A propósito de los hechos de confrontación armada ocurridos desde el 14 de marzo en el resguardo - municipio indÃgena de ToribÃo, donde las FARC han sido responsabilizadas por las comunidades de cometer actos violatorios al derecho internacional humanitario, los derechos humanos y al derecho de autonomÃa territorial y de gobierno de los pueblos indÃgenas, esta organización se pronuncia y culpa de graves violaciones al gobierno de Uribe que desarrolla el Plan Omega de contrainsurgencia en esos territorios.
Dicho documento muestra su perspectiva del desarrollo del conflicto social y armado en la región, y presenta denuncias de violaciones derechos que atribuye al Ejército colombiano. No obstante, soslaya sus ataques con cilindros ampliamente cuestionados por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y por las organizaciones no gubernamentales y sociales de Colombia, que han afectado a la infraestructura y la población civil de los municipios de ToribÃo y Caldono. Municipios gobernados por un proyecto polÃtico autónomo que implementa modelos de gobierno propio, y constituyen hoy un laboratorio de alternativas de vida para los colombianos.
Por considerarlo de interés de nuestros lectores, reproducimos el texto completo de dicho comunicado, publicado por su órgano de expresión Resistencia, con fecha del 26 de junio.
COMUNICADO DE LAS FARC
El Gobierno con la aplicación de la polÃtica de seguridad democrática sigue adelantando acciones contra los pobres y en defensa de los ricos. Mediante actos de corrupción compró a los congresistas que aprobaron la reforma pensional y, asÃ, legalizaron la usurpación de conquistas y derechos de los trabajadores colombianos; impuso en el Congreso la reelección con el propósito de perpetuarse en el poder; negoció la ventajosa ley de garantÃas electorales que privilegia su campaña hacia la reelección; hizo aprobar la mal llamada ley de justicia y paz la cual garantiza impunidad a los criminales del paramilitarismo, los legaliza y, a la vez, les permite que sigan asesinando a dirigentes del pueblo, robando las tierras y ejerciendo el terror del Estado.
En cumplimiento de otras facetas de la seguridad democrática, el ejército oficial desarrolla el Plan Omega con el que pretenden derrotar a la insurgencia. Amparados en el lenguaje de la confrontación militar, violan de manera generalizada los derechos humanos. Asà lo viene haciendo en el norte del Cauca en cuya respuesta desde el 14 de abril se inició la operación HEROÉS Y MÃRTIRES DE TORIBÃO. En esta zona no se han contentado con la realización de detenciones arbitrarias, la agresión armada a civiles, el ametrallamiento y bombardeo indiscriminado desde aviones y con artillerÃa. También, recientemente, en la vereda El Tachuelo de Tacueyó, soldados violaron a una anciana de 63 años y a sus dos nietas, y en la vereda Loma de Paja, ToribÃo, violaron a una niña. Grupos de soldados encapuchados salen a la carretera y generan terror en los habitantes como ocurrió en la vereda El Galvial de Tacueyó y en el alto de Torné donde amarraron y golpearon a un joven llevándoselo a lugar hasta ahora desconocido; en la misma vereda les han exigido a las mujeres que les muestren los senos. En Santo Domingo están robando el ganado de los comuneros y se comen las gallinas y la remesa de los civiles. También han atacado a civiles desde aviones y desde posiciones de tierra, con bombas han matado ganado de campesinos e indÃgenas. Construyeron barricadas para atrincherarse en ToribÃo y en Tacueyó ubicaron las tanquetas detrás de las casas, poniendo a la población como escudo.
Las comunidades y sus lÃderes deben denunciar ante los organismos defensores de derechos humanos de Colombia, y en el ámbito internacional, esta criminal actitud del Ejército y la PolicÃa, la cual no es más que la manera de llevar a cabo la polÃtica de seguridad democrática. Como demuestran los hechos, tal polÃtica es una estrategia enfilada directamente contra la población civil, para intimidarla, aterrorizarla y crear escarmiento que lleve a acallar las voces de quienes exigen al Estado respeto a sus derechos de ciudadanos.
También llamamos a las comunidades, a organizaciones gremiales y polÃticas y a sus dirigentes, a rodear de solidaridad y apoyo a todas las vÃctimas del actual régimen colombiano. De igual modo a la Iglesia a que renueve su compromiso con las comunidades desprotegidas y vulneradas en sus derechos por los abusos de poder del Estado fascista que pretende consolidar el presidente Uribe. Al mismo tiempo los convocamos a rechazar, a través de la lucha de masas, la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC); asà mismo a oponerse a la reelección y a trabajar unitariamente por un nuevo gobierno que lleve a nuestro paÃs por la ruta de la democracia, la justicia social y la soberanÃa nacional.
Comando Conjunto de Occidente – Columna Jacobo Arenas
FARC – Ejército del Pueblo.
Montañas del Cauca, Junio 26 de 2005
