El Cabildo Mayor Awa de Ricaurte Nariño (CAMAWARI) denunció que cada día se agrava la situación de derechos humanos de su pueblo, pues no sólo han sido objeto de distintas agresiones por parte de los actores armados ilegales y de la Fuerza Pública, sino también de múltiples formas de discriminación étnica como comunidades protegidas por el DIH. 

 

Según CAMAWARI, cada día “se acrecienta y se sigue buscando nuevas maneras para atentar contra la dignidad del pueblo indígena”, pues “ya es costumbre en nuestros territorios la violación de los Derechos Humanos... (...) Es tal la discriminación para el pueblo indígena que cuando hacemos las denuncias, la fuerza pública arremete contra nuestro pueblo, caso concreto el 10 de Junio del 2005 cuando denunciamos el bombardeo a la Escuela de Maguí, las muertes y las detenciones arbitrarias de algunos compañeros, así como las acusaciones de ser colaboradores de la guerrilla”.

 

Además, denunció, la Fuerza Pública viene realizando censos de población utilizando el nombre de organización para obtener la colaboración de la población.

 

Los hechos

 

La organización indígena ha señalado en un Comunicado dirigido a la Opinión Pública, con fecha del 5 de Agosto y difundido este fin de semana, que como consecuencia de sus denuncias sobre los hechos de Maguí se sucedieron una serie de acontecimientos que evidencian una escalada de violencia contra sus líderes y comunidades.

 

Es así como el pasado 12 de Junio, según el comunicado, “fueron detenidos tres compañeros indígenas y uno desapareció en confusos hechos con la policía. Posteriormente el día 13 de junio de 2005, son detenidos otros tres compañeros y uno de ellos es golpeado en la Estación de Policía de Ricaurte. Luego, durante los meses de junio y julio, en la operación militar denominada "Gladiador", fuimos objeto de múltiples violaciones a los Derechos Humanos, un compañero indígena fue asesinado por el ejército, 1.400 personas tuvieron que desplazarse a los cascos urbanos para proteger sus vidas, nuestras viviendas fueron objeto de vandalismo ya que los utensilios de cocina, cobijas, ropa fueron quemados y partidos en pedazos; así mismo, los animales como gallinas, cerdos, corderos y ganado fueron sacrificados por el ejército para el alimento de las tropas. De igual manera entre el 25 Junio y el 9 de Julio la Fiscalía detuvo a cuatro compañeros que hacían parte de los 1.400 desplazados”.


Según los indígenas, el 4 de Agosto en horas de la tarde, en la comunidad del Resguardo del Palmar, “la Fuerza Pública estuvo levantando un censo con el argumento de que era una orden del Presidente de la República para controlar el accionar de los grupos ilegales armados en las zonas de la carretera. De igual manera fue tomado el nombre de la organización CAMAWARI diciendo que se habían reunido con las autoridades y que se les había autorizado la realización del censo”.  Según CAMAWARI, en ningún momento su organización se ha reunido con la Fuerza Pública “ni ha autorizado levantar censos a gente extraña, mucho menos a actores armados legales o ilegales”.


Dichos censos “indiscriminados” han sido rechazados por esta organización, que interpreta como “agresiva” y “falta de respeto al pueblo indígena AWA” la actitud de la Fuerza Pública, pues “pone en riesgo las actividades y la vida de nuestras comunidades ya que con estos hechos tratan de involucrarnos en el conflicto armado”.


”En el ejercicio de nuestros derechos ancestrales, de autonomía de nuestro pueblo y el espíritu de lucha por defender nuestra cultura rechazamos esta clase de hechos y no permitiremos que nos involucren en un conflicto del que no queremos participar. Suficientes muertos hemos puesto a manos de aquellos que dicen ser el ejército del pueblo, como de aquellos que representan las fuerzas democráticas constitucionales”, señala el comunicado.


Al respecto, la organización CAMAWARI anunció que mantendrá firme y hará prevalecer su derecho.  “... No vamos a defender intereses que en nada nos benefician, por lo que invitamos a los actores armados legales e ilegales a que desocupen nuestros territorios y dejen de involucrar a la población civil en el conflicto”.

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