Los Cabildos Mayores de los Ríos Sinú y Verde denunciaron nuevos atropellos contra sus comunidades, esta vez por parte de las FARC. Así, el viacrusis de los embera katíos no termina, pues a las acciones de los grupos armados se suman los incumplimientos del gobierno nacional a los pactos firmados el pasado mes de abril, según denuncias de esta organización.

  

Durante los últimos diez días los Emberá Katío fueron víctimas de dos casos de agresión a su integridad, ambos por parte de miembros de las FARC. El primero sucedió el pasado el “6 de Junio de 2005 a las 2 PM en la comunidad de Koredo (Río Sinú), cuando los indígenas JAVIER DOMICO y MARIA DOMICO fueron <detenidos> (sic) “por hombres fuertemente armados…. A nuestros hermanos nacidos en el Resguardo Indígena Êbêra Katío del Alto Sinú, específicamente en el Río Verde, se los llevaron mientras visitaban a sus familiares y sólo fueron liberados el día 7 de junio del 2005 a las 2:30 PM”.

 

Los indígenas denunciaron asímismo el secuestro de los campesinos y pescadores, “HOLMES HERNÁNDEZ Y DARIO GOMEZ (líderes no indígenas de la región), quienes la mañana del Viernes 10 de junio daban una capacitación en técnicas de pesca en el embalse cuando fueron retenidos por hombres armados, presumiblemente de las FARC, y llevados hacia la cabecera del río Sinú, según información de los habitantes de la zona”.

 

La organización indígena ha denunciado la intromisión de los grupos armados en sus territorios, quienes violando la autonomía indígena realizan retenes, piden documentación a los indígenas y los retienen arbitrariamente, actuando como si se tratara de la autoridad del Cabildo o de la autoridad del Estado.

 

Preocupa a los indígenas “que a las restricciones existentes para el traslado de alimentos para nuestros hogares, se sumen restricciones para movernos en nuestro propio territorio”.

 

Los líderes de las comunidades indigenas Emberá Katío ratifican su vocación de  gente de paz, y exigen “a los grupos armados que no utilicen nuestro territorio como escenario de guerra, ni para adelantar acciones ilegales que vulneran derechos fundamentales”, rechazando “cualquier acción en nuestro territorio que pueda poner en riesgo a nuestro pueblo”.

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