Preocupadas y extrañadas se encuentran las autoridades tradicionales indÃgenas del departamento del Tolima, ante el millonario impuesto exigido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) a la EPS Pijao Salud, encargada de atender a la población indÃgena de la región.
En un comunicado escrito, asà como por vÃa telefónica, el gerente de dicha entidad, José René Lucuara, fue notificado por el Comando Conjunto Central de las FARC a pagar un “impuesto†por el número de afiliados que posee.
“De acuerdo con la ley 002 sobre tributación, emitida por el Estado Mayor de las FARC-EP, la empresa que usted representa deberá tributar a nuestra organización. La Tributación será de acuerdo a la capacidad de la empresa y por todas las operaciones de esta los departamentos (sic) de Tolima y Huilaâ€, señala la misiva guerrillera.
Las Autoridades del CRIT aseguraron que la insurgencia exigió el pago de 6 millones de pesos (US$ 2.600). El monto fue calculado por la organización guerrillera en base a los 600 mil afiliados que estima maneja Pijao Salud. Sin embargo, voceros de la entidad de salud estiman que sus afiliados son 57 mil.
“El trabajo con las comunidades no exime a la empresa de la tributación obligatoria a las FARC-EP, los problemas de nuestro paÃs son de fondo y sus soluciones deben tener la misma envergadura. Los pañitos de agua para los problemas sociales de nuestro pueblo no son solución, más bien tienden a reafirmar un régimen polÃtico que tiene como pilar fundamental la desigualdad y la miseria de las mayorÃasâ€, ratificó el Estado Mayor.
Ante esta situación, las Autoridades tradicionales de las 98 comunidades y cabildos indÃgenas de la región, reunidas en asamblea extraordinaria, manifestaron su extrañeza y preocupación porque: “no entendemos cómo una organización que dice luchar por los intereses del pueblo Colombiano, exige a una organización popular, como lo es nuestro movimiento indÃgena y la empresa Pijao Salud, de la cual hacemos parte, una tributación que va en contra de nuestros principios éticos y polÃticosâ€.
Igualmente, ratificaron su posición de no pagar cualquier tipo de tributación a ninguno de los actores armados del conflicto, y en este caso a las FARC, “debido a que atenta gravemente contra el derecho de la salud de las comunidades indÃgenas y sentarÃa un grave antecedente, para que otras organizaciones que actúan al margen del actual régimen también nos impongan tributaciones que no podemos aceptarâ€.
En este contexto se determinó realizar con urgencia una movilización contemplada para el mes de mayo: “con el objetivo de lograr que 10 mil indÃgenas del sur del Tolima y cinco mil miembros de asociaciones campesinas y sociales de la región, lleguen hasta Ibagué después de caminar por tres o cuatro dÃas, para llamar la atención acerca de la honda problemática que azota a los indÃgenas en materia de Derechos Humanos y en especial en lo relacionado con las presiones y exigencias de los grupos armadosâ€.
