El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, expresó su preocupación por la dramática situación de abandono que aún viven las comunidades indÃgenas y afrodescendientes asentadas a las orillas de los rÃos Bojayá, Napipà y Opogadó en el departamento de Chocó, luego de la masacre hace tres año de 119 personas bajo los techos de la iglesia de Bellavista, cabecera municipal del municipio de Bojayá, a manos de paramilitares del bloque Élmer Cárdenas de las AUC y guerrilleros del 57 frente de las FARC.
Pérez aseguró que a pesar de la atención nacional e internacional que despertó la masacre: “los habitantes de esa olvidada región de Colombia viven una situación de zozobra, primero por la falta de realización de los compromisos adquiridos por el Estado frente a la reconstrucción y reparación integral de los daños ocasionados y, segundo, por el riesgo que implica el fuego cruzado entre los grupos armados ilegales que se sigue presentandoâ€.
Esta realidad sobre el incumplimiento de las promesas del Estado con la paz de los más de 13 mil habitantes de esta región del PacÃfico colombiano, no es reflejada por las entidades gubernamentales que, mediante los medios de comunicación comerciales, muestran ante la comunidad nacional e internacional el apoyo y la presencia estatal mediante polÃticas de desarrollo y presencia de la Fuerza Pública como recuperadores de la zona.
El representante de este organismo humanitario insiste que tres años después, las comunidades indÃgenas y afro del medio Atrato aún sienten en carne viva las secuelas de la tragedia.
“Son 18 comunidades de población negra y 24 indÃgena (cerca de 13 mil habitantes), que en medio del rebusque y de la caridad humanitaria y ante una crÃtica situación económica, social y polÃtica, se ven obligados a continuos desplazamientos forzadosâ€.
Asà lo demuestran los mas de 1700 desplazados refugiados en Bellavista – Chocó y VigÃa del Fuerte – Antioquia.
El siguiente, es el informe emitido por la DefensorÃa del Pueblo.
Por el control territorial
Las FARC hacen presencia en las partes altas de los rÃos Bojayá, Napipà y Opagadó, mientras que las AUC han venido en forma lenta y continua dominando los pueblos situados en las desembocaduras de tales rÃos.
La confrontación en esta zona es por control territorial. Los distintos grupos armados ilegales quieren apropiarse de las tierras, facilitar cultivos como el de la palma de aceite y la expansión de la ganaderÃa, despojando a las comunidades de la propiedad colectiva.
Un proceso muy lento
La comunidad del Medio Atrato está en proceso de reubicación pero el proceso va muy lento. Sólo se ha adecuado el terreno y se han construido tres casas, de un total de 240. También se levantó un polideportivo y se proyecta un centro comunal. Se espera que todo esté concluido para diciembre próximo, tres años y medio después de la tragedia.
Durante este tiempo, las personas afectadas han recibido asistencia humanitaria pero falta un mayor esfuerzo en la realización de los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo, etc.
El mayor problema se localiza en la zona rural, donde el riesgo para la población por los enfrentamiento entre los grupos armados ilegales es permanente. Las comunidades están sometidas a la voluntad y el control de los actores armados ilegales, confinadas, amenazadas, controladas en sus movilizaciones, controladas en sus actividades cotidianas de explotación agrÃcola y maderera.
Continuos desplazamientos
Los pobladores de la zona han tenido que desplazarse en más de una ocasión. En Bellavista se instaló un grupo de desplazados que llegó en febrero que hoy se alojan en una escuela en condiciones lamentables.
Desde el miércoles pasado, una comisión conformada por representantes tanto de ONG, de la Diócesis de Quibdó, de la ACNUR y la DefensorÃa del Pueblo, se encuentran visitando las zonas rurales evaluando la situación que se vive, constatando los desplazamientos y acompañando a las comunidades.
El domingo 1° de mayo se realizará un foro para presentar las conclusiones de estas visitas y para acordar compromisos. El lunes 2 mayo, fecha del tercer aniversario, harán presencia representantes de varios ministerios, de agencias del sistema de Naciones Unidas, de la ProcuradurÃa General y de la DefensorÃa del Pueblo.
Luego de conversaciones con miembros de la comunidad, la DefensorÃa del Pueblo pudo establecer que, aunque los afectados valoran los esfuerzos que se realizan para prestarles una mayor atención, reclaman la adopción de mecanismos para garantizar la efectividad de los compromisos asumidos.
Faltan respuestas
Como lo destaca la Directiva 008 de la ProcuradurÃa General de la Nación, del pasado 21 de abril, la DefensorÃa del Pueblo, el Comité Departamental de Atención al Desplazamiento en el Chocó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agencias del Sistema de Naciones Unidas, la Diócesis de Quibdó y numerosas organizaciones sociales nacionales e internacionales, han presentado informes de riesgo, denuncias y reclamos de seguridad efectiva para la zona por parte de la fuerza pública, sin que se haya logrado neutralizar el peligro en que se encuentran las comunidades negras e indÃgenas.
Planes de acción
La DefensorÃa del Pueblo, preocupada por la lentitud de los procesos de reubicación y la adopción de mecanismos de seguridad con los pobladores de Bojayá, apoya el Plan de Contingencia propuesto esta semana por el Comité de Atención a Población Desplazada.
En el Plan se propone, entre otros, fortalecer los mecanismos de control social comunitarios (cabildos y Consejos comunitarios), asà como desarrollar jornadas de capacitación sobre legislación étnica y territorial, derechos humanos, DIH, Principios Rectores, organización y participación comunitaria.
Se apoya también la continuidad en la realización de Misiones Humanitarias de carácter institucional a comunidades en riesgo y de desplazados. Esas misiones deben convocar a organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos del orden nacional, regional y local.
Proponen desarrollar una estrategia de acompañamiento a las comunidades en riesgo y desplazadas, para lo cual debe realizarse una coordinación de agendas institucionales que permita cubrir o atender un mayor número de comunidades.
Se recomiendan, igualmente, la adopción de mecanismos de prevención y protección para todos los corregimientos del municipio de Bojayá, involucrando las entidades responsables al más alto nivel en dos lÃneas de acción: la primera debe buscar nuevas estrategias de protección por parte de la fuerza pública para procurar mayores garantÃas de seguridad a la población civil y permitir asà la permanencia de las comunidades dentro de su territorio.
