendaciones y de tomar las medidas correctivas necesariasâ€.
Por estas razones, ven necesario encontrar soluciones urgentes, pero negociadas, al conflicto armado, además de contar con la acción decidida y conjunta de la ACNUDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la referente al proceso de negociación con grupos paramilitares, “sobre la base del respeto por los estándares internacionales de verdad, justicia y reparaciónâ€. Además, consideran de vital importancia que el Sistema de la ONU amplÃe su presencia a otras zonas del paÃs como Arauca, Arauca y la Costa Atlántica.
Las Organizaciones indÃgenas
En el contexto de guerra, conflicto social y abandono estatal, los indÃgenas reiteraron ante la Sra. Arbour, que siguen siendo vÃctimas de los actores armados, de las polÃticas neoliberales de mercado y de los intereses del narcotráfico, dinámicas que buscan despojarlos de sus territorios, aumentando los atropellos a sus derechos y propiciando el desarraigo y la pérdida de su identidad cultural, “la desarticulación de nuestras organizaciones, la expropiación de nuestros territorios, y el debilitamiento de nuestros sistemas propios de gobierno, se pisotea nuestra autonomÃa y dignidad y se estigmatizan nuestras iniciativas de resistencia y paz.
Agregaron que ante la riqueza de sus territorios, expresada en recursos naturales, energéticos, como también por su posición geográfica: “estamos siendo masacrados fÃsicamente, obligados al desplazamiento o al confinamiento y sobre todo, condenados al exterminio demográfico, bajo la complicidad de un gobierno Nacional, cuyo mayor interés es perpetuarse en el poder sin importarle que más del 50% de los pueblos indÃgenas colombianos se encuentran en emergencia demográficaâ€.
Por tales motivos, solicitaron a la Alta Comisionada se establezca una RelatorÃa Especial Permanente para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los derechos humanos, culturales y colectivos de estos pueblos en todo el territorio nacional. Además, que se apoye y visibilice ante la Comunidad Internacional sus procesos de resistencia cultural e iniciativas de paz, como también, el reconocimiento institucional de los gobiernos, leyes propias y el desarrollo de la Jurisdicción Especial IndÃgena Colombiana.
Organizaciones Afrocolombianas
Por su parte, las comunidades negras del paÃs insistieron que su situación no es nada alentadora. “Lo ocurrido en las últimas semanas en el Bajo y Medio Atrato, Buenaventura, rÃo Calima y rÃo YurumanguÃ, son una muestra fehaciente de la manera como, en medio del conflicto armado interno, son afectados los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte de todos los actores armados, incluyendo la fuerza públicaâ€.
Estas comunidades ven con preocupación que su situación territorial, social y de derechos humanos se complica aún más: “con el anuncio de los paramilitares de desplazar y explotar ilegalmente el bosque que es propiedad de las comunidades negras en zonas del medio Atrato, amenaza que se ha hecho realidad en otras zonas del paÃs por parte de la insurgencia y los paramilitares que explotan de manera indiscriminada todos los recursos naturales ubicados en territorios del pueblo afrocolombianoâ€.
De esta forma, y acorralados por el conflicto armado, los intereses económicos y la devastación de sus territorios, las organizaciones afrocolombianas solicitaron ante la Alta Comisionada de la ONU, se garantice la promoción, protección y el acceso a los mecanismos de exigibilidad de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario a estos pueblos. La formulación e implementación, con la participación de las victimas, de una PolÃtica de Atención diferenciada para el desplazamiento forzado interno en Comunidades Negras. El respeto a los territorios, comunidades de paz y estrategias de resistencia adoptadas por las comunidades para hacer frente al conflicto armado interno. La desvinculación de los menores y jóvenes afrocolombianos del conflicto armado interno, la no prestación del servicio militar obligatorio, ni la vinculación a las redes de informantes ni a los soldados campesinos en consideración a su condición étnica. La adopción e implementación de medidas especiales que garanticen la reparación -con verdad y justicia- de todos los crÃmenes y las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario perpetrados en contra de las comunidades negras en Colombia en el marco del conflicto armado interno.
La respuesta internacional
Al enfrentarse con esta cruda realidad de las organizaciones sociales, indÃgenas y afrocolombianas, y luego de su diálogo con las entidades del Estado y la cúpula militar, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que: “no puede haber seguridad sin desarrollo, ni desarrollo sin seguridad, y que ni seguridad ni desarrollo pueden ser sostenibles adecuadamente sin los derechos humanosâ€.
De igual forma, lamentó la falta de voluntad de los grupos armados ilegales que operan en todo el paÃs para responder a las recomendaciones hechas por su Oficina.
“Con relación al conflicto armado interno que tristemente continua afectando a todos los colombianos en muchas formas crueles, hago un llamado a todos los grupos armados ilegales para establecer, inmediatamente, un cese efectivo de hostilidades, para participar en diálogos y negociaciones con el Gobierno hacia una paz justa y duradera. Los diálogos y las negociaciones deben, por lo tanto, dar prioridad, desde el inicio, al derecho internacional humanitario y a los derechos humanosâ€.
Sin embargo, alentó a todas las organizaciones sociales a continuar con sus iniciativas de paz, y consideró que la elaboración de un Plan de Acción Derechos Humanos debe ser tomada en cuenta como una oportunidad para mejorar el diálogo con el Gobierno nacional.
“ONG nacionales y defensores de derechos humanos continúan subrayando la necesidad urgente de mejorar la situación para las mujeres y los niños, para los afrocolombianos, las poblaciones indÃgenas y otros grupos vulnerables de la sociedad. Comparto sus preocupaciones y mi oficina esta dispuesta a continuar brindando asesorÃa y apoyo en estas materiasâ€, concluyó.
