Indígenas y campesinos del Suroeste Antioqueño marcharon este viernes por las calles del municipio de Andes, como una muestra de apoyo y solidaridad con la lucha del pueblo Embera Katío del Alto Sinú, departamento de Córdoba, quienes buscan el reconocimiento de sus derechos constitucionales y la reparación de los daños sufridos como consecuencia del impacto social, cultural y ambiental generado por la construcción de la hidroeléctrica Urra en sus territorios.

 

Para el Comité Ejecutivo de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), la manifestación se dio en respuesta: “a la indiferencia del gobierno nacional y a la falta de mecanismos jurídicos que garanticen el debido cumplimiento de la sentencia T 652 emitida por la Honorable Corte Constitucional sobre mitigación de impactos ambientales y pactados entre la empresa, el gobierno y los indígenas, así como lo establecido en la licencia ambiental”.

 

Durante la marcha, los indígenas y campesinos manifestaron su inconformidad por las diferentes formas de violencia sistemática de parte de los actores armados y “el Estado con su indiferencia y falta de respaldo jurídico”.

 

“Los primeros han incrementado sus acciones militares en zonas habitadas por poblaciones indígenas poniendo en riesgo la vida e integridad de sus habitantes quienes nada tienen que ver dentro del conflicto armado; los segundos han excluido a las comunidades indígenas  de los espacios de participación y decisión sobre asuntos sociales, políticos y económicos que afectan a todo el pueblo colombiano”.

 

De igual forma, estos sectores sociales denunciaron y rechazaron la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, “que agravará la situación de dependencia y atraso del país, anexando nuestra débil economía a la del país del norte, y desde luego, empeorando la situación de las comunidades indígenas”.

 

Las Autoridades indígenas hicieron un llamado urgente al Estado colombiano, a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, a la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, a los organismos internacionales, a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil para que dirijan su atención a la grave situación humanitaria que viven cientos de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes de todo el país.

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