La Organización Indígena de Antioquia (OIA), denunció el incremento de las acciones bélicas por parte de los grupos armados legales e ilegales que operan en la región de Urabá, contra las comunidades y resguardos indígenas de ese departamento.

 

Aseguran que en repetidas ocasiones las comunidades asentadas en esta zona del país han sido acosadas, amenazadas y retenidos sus líderes y otros comuneros por actores armados de diferentes bandos.

 

“Desde el asesinato de los compañeros Horacio Bailarín, Arturo Bailarín y Misael Domicó, el pasado 6 de diciembre del año 2004, en la Comunidad de Las Playas, jurisdicción del Municipio de Apartadó, la dinámica de guerra que había disminuido en la zona, ha vivido un incremento que ensombrece  nuestra esperanza y deseo de vivir”, reiteraron las Autoridades indígenas.

 

De igual forma, insistieron en que la crisis humanitaria por la que atraviesan las comunidades indígenas de Antioquia se debe, entre otras cosas, a la permisividad que la Fuerza Pública demuestra ante los grupos paramilitares presentes en la región.

 

La OIA reseña la las siguientes violaciones a los derechos humanos cometidas durante los últimos meses: 

 

1. El ya señalado en la comunidad de Las Playas, con el agravante de que las viudas de estos compañeros y sus familias (cerca del 30% del total de población de esta comunidad), se ha tenido que desplazar de manera forzada a otras comunidades que no están preparadas para recibir refugiados, acrecentando su condición de vulnerabilidad y debilitando nuestro tejido organizativo, familiar y nuestras costumbres. Igualmente la comunidad ha tenido que soportar la presencia de miembros del Ejército Colombiano y miembros de la AUC, que presumen la presencia de compañeros vinculados a los grupos guerrilleros y guerrilleros mismos, sembrando temor y zozobra.

 

2. La siembra de minas antipersonales, en territorios de comunidades indígenas y en otros adyacentes, con un saldo trágico de un joven muerto y dos adultos heridos en Mutatá, en hechos acaecidos el pasado 9 de febrero en la Comunidad de Porroso, allí mismo, en días anteriores se presentaron enfrentamientos entre actores armados y la fuerza pública, en medio de los tambos y la infraestructura de la comunidad, que tuvo como saldo trágico la muerte de varios jóvenes colombianos pertenecientes al Ejército Nacional, según el Comando General de las Fuerzas Militares fueron asesinadas 19 personas vinculadas al Ejército.

 

3. En pasados días fue retenido de manera ilegal nuestro compañero Milcíades Bailarín, Gobernador de la comunidad Chontadural-Cañero, del Municipio de Mutatá, por miembros de las Autodefensas, luego de su liberación, nuestro compañero ha venido recibiendo distintas amenazas por parte de los actores armados ilegales de ambos bandos. Si realmente algún compañero influenciado por malas ideas, por presiones y amenazas o cualquier otro medio se ha vinculado a cualquier grupo armado legal o ilegal, por coacción o de manera voluntaria, Nosotros tenemos el derecho y la forma de castigar este delito, porque para los pueblos indígenas pertenecer a un ejército es una infracción que se castiga.

 

4. En Urrao , fue allanada de manera ilegal la oficina del Proyecto Integral Bosque Pacífico, que tiene como principal objetivo, generar estrategias que garanticen a futuro la conservación de este patrimonio natural que se extiende hasta el Pacífico, reserva de vida de las pocas que quedan en la tierra, y de nosotros que vivimos como guardianes, protectores y amigos de ella y de todos los Colombianos que dependemos de su existencia. Esta oficina que funciona en nuestra Sede en esta cabecera, fue ocupada de manera violenta por hombres armados supuestamente integrantes de la Fuerza Pública –CTI-, allí buscaron pruebas que vincularan nuestras actividades de capacitación, acompañamiento, consulta, gobierno, género, productividad, medio ambiente y territorio, salud, educación, cultura, entre otras, que realizamos con nuestros hermanos habitantes y protectores del agua, la tierra, el cielo y el fuego de la selva, al no encontrar nada, se retiraron de la Sede, dejando desorden y un gran temor y preocupación por la suerte que todos podemos correr porque nuestra vulnerabilidad ante estas prácticas del horror es absoluta. Reivindicamos la palabra como forma de resolución de los conflictos.

