Representantes de San José de Apartadó, Antioquia, organizaciones humanitarias acompañantes y miembros de la iglesia, se reunieron este miércoles 11 de mayo con algunos medios de comunicación en la sede del CINEP en Bogotá, en un conversatorio sobre la grave situación humanitaria por la que atraviesan las poblaciones afrocolombianas, indÃgenas y campesinas de la región en medio del conflicto armado.
De igual forma, se hizo la presentación del libro: “Colombia, Deuda con la Humanidad†Paramilitarismo de Estado 1988-2003â€, elaborado por el Banco de Datos de Violencia PolÃtica del CINEP.
Durante el conversatorio, los lÃderes sociales y las organizaciones acompañantes hicieron evidentes los estigmas de subversión que sobre esta población recaen, luego de haberse conformado en 1997 como comunidad de Paz neutral ante el conflicto y los actores armados involucrados: guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública.
En la región del Urabá antioqueño confluyen los intereses de los tres grupos armados por el control territorial, rico en recursos naturales, hidrocarburos como petróleo y carbón, además de estar planeada la construcción de una carretera entre Córdoba y Urabá, como también, un canal seco con Panamá, entre otras cosas.
Es asà como la población -de no más de 1300 personas que habita el casco urbano de Apartadó y las 32 veredas que conforman el municipio- ha quedado en medio del fuego cruzado, pero resistiendo hasta el final. Sin embargo, esta comunidad asegura que desde 1997 han sido asesinadas 155 personas, que en su momento fueron acusadas de apoyar a uno u otro bando de los tres en conflicto.
Los lÃderes de Apartadó han denunciado una marcada complicidad entre los miembros del Ejército de la Brigada No XVII y los grupos paramilitares. Aseguran que en su accionar conjunto han sido asesinadas unas 125 personas desde 1997. Acusan también a la guerrilla de ser responsable de la muerte de 30 personas hasta la fecha denuncias que se han archivado en los estantes de la FiscalÃa, por diferentes motivos.
“Cuando acudimos a hacer las denuncias ante las Autoridades competentes, estas nos responden que por falta de pruebas no pueden actuar. Sin embargo, tampoco han hecho las suficientes investigaciones para esclarecer estos hechos que mantienen a nuestras poblaciones en el terror y la desconfianza absolutaâ€, aseguraron los lÃderes presentes en el conversatorio.
Luego de casi 8 años de haberse conformado la comunidad de Paz, sus habitantes aseguran que no están en contra de la Fuerza Pública, “lo que sà hemos exigido es que se mantenga en el perÃmetro de Apartadó, y que respete nuestra decisión de haber declarado el territorio como zona neutral. A los grupos armados ilegales les hemos reiterado la misma posición, sin embargo su respuesta ha sido atacándonos, aterrorizándonos y matando a nuestros lÃderesâ€.
En jaque la PolÃtica de Seguridad Democrática
Las acciones bélicas contra esta población -cobijada por Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- han sido reiteradas. La última de ellas terminó con la masacre de 8 personas el pasado 21 de febrero de 2005. Ese macabro lunes hombres armados y vestidos de camuflado secuestraron a Luis Eduardo Guerra, fundador y lÃder histórico de la comunidad de San José de Apartadó, a su esposa y a su hijo de 11 años. Fueron llevados a la propiedad de otro miembro de la comunidad de paz, quien también fue secuestrado junto con su esposa y sus dos hijos, de 6 y 2 años. Ambas familias fueron torturadas y asesinadas brutalmente a garrote, machetazos y con arma de fuego, y sus cuerpos fueron abandonados en una fosa común.
Esta cadena de asesinatos muestra la difÃcil situación humanitaria por la que atraviesan estas comunidades, quienes no encuentran respaldo en la Fuerza Pública, pero tampoco en la efectividad de la justicia.
Por tales motivos, y cansados de tanto denunciar sin ser escuchados, han exigido desde el 2004, se conforme una comisión internacional de evaluación de la justicia “que escarbe en las razones por las cuales no se ha avanzado en las investigaciones, y en el porqué de tanto silencio por parte de las autoridades competentes y el Estadoâ€.
Las acciones de resistencia civil
Este contexto de violencia nacional, marcado por un conflicto armado latente hace más de 50 años, impulsó a cientos de miles de personas, entre indÃgenas, afrocolombianos y campesinos, a generar estrategias y escenarios de resistencia y de paz, que se salen del discurso y se materializan en los territorios colectivos, resguardos y comunidades de paz presentes en toda Colombia.
Estas experiencias se han consolidado sin el uso de violencia y en desafÃo a los grupos armados, que en oposición a la paz, han masacrado las esperanzas de todo un pueblo sumido en la desesperanza y el terror.
El ejercicio de autonomÃa planteado y practicado por estas comunidades ha sido malinterpretado por la Fuerza Pública y el gobierno nacional, quienes ven en ellas un foco de subversión en contra de los intereses polÃticos y económicos del Estado.
De esta forma, casos como el de ToribÃo y Jambaló en el norte del Cauca, poblaciones indÃgenas y campesinas asediadas hace ya casi un mes por los ataques de las FARC ante la presencia de la Fuerza Pública en los cascos urbanos, y la incesante violencia vivida por las comunidades de San José de Apartadó en el Urabá Antioqueño, demuestran la repulsión de los grupos armados a los planes de vida y de desarrollo –bajo los principios de neutralidad, autonomÃa y la autodeterminación- que son puestos como ejemplo de convivencia pacÃfica por estas poblaciones.
El papel de los medios de comunicación
En este ir y venir de información, los medios de comunicación comerciales no han valorado las acciones de paz propuestas por miles de colombianos, limitándose a narrar los hechos de sangre y violencia fuera del contexto polÃtico y social que estos representan. Ajustándose, además, al formato impuesto sutilmente por el gobierno nacional de que "lo oficial es lo veraz", en medio de un juego de intereses que responden a la “PolÃtica de Seguridad Democrática†y al apoyo de gobiernos como el de Estados Unidos, que económica y militarmente respaldan la guerra contra los grupos armados ilegales.
En necesario que se reafirme el papel y la labor social de los medios de comunicación para que de esta forma, se borre del imaginario colectivo la idea de que las experiencias de paz propuestas por indÃgenas, afrocolombianos y campesinos, están mediadas por idearios subversivos en contra del desarrollo del paÃs y de la paz.
