El Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, instó al Gobierno nacional a que ordene al Ministro de la Defensa, Jorge Alberto Uribe, en coordinación con el Comandante General de las Fuerzas Militares, Carlos Alberto Ospina, el diseño y ejecución de un plan de seguridad urgente que remedie el peligro en el que se encuentran las poblaciones indÃgenas, afrocolombianas y campesinas del Bajo, Medio y Alto Atrato chocoano, acorraladas por el conflicto armado que se protagoniza en esa región del PacÃfico colombiano.
Esta disposición se dio a conocer por medio de la Directiva No. 008 de la ProcuradurÃa General de la Nación, en la cual, Maya Villazón, asegura que el plan de seguridad: “deberá considerar las denuncias que desde hace tiempo vienen haciendo distintas organizaciones sociales nacionales e internacionales, asà como la Diócesis de Quibdó, en las cuales se especifican los sitios donde hay presencia de organizaciones armadas al margen de la ley. Este Órgano de Control considerará acatada esta Directiva, de carácter vinculante, en la medida en que las comunidades se encuentren efectivamente protegidas y no solo con el reporte de aseguramiento de la vÃa fluvial principalâ€.
El Procurador General llamó a algunas instituciones del Estado, como el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), el consejo Nacional de Atención al Desplazamiento y la Fuerza Pública, a presentar el estado de las acciones desarrolladas para mitigar la situación de estas poblaciones chocoanas, como también, los planes de acción dispuestos a futuro.
En relación con la explotación ilegal de madera, la siembra extensiva de palma aceitera en territorios colectivos y las que se hacen en territorios protegidos con tÃtulos individuales en las regiones señaladas de manera especial en esta directiva, el Incoder, Codechocó y Corpourabá “deberán presentar a este Organismo de Control, en el término de quince dÃas, un informe sobre las acciones desarrolladas hasta el momento para garantizar, de manera efectiva, la protección de los derechos patrimoniales de dichas comunidades y personas y un plan de acción a desarrollar a este efectoâ€.
De igual forma, exigió a la Fuerza Pública incluya dentro del plan de seguridad, la protección efectiva de los territorios que ya han sido ubicados como de explotación ilegal de madera y siembra extensiva de palma aceitera.
Las poblaciones de esta región del paÃs se encuentran amenazadas por el accionar de grupos guerrilleros y paramilitares quienes, en su desmesurado afán por controlar y adueñarse del territorio, han aterrorizado a sus habitantes con masacres, asesinatos selectivos de lideres comunitarios, señalamientos y desplazamientos masivos, situación que se ha agudizado luego de la masacre de 119 personas bajo los techos de la iglesia de Bellavista, municipio de Bojayá, el pasado 2 de mayo de 2002.
Las comunidades indÃgenas y afrocolombianas han denunciado en reiteradas ocasiones ante la comunidad nacional e internacional, la marcada complicidad por omisión de la Fuerza Pública con los grupos paramilitares que operan en la región, sin que hasta el momento el gobierno nacional haya dispuesto investigaciones efectivas que permitan esclarecer esta situación que ha vulnerado los derechos fundamentales de estas poblaciones.
