Un desplazamiento masivo del pueblo Awa se ha vendido presentando durante los últimos días. Como resultado de los combates entre tropas del Ejército y guerrilleros de las FARC, más de 700 indígenas han abandonado sus territorios de Nulpi Alto, Nulpi Medio y Nulpi Bajo y se han desplazado hacia Ricaurte y Altaquer, según informaciones de la Personería de Ricaurte.

Días antes, el Cabildo Mayor Awa de Ricaurte, Camawari, Pueblo Indígena Awa, había alertado a la opinión pública nacional e internacional sobre el agravamiento de la situación de orden público y la violación de sus derechos fundamentales en su territorio. Sin embargo, aunque la situación se ha venido denunciando ante los organismos de derechos humanos no se ha logrado un mejoramiento de la situación, pues continúan “la detención ilegal de algunos compañeros indígenas, los señalamientos de ser colaboradores de los grupos armados ilegales y la muerte de algunos miembros de nuestra comunidad por parte de la Fuerza Pública, así como los constantes enfrentamientos dentro del territorio”, señala un comunicado.

¿Quiénes son los Awa?

El pueblo Awa se encuentra ubicado en la parte occidental del Macizo Andino, desde la cuenca del Río Telembí hasta la parte norte del Ecuador. Están organizados política administrativamente en 47 resguardos, en las jurisdicciones de los departamentos de Nariño y Putumayo, municipios de Cumbal, Mallama, Ricaurte, Barbacoas y Villa Garzón. Su población en Nariño, según datos del Departamento Nacional de Planeación 2002, es de 14.573 personas, pero su población total asciende a unas 16.000 personas.

Desde hace ya mucho tiempo, las comunidades Awa se han visto afectadas por fuertes procesos de colonización y aculturación que han modificado su lógica de vida, anteriormente basada en el aprovechamiento / conservación del medio natural. En los últimos años ese equilibrio se ha visto aún más perturbado por la apertura de la carretera Pasto-Tumaco, el auge de los cultivos de palma, el desarrollo de la industria camaronera y los cultivos ilícitos, que han afectado los procesos de itinerancia de las comunidades y rotación de cultivos.

A pesar de estar alejado de la carretera, el territorio del pueblo Awa se encuentra en zona de frontera. Ello ha determinado la libre circulación de actores armados ilegales que, movidos por el auge de los cultivos ilícitos, han convertido la región en una zona de tránsito armado.

Durante los últimos cinco años el conflicto armado se ha intensificado en la zona debido al aumento de cultivos ilícitos y los laboratorios de coca, a la fuerte presencia de los actores armados ilegales y a las fumigaciones con glifosato. Éstas últimas han producido afectaciones a los cultivos de uso lícito, enfermedades y muertes de habitantes de las regiones fumigadas y daños a las fuentes de agua.

Otro factor de perturbación se relaciona con el desarrollo de proyectos agrícolas extensivos como la palma africana, ajenos a la cultura de los Awa, que han sido implementados desconociendo el mecanismo de la consulta previa a que tienen derecho los pueblos indígenas.

Los hechos

Ante la difícil situación, la Organización CAMAWARI convocó el pasado 10 de junio de 2005 a una reunión en la ciudad de Pasto, que contó con la presencia de diferentes organismos nacionales e internacionales tales como la Defensoría del pueblo de Nariño, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas-Cali, ACNUR, Secretaria Departamental, Secretaria de Educación, Instituto departamental de Nariño, Comité Permanente de Derechos Humanos, Fiscalía Departamental, CTI y representantes de las Fuerzas Armadas de Colombia.

En dicha reunión, el cabildo planteó su posición de autonomía frente a todos los actores del conflicto armado y denunció las continuas violaciones a sus derechos humanos por parte de todos éstos.  Igualmente, destacó los siguientes hechos:

Junio, 12 de 2005, detención de tres indígenas sin orden de captura en Altaquer, por parte del ejército.

Junio 13 de 2005, otros tres indígenas, entre ellos un dirigente, son detenidos y el dirigente es golpeado por un miembro de la Policía en la estación.

Junio 13 de 2005, se realiza un operativo militar en el territorio AWA, durante el cual el día 15 de junio de 2005 resulta muerto el señor GERMÁN EFRAÍN GUANGA, miembro del resguardo de Pialapi Pueblo Viejo, a manos del Ejercito Nacional, con heridas de fuego y arma corto punzante, según necropsia. El ejército reporta la muerte de un civil como un error y una confusión por “las condiciones climáticas, la geografía del terreno y el nerviosismo propio de un operativo como éste”.

Según los indígenas, los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, acompañados de bombardeos que se realizan en desarrollo de la Operación Gladiador han generado temor entre sus hermanos y ocasionó el desplazamiento inicial de unas 600 personas hacia las zonas de Ricaurte y Altaquer.

Según denuncias del cabildo, los alimentos escasean y la comida de los restaurantes escolares y los animales están siendo utilizados para alimentar al Ejército. “También se ha presentado maltrato verbal y físico a nuestros compañeros indígenas por parte del ejercito”.  Esto, constituye “una flagrante violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, al convenio internacional 169 de la OIT y al orden constitucional colombiano”, dijeron.

El Pueblo AWA de CAMAWARI, ha pedido la solidaridad de sus hermanos indígenas y de todo el pueblos colombiano para que conformen una “Comisión en Defensa de la Vida y el Respeto a Nuestra Cultura”. Exige que:

;      Que cesen los enfrentamientos en nuestro territorio.

;      Que el presidente Álvaro Uribe Vélez como Comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República, según el art. 188 de la Constitución Política de Colombia, responda por los actos ilegales que están realizando sus hombres en nuestro territorio y por las consecuencias que esto ha generado (muerte, desplazamiento, desapariciones, robos, intimidación etc...)

;      Que sean respetados nuestros territorios y nuestra población.

;      Que se nos respete el derecho a transitar libremente por nuestro territorio.

;      Que cesen las detenciones ilegales y los señalamientos injustificados.

;      La suspensión de la Política de Seguridad Democrática del actual gobierno.

;      La atención humanitaria a las victimas del desplazamiento y a las viudas y huérfanos que éste conflicto está arrojando.

;      Se inicie una investigación por parte del ministerio público sobre la conducta irregular de los funcionarios del ejército Colombiano.

;      Solicitamos la intervención de los organismos internacionales de derechos humanos.

Reiteran su decisión de ser autónomos frente al confitó armado y que no permitirán que se siga utilizando su territorio como campo de batalla.

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