La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hizo una llamado enérgico al gobierno nacional para que ponga en marcha los mecanismos necesarios que ayuden a esclarecer los actos de violencia cometidos contra la comunidad de paz de San José de Apartado, Antioquia, donde el pasado 21 de febrero fueron masacrados ocho de sus habitantes.
El alto organismo de la ONU insistió en que: “Es necesario que el Gobierno y las autoridades pertinentes tomen medidas adecuadas para que esta impunidad no continúeâ€.
“La investigación de los delitos cometidos en el área de la comunidad de paz de San José de Apartadó corresponde, tal y como es propio de un Estado de Derecho, a la FiscalÃa General de la Naciónâ€, agregó.
De igual forma, expresó su confianza en que Fiscal General de la Nación, con el apoyo del Procurador General de la Nación y del Defensor del Pueblo, pueda esclarecer cuanto antes el trágico acontecimiento que enluta a las comunidades afrocolombianas y campesinas de la región.
Asà mismo, el Alto Comisionado confÃa también “en que los miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó prestarán su colaboración a las autoridades judiciales encargadas del proceso, y que estas garantizarán la seguridad y la tranquilidad de los testigos y familiares de las vÃctimas.â€
La Oficina pidió prudencia a las Autoridades nacionales al momento de emitir cualquier tipo de pronunciamiento público, que pueda poner en peligro la integridad y seguridad de estas comunidades ancladas en el Urabá antioqueño.
“Mientras no haya una decisión judicial que declare a determinadas personas como responsables de esos delitos, es aconsejable abstenerse de hacer afirmaciones que puedan poner en peligro la vida o la integridad fÃsica de los miembros de la comunidad de paz, o que provoquen su desplazamiento forzado. La Oficina sugiere que se actúe con prudencia en el manejo de la información pública relacionada con la comunidad de paz de San José de Apartadóâ€.
Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado pidió al gobierno nacional promueva medidas estatales adecuadas, respetuosas y concertadas, que permitan garantizar la protección de dicha comunidad de paz.
“Es responsabilidad del Estado colombiano implementar todas las medidas necesarias para proteger, individualmente y en conjunto, a los miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó, conforme a lo solicitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Constitucional de Colombiaâ€.
