Las Autoridades del pueblo Embera KatÃo denunciaron que los pasados 5 y 6 de febrero un grupo de 1500 soldados del Ejército Nacional establecieron un retén en la boca del rÃo Esmeralda, territorio del resguardo KatÃo del Alto Sinú, departamento de Córdoba.
Los indÃgenas rechazaron la militarización de su territorio ancestral, asegurando que: “Tememos por la vida de nuestros hermanos en el resguardo ya que siempre hemos manifestado nuestra oposición a la presencia de hombres armados legales o ilegales en nuestros territorios porque ponen en serio riesgo a nuestras familiasâ€, ratificaron enérgicamente.
De igual forma se opusieron a la presencia de la hidroeléctrica Urrá en sus territorios, situación que ha generado impactos en el medio ambiente como en la estabilidad social y cultural de este pueblo.
“Rechazamos el trato de guerra que el gobierno colombiano le ha dado a nuestro pueblo en Bogotá, donde reclamamos por los impactos generados por Urrá y por los reiterados incumplimientos de los acuerdos del 19 de abril, a la sentencia de tutela T-652 de 1998, a la licencia ambientalâ€.
Desde el pasado 23 de diciembre una comitiva de más de 430 Katios se encuentran en Asamblea Permanente en Bogotá, hacinados en una casa, sede de la Organización Nacional IndÃgena de Colombia (ONIC). Esta condición ha generado una epidemia de varicela, enfermedades intestinales y respiratorias, las cuales han afectado a la población infantil, que es una gran mayorÃa.
“En estos momentos nuestro pueblo no solo es un pueblos marginado por el gobierno nacional ya que más de 430 de nuestros hermanos están en condiciones infrahumanas en Bogotá exigiendo que se les escuche, azotados por los diferentes impactos generados por el llamado “Desarrollo†y en medio de una situación de guerra por la militarización de nuestros territorios, en una guerra que no es nuestraâ€.
Las Autoridades Katias requirieron del gobierno nacional, declare su territorio como “territorio de paz, libre de cualquier acción militar provenga esta de fuerza legal o ilegalâ€.
Finalmente solicitaron la visita de una comisión de expertos internacional que evalúe la situación de riesgo ocasionada por la construcción de la hidroeléctrica: “no solo para nuestras comunidades sino para las comunidades asentadas sobre la cuencaâ€, concluyeron.
