Las autoridades indÃgenas de Cauca y Risaralda denunciaron que miembros del Ejército Nacional violaron a una joven de 19 años, hirieron a una señora y dieron muerte a otra de 20 años. Los hechos se presentaron en el Resguardo de Coconuco (Puracé- Cauca) y en el corregimiento de Villa Claret, Municipio de Pueblo Rico (Risaralda). En el primer caso, sucedido el pasado 9 de Agosto, una joven estudiante de 19 años de edad, Emerita Guaña Guañarita, fue abordada por cuatro uniformados en momentos en que salÃa del colegio hacia la vereda Yaquiva, resultando vÃctima de Acceso Carnal Violento por parte de un integrante del Ejército Nacional, adscrito al Batallón No. 03 de Artilleros del José Hilario López, al mando del Sargento Segundo Jaider Giovanni López Jiménez.
Según la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, “los militares le manifestaron a la joven de 19 años de edad que lo hacÃan por qué ella era guerrillera. DÃas después, uno de los mandos militares acantonados en la zona de apellido VELEZ, expresó a la comunidad que no era posible ofrecer disculpas, pues casos asà suelen ocurrir, y que el militar implicado en el caso huyóâ€.
Dicho organismo no gubernamental exhortó al Vicepresidente de la República, FRANCISCO SANTOS, a “abordar esta situación en el marco de una discusión sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos y los efectos de la militarización cotidiana de los territorios indÃgenas, y a actuar administrativamente para la destitución de los militares responsablesâ€. Según la entidad “es evidente el daño causado a EMERITA en su vida de mujer, en su carácter de indÃgena y la ofensa integral a un pueblo originario por aplicación de una polÃtica de seguridad que militariza la cotidianidad de la vida de los ciudadanos. Los daños que causaron a EMERITA “expresan la mentalidad persistente en las fuerzas militares de concebir como enemigos a la población civil y de no existir ningún tipo de ética en su actuación con sus enemigos militares... atentan contra la dignidad de la mujer, de los pueblos indÃgenas, de los ciudadanos.â€
Una fuente del Ministerio de Defensa, que pidió no ser identificada, dijo a Actualidad Étnica que el pasado 9 de agosto el soldado de la brigada 29 del Batallón José Hilario López recogió en el colegio a la señorita, al dÃa siguiente la tÃa de la niña denunció que su sobrina habÃa sido vÃctima de un acceso carnal violento por parte de un soldado de esa brigada, el Comandante recogió a sus soldados y los enfiló para que la niña hiciera el respectivo reconocimiento y efectivamente la señorita reconoció quién habÃa sido el joven que abusó sexualmente de ella. En ese mismo momento el soldado emprendió la huÃda, el Comandante de esa brigada inició la respectiva investigación disciplinaria contra el soldado y éste (el soldado) fue retirado de la institución. Asà las cosas, este caso pasó a la justicia ordinaria (FiscalÃa), quien ya libró orden de captura contra el soldado, que en el momento es prófugo de la justicia.
Según la fuente, Comandante de la Brigada 19 Ali Garai aportó a la justicia colombiana todas las pruebas necesarias para esclarecer estos hechos y desea esta situación sea ajusticiada prontamente.
De otro lado, el 1 de Agosto de 2005, siendo aproximadamente las 5:00 p.m.,
tropas del Batallón San Mateo, presentes en el Corregimiento Villa Claret, Municipio de Pueblo Rico, Risaralda, abrieron fuego desde el filo de una montaña contra tres presuntos subversivos que se encontraban en el parque central del lugar. En la acción de la fuerza pública resultó muerta la indÃgena Embera Chamà Lucely Osorio Nequirucama de 20 años, por varios impactos de bala que la tropa envió contra su vivienda de madera, en la que residÃa con sus hermanitos, su padre y su madre, la señora Leticia Ogari Nequirucama, de 42 años de edad, quien también fue lesionada en su pierna izquierda por uno de los disparos.
La ONIC hizo un llamado al gobierno nacional, al Comandante de las Fuerzas Militares, a la ProcuradurÃa General de la Nación y a la DefensorÃa del Pueblo para que actúe en justicia, investigue los hechos y castigue los desmanes de las Fuerzas Armadas; para que garantice el respeto de los derechos humanos de la población civil que se encuentra en zonas militarizadas, y sobre todo respeto los territorios indÃgenas y el derecho mayor (propio) de cada pueblo indÃgena, tal como lo han exigido las autoridades del pueblo Coconuco, y que los mandos superiores de la institución militar hagan presencia ante las comunidades y autoridades indÃgenas para adelantar un juicio público, en aplicación de la Jurisdicción Especial IndÃgena que su autonomÃa de gobierno les confiere de acuerdo a sus usos y costumbres.
La organización indÃgena alertó a los organismos de DDHH nacionales e internacionales y a los organismos de control del Estado para que intervengan en “en aras de garantizarle a los pueblos Embera Chamà de Pueblo Rico y Coconuco del Cauca, las condiciones que proporcionen el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados por estas acciones armadasâ€.
