Delegados de grupos étnicos y otras organizaciones civiles de todo el continente, entre ellos, representantes de organizaciones indÃgenas de Colombia, se dieron cita en Santiago de Chile, en la denominada Preconferencia Santiago + 5. Los indÃgenas colombianos, entre quienes se encuentran delegados de la ONIC, de la Fundación Pluricultural Pakari – Pueblo Inga – y de la Organización Wayuú Orjuwat de Maicao, en la Media Guajira, produjeron una declaración sobre la situación actual del paÃs, sobre todo en lo concerniente con la realidad de los pueblos indÃgenas.
El texto de este documento fue enviado a la redacción de Actualidad Étnica por nuestra colaboradora habitual, la indÃgena Wayuú Karmen RamÃrez, quien participa en el evento. Por su importancia, lo reproducimos en su integridad:
Colombia
Colombia ha reconocido a través de su Constitución cuatro grupos étnicos (Pueblos IndÃgenas, Comunidades Afro, Comunidad Raizal y Pueblo Rom o Gitano).
La población indÃgena se calcula en 800.000 personas, que representan el 2% de la población Colombiana, pertenecientes a 90 pueblos diferentes, hablantes de más de 64 lenguas autóctonas y 200 variaciones dialectales, ubicados territorialmente en 638 resguardos indÃgenas en 27 departamentos. Debido a procesos migratorios y de desplazamiento, se evidencia la presencia de indÃgenas en las zonas urbanas de las capitales como Bogotá, Cali y MedellÃn[1].
En Colombia la crisis humanitaria y el desplazamiento forzado[2] como efecto del conflicto armado interno ha afectado aproximadamente a 3 millones de personas de las cuales el 8% son indÃgenas. Las causas del desplazamiento están en la vulneración de derechos colectivos e integrales como la expropiación violenta de tierras o desterritorialización a que están expuestas comunidades indÃgenas y afrodescendientes.
La mayor problemática que aquejan los Pueblos IndÃgenas esta relacionada con el conflicto armado que por décadas ha persistido en Colombia y en lugar de resolverse tiende a agudizarse. Los actores armados nos confinan en nuestros territorios, y el Estado mediante la implementación de la militarización contribuye a alimentar estrategias de guerra con efectos indiscriminados, que se reflejan en sistemáticos asesinatos, persecuciones, amenazas y desapariciones. Estos hechos evidencian acciones violentas y formas conexas de intolerancia ya que nos someten como blanco de fuegos cruzados ante nuestra posición de no ser involucrados en el conflicto.
La discriminación racial, la exclusión social y las condiciones sociales de la Población IndÃgena que se encuentran en situación de desplazamiento empeoran. No existe en Colombia institución alguna que se encargue de la protección y defensa de sus derechos. A pesar de la existencia como ente gubernamental La Red de Solidaridad Social creada para la atención especial de personas en situación de desplazamiento. No existen allà programas especiales ni otra entidad alguna que propenda por el cumplimiento de los Derechos Humanos y DIH, y menos por el apoyo para garantizar el retorno seguro a los Pueblos de Origen. Lo anterior conlleva al desconocimiento sobre la importancia que tiene para nosotros el vÃnculo permanente con nuestros territorios ancestrales para la pervivencia de nuestras culturas. Además no existen polÃticas de reparación integral para las vÃctimas del conflicto, ni la intención de hacer justicia sobre los responsables, tampoco hay voluntad polÃtica para esclarecer los hechos que llevaron a estas condiciones de vulneración de nuestros derechos.
Reiteramos que se mantiene la discriminación hacia los Pueblos IndÃgenas cuando se nos margina de la sociedad y se toman decisiones que involucran nuestros territorios desconociendo el derecho a la consulta previa. En las acciones del gobierno con la implementación de Megaproyectos y la aplicación de polÃticas nacionales e internacionales dentro los territorios indÃgenas se ve reflejada la vulneración de la autonomÃa de los Pueblos IndÃgenas, de manera que se deben evaluar todas las repercusiones de los megaproyectos que se intenten implementar en nuestros territorios.
Las polÃticas sociales no están respondiendo a las necesidades ni a las prácticas tradicionales de los Pueblos IndÃgenas vulnerando los derechos sociales, económicos y culturales.
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÃGENA DE COLOMBIA -ONIC-; FUNDACIÓN PLURICULTURAL PAKARI – PUEBLO INGA – ORGANIZACIÓN WAYÚU ORJUWAT – MAICAO – MEDIA GUAJIRA
Santiago De Chile
Pre conferencia Santiago + 5
Agosto 12 del 2005
[1] Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Los IndÃgenas de Colombia en el Umbral del nuevo Milenio. 2004.
[2] La Corte Constitucional mediante Sentencia T-025 declaró que hay un estado de cosas inconstitucional de estas personas a quienes no se les han reestablecido sus derechos vulnerados. Solicita asà mismo al Estado dar cuenta de cuantas personas desplazadas hay, dónde se encuentran y garantizarles un mÃnimo de derechos. Señala que el Estado debe responder a las necesidades de prevención, protección y atención para la población en riesgo o situación de desplazamiento.
