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El Analista Regional del Sistema de Alertas Tempranas, Orlando Cifuentes Rincón, presentó queja formal ante la Procuraduría General de la Nación contra el Defensor Regional del Putumayo Jorge Alfredo Lasso Moncayo y contra el Profesional Especializado Grado 18 Carlos Alberto Arteaga Caiza por corrupción, negligencia, omisión e incumplimiento de las funciones defensoriales, por irrespeto a los derechos fundamentales, a la libertad de religión, expresión y opinión, de irrespeto y burla de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la mujer, de abuso de autoridad y de actos de inmoralidad administrativa.

Según el funcionario, pudo observar “innumerables situaciones e irregularidades que van en desmedro de la labor defensorial en el Putumayo, departamento con una grave situación de violación a los derechos humanos y un alto nivel de conflictividad, epicentro en su momento del Plan Colombia y que en la actualidad vive los efectos del Plan Patriota, con una población desplazada interna que asciende a las 32.586 personas correspondientes a 6.782 familias y la correspondiente expropiación de sus tierras y beneficios por parte de todos los grupos armados.”

Dichas poblaciones, vienen sufriendo el accionar de todos los actores armados que vulneran sus derechos civiles, y según el funcionario “desde las marchas cocaleras en 1996 vienen sufriendo el asesinato constante de líderes comunitarios, el incremento de amenazas en contra de los representantes indígenas y grupos minoritarios, el continuo bloqueo y saqueo económico, constantes masacres, por parte de todos los grupos armados”.

El Sistema de Alertas Tempranas es una iniciativa de gobierno coordinada por la Presidencia de la República y que involucra a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio Público, Red de Solidaridad Social y otras entidades para la protección de comunidades en riesgo por el conflicto armado. Según Cifuentes, los hechos que narra en su queja son una pequeña muestra de la cotidianidad en la Defensoría Regional Putumayo, “que después de ocho años de trabajo no ha cumplido su verdadera función impidiendo la correcta integración de los entes e instituciones encargados de trabajar por los Derechos Humanos, dando como resultado que la población civil quede en total estado de indefensión y desamparo frente a la recurrente violación de los DDHH por parte de todos los grupos armados.” Situación que ha degenerado en que “los recursos provenientes del exterior para la protección de los DDHH terminen dilapidándose en una burocracia que no cumple sus funciones, ni se actualiza para responder a las dramáticas exigencias de justicia en este departamento.

Aludiendo al texto de Mateo 5, 2º, en el sentido de que “si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos”, Cifuentes señala que según la Ley 24 de 1992 son funciones de las defensorías regionales la promoción y divulgación de los derechos humanos dirigidas a la sociedad y a las entidades estatales, la mediación entre las organizaciones cívicas o populares y la administración pública y entre los usuarios y las empresas públicas o privadas; controlar a las entidades públicas y a los particulares que prestan un servicio público para velar por los derechos humanos, garantizar el pleno acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad de quienes se encuentran en imposibilidad económica o social de proveer por sí mismos la defensa de sus derechos, y cuando se requiera la protección judicial y sea necesario acudir a las vías judiciales para la protección de los derechos y libertades fundamentales.  Dichas funciones no se vienen cumpliendo toda vez que el funcionario pudo observar entre otras las siguientes irregularidades: Falta de claridad en la existencia o no de informes de grupo de trabajo sobre la situación de Orden Público y de proyectos de las Mesas de Prevención para el departamento o los municipios más vulnerados en sus derechos humanos; escasa actualización y capacitación de los involucrados en la queja; gritos y mal trato a la población que busca alguna asesoría a sus problemas y a sus subalternos, falta de voluntad por solucionarles el problema o asesorar a los quejosos; prohibiciones y obstrucciones al trabajo del Analista Regional y a la Analista Nacional SAT; negativa de la Defensoría Regional a sostener las conclusiones de la situación de vulneración de los DDHH en las comunidades indígenas en la Reunión Departamental en la OZIP como conclusión del Proyecto Canadá; burlas a grito entero y carcajadas de las costumbres de las comunidades indígenas esquematizándolos como adoradores del sol...; regaños a la población por sembrar coca y reducción del problema de orden público “las estrategias de las FARC para desprestigiar las acciones del Estado desconociendo otros actores armados y corrupción de la Fuerza Pública” ...

Finalmente, tras señalar 26 motivos de queja, Orlando Cifuentes señala que “es vergonzoso que en un eepartamento en donde la vulneración de los DDHH tiene un alto índice, el Defensor Regional solo asista desde las nueve de la mañana luego de dar su culto religioso, salga a las 11:00 de la mañana para dar la segunda sesión de su culto. Luego en la tarde retorne a las 3:00 de la tarde, se vaya a las 5:00 de la tarde para proseguir el culto en la noche. En este corto tiempo que permanece en la Regional todavía tiene el valor de ponerse a estudiar los textos bíblicos junto con el Profesional Grado 18. ¿Será que su grupo de oración sí representa al menos una familia por cada municipio del departamento para el que el Estado moderno lo ha contratado?... Igualmente, en sus participaciones en las reuniones interinstitucionales no permanece más de 20 minutos con la excusa de que tiene que atender otro asunto. Esta es la única institución que respeta el horario ideal de 8:00 AM. a 12:00 y de 2:00 a 6.00 PM., cuando en su mayoría las demás instituciones por simple consideración con la población afectada laboran por lo general unas 14 o 18 horas para poderle resolver la situación a los vulnerados, mientras que aquí el Profesional Grado 18 Carlos Alberto Arteaga Caiza sostiene que no le regala “un minuto al Estado”, en un Departamento con una población desplazada de 32.586 personas, que requiere que le definan su situación legal lo más pronto posible”

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