La violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta no cesa. En menos de quince días han sido asesinados tres indígenas Kankuamos. El último de ellos fue Rafael Cristóbal Arias, un anciano de 63 años que fue acribillado el pasado 15 de noviembre.

 

Los hechos, denunciados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), sucedieron el pasado lunes, cuando Cristóbal, conocido como “canchova” y oriundo de Atánquez, se dirigía hacia su finca ubicada a unos 10 minutos del corregimiento de Chemesquemena, una de las comunidades del pueblo Kankuamo de la Sierra Nevada, departamento del Cesar.  

    

Este asesinato se suma a los 227 muertos de la etnia Kankuama que han caído en medio de una guerra por el control territorial disputada por guerrillas y paramilitares desde 1986 en esa región del noroccidente del país.

 

Denuncia la ONIC que durante este último mes se han presentado 3 asesinatos selectivos , dos en el territorio señalado y otro en las afueras de Urumita, Guajira. En esta zona fue asesinado el pasado lunes 8 de noviembre, Perbis Pacheco Díaz, cuando se dirigía a una finca a recolectar café. La misma suerte corrió Héctor Carrillo Pacheco, 17 años, encontrado muerto el lunes primero de este mes en el potrero “el Magueyal” a unos cinco minutos de Chemesquemena.  

 

“La muerte de estos tres miembros del pueblo kankuamo en 15 días es preocupante, sobre todo que sigan ocurriendo asesinatos selectivos en pleno resguardo y fuera de él, no obstante del requerimiento de las medidas provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el compromiso del estado colombiano de garantizar la vida e integridad de toda la comunidad, máxime cuando el Ejercito de Colombia está en la zona de los asesinatos”, comento preocupado el Cabildo Gobernador Kankuamo, Jaime Arias.

 

La ONIC rechazó estos hechos de violencia contra el pueblo Kankuamo y convocó a las organizaciones nacionales e internacional, la ONU, la Corte Interamericana de DDHH a que evalúen este accionar y procedan a exigir al gobierno colombiano tomar cartas en el asunto definitivamente, que se investigue también el accionar permisivo de la Fuerza Pública, “porque atentar contra un indígena es transgredir a la comunidad a la que pertenece y al Pueblo Indígena de Colombia que a lo largo del territorio nacional padece la misma situación de desplazamiento, confinamiento y asesinatos selectivos”, concluyó enfáticamente.     

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