La Organización Nacional IndÃgena de Colombia –ONIC- manifestó su desacuerdo frente a los resultados de las consultorÃas contratadas por el Consejo Superior de la Judicatura en el marco del Proyecto de “Apoyo a la coordinacion entre la Jurisdicción Especial indÃgena y el Sistema Judicial nacionalâ€. En la constitución del 91 se estableció en el artÃculo 246 la potestad de las autoridades indigenas para ejercer funciones jurisdiccionales en sus territorios de conformidad a sus propias normas y procedimientos y dejó en manos del Congreso la tarea de establecer los mecanismos de coordinacion de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.
Desde hace mas de un año y a instancias de un apoyo del Banco interamericano de Desarrollo, se iniciaron una serie de acciones tendientes a buscar la coordinacion de ambos sistemas. Las labores de coordinacion de dicho proyecto recayeron en el Consejo Superior de la judicatura, que realizó varios eventos de reflexión, en los cuales participaron expertos en ambas jurisdicciones y lideres indigenas de diferentes etnias, incluyendo a los senadores indigenas.
En el marco de dicho proyecto se contrataron varias consultorÃas, una con la entidad Geoespatial, otra con la Fundación ORTEGA Y GACETT Y una tercera con la Universidad Nacional de Colombia. Los resultados de dichas consultorÃas fueron entregados en un Taller nacional realizado los dÃas 12, 13 y 14 de abril en la ciudad de Bogotá. Los mismos fueron objeto de un amplio debate por parte de los lÃderes indigenas asistentes al evento, quienes expresaron duras crÃticas para algunos de los estudios presentados.
Para los indigenas, sigue siendo preocupante las múltiples “agresiones externas que conllevan el desconocimiento de la Autoridad indÃgena minimizando la AutonomÃa de los Pueblos, con propósito de aniquilar los procesos de resistencia polÃtica y cultural de los indÃgenasâ€. En su manifiesto, expresan que “los sistemas jurÃdicos propios no se remonta a las consideraciones retóricas del desarrollo constitucional de 1991; sino que obedece a unos principios culturales y milenarios ligados a la cosmovisión de cada pueblo en particular, la cual responde a un sistema de autoridad y control social de acuerdo a los usos y costumbres de cada puebloâ€.
Desde este punto de vista, señalan los indigenas que “el desarrollo del programa de “Apoyo a la coordinación de la Jurisdicción Especial IndÃgena y el Sistema Judicial Nacionalâ€, debe recoger las particularidades de cada uno de los Pueblos IndÃgenas del PaÃs; en este sentido los instrumentos técnicos como la elaboración del Atlas de la Jurisdicción Especial IndÃgena, y el Sistema de registro, seguimiento y descripción estadÃstica de las normas y procedimientos en la Jurisdicción Especial IndÃgena, a raÃz de que se implantaron sin consultar a los Pueblos IndÃgenas resultan deficientes e inconsistentes en la información, que antes de fortalecer y reconocer la jurisdicción indÃgena, lo que apuntan es ha caracterizar, estandarizar, cuantificar y codificar el Derecho y la Jurisdicción propia; además de vulnerar nuestra autonomÃa y unidadâ€.
Con respecto al informe sobre la consultorÃa de Recopilación de fallos judiciales, aunque lo consideran aceptable, manifiestan su preocupación por las interpretaciones subjetivas que realizan las altas Cortes al tratan de individualizar a los indÃgenas, lo cual no corresponde a nuestra visión colectiva de la integralidad.
Para subsanar los errores cometidos los indigenas proponen reajustar los instrumentos técnicos del sistema de Registro y del Atlas de la Jurisdicción Especial IndÃgena, para lo cual proponen que dicha labor de actualización la realice directamente la ONIC y con recursos del Presupuesto Nacional.