 

5. En el Municipio de Ciudad Bolívar, se han presentado personas extrañas, que no se han identificado, preguntando por quiénes son, qué hacen y dónde están los lideres del Resguardo Hermenegildo Chakiama, recomendándole a los vecinos que no denuncien su presencia a las autoridades legalmente constituidas.

 

6. Todas estás comunidades y nuestros otros hermanos, están sufriendo los efectos mortales del bloqueo, el confinamiento, y el desplazamiento forzado. Se nos impide la movilización y el aprovisionamiento de víveres, drogas, ropa, herramientas y otros utensilios que el mundo no indígena nos impuso, alarmándonos más porque ha disparado la mortalidad infantil, al menos en lo que va de corrido del año 3 niños han muerto por desnutrición y enfermedad, en la Comunidad de Urada, Municipio de Mutatá, que sólo tiene unos 120 habitantes.

 

7. Los hermanos indígenas del Atrato Medio, las poblaciones Afro Colombianas y los colonos mestizos que habitan esta zona vienen denunciando desde hace meses la presencia de grupos de las AUC, que se han apoderado de distintas poblaciones, la presencia de grupos guerrilleros, y la presencia del Ejército Nacional, anunciando una tragedia en la zona. Esta situación ampliamente difundida, y en la que organismos como Naciones Unidas han puesto su voz de alerta, en vez de mejorar tiende a empeorar, y no se avizora un futuro promisorio, sólo más muerte, desplazamiento y sufrimiento. Y en medio de este contexto de guerra y destrucción comienzan a espantar situaciones nunca imaginadas. En las comunidades aledañas al Municipio de Murindo se han presentado 3 suicidios, uno en el pasado mes de enero, de un joven de 16 años de la comunidad de Guagua, que visitando la comunidad de Cañero resulto ahorcado, según versiones de la comunidad por la presencia maligna de un jai malo; una niña de 10 años, también resulto ahorcada, el 6 de febrero en la comunidad de Guagua; y el lunes de pascua en la comunidad de Chibugadó, otra niña de 14 años, también ahorcada. Haciendo un análisis más profundo hemos constatado que la situación de acoso, confinamiento, hostigamiento y los enfrentamientos de los actores armados, tiene desesperados a nuestros compañeros, las comunidades están sintiendo el rigor de la guerra como si fueran participes de ella y su salud mental esta en franco deterioro, situación que no tiene precedentes en nuestra memoria ancestral, nuestros niños nunca se han suicidado.

 

8. Al inicio del mes de mayo del presente año, un compañero de la comunidad Tuguridó – Carrasal, en el Municipio de Dabeiba, fue ultrajado: arrancadas sus chaquiras y rota su manta de abrigo, por integrantes del Ejército Nacional, impidiéndole su salida al Municipio de Dabeiba, otros compañeros que estaban por fuera de la comunidad no pudieron ingresar durante varios días por el bloqueo del Ejército nacional.

 

Las Autoridades indígenas exigieron a los actores armados el respeto a sus vidas, autonomía y derecho a resistir, como también a: “que no combatan en nuestros territorios, que no los siembren de minas antipersonales, que no nos vinculen con ningún actor armado, que no nos engañen y vuelvan cómplices de sus desmanes y equivocaciones. Que interlocuten como personas inteligentes, que no nos confinen y nos impidan el acceso a centros urbanos donde demandamos servicios de salud y aprovisionamiento, fundamentalmente. Señores de la guerra respeten nuestra autonomía, nuestra jurisdicción propia y el derecho que tenemos a no vincularnos a ningún ejército de la muerte. Queremos morir de viejos”, concluyeron.

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