Las Autoridades indígenas Eperara Siapidaara de la Costa Pacífica nariñense, denunciaron la muerte de tres niños indígenas y el desplazamiento de decenas de personas de la región, por la contaminación de las aguas del río Satinga y de los cultivos de pan coger, a raíz de las fumigaciones a cultivos de uso ilícito realizadas en el mes abril por la Policía Antinarcóticos.

 

Los indígenas aseguran que a causa de las operaciones antinarcóticos murieron en el Resguardo del Río Satinga los niños Evelio Chirimía, Yeison Chiripúa y la niña María Sandra Mesa Mejía. De igual forma, informaron que un total de 15 familias se desplazaron de sus comunidades hacia los municipios de Olaya Herrera y Tumaco en busca de ayuda médica para trece niños más que se encuentran en delicado estado de salud.

 

Estas comunidades se declararon en crisis humanitaria ya que las “lluvias venenosas” destinadas a los cultivos de uso ilícito también han caído sobre los cultivos de plátano, banano, yuca, caña de azúcar, chilma, coco, frutales y árboles maderables, afectando con ello, su alimentación y forma de vida.

 

“Las comunidades indígenas de San José de Robles, Tórtola y Casa Grande nos encontramos en un estado de vulnerabilidad, especialmente los niños y niñas, por las consecuencias de la fumigación, que afectan su salud, haciendo que peligre su vida, como ya viene ocurriendo, pues se trata de comunidades que dependemos del río, de los cultivos de pan coger y en general del medio natural”, aseguran las Autoridades tradicionales.

 

De igual forma, las 15 comunidades Eperara Siapidaara de los resguardos de Río Satinga, La Floresta-Santa Rosa-San Francisco, Sanquianguita, Integrado del Charco y San Juan Pampón expresaron su temor a que nuevas fumigaciones afecten los ríos Sanquianga, Tapaje, Sequihonda, La Tola e Iscuandé de los cuales se abastecen para el consumo humano y el riego de sus cultivos.

 

Ante la grave situación humanitaria por la que atraviesan estos pueblos indígenas, sus Autoridades tradicionales exigieron al gobierno nacional, se inicien las investigaciones respectivas por la muerte de los tres niños indígenas, y se ponga en marcha una Comisión Humanitaria que verifique y atienda la crisis de salud, de desplazamiento y la situación alimentaria de las comunidades ribereñas al río Satinga.  

 

Así mismo, exigieron la suspensión inmediata de las fumigaciones sobre los resguardos indígenas: ”y que el Gobierno Nacional de cumplimiento a la sentencia SU 383 de 2.003 proferida por la Corte Constitucional, dentro de la Acción de Tutela instaurada por la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC, sobre: “...consultar de manera efectiva y eficiente con dichos pueblos indígenas, sobre las decisiones atinentes al programa de erradicación de cultivos ilícitos, para salvaguardar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas...”, concluyeron.

 

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