Como absurdas, insolentes y señaladoras, calificaron las Autoridades Indígenas del Norte del Departamento del Cauca las declaraciones del General Hernando Pérez Molina, Comandante de la tercera Brigada del Ejército con sede en la ciudad de Cali, quien afirmó que "en Toribío existía un cogobierno en donde las FARC utilizaban recursos procedentes de la Unión Europea como los del Proyecto Nasa para su beneficio".

 

“Recibimos con indignación y dolor estas declaraciones”, expresadas por el general durante el Consejo de Seguridad del pasado primero de Julio en la ciudad de Popayán, “máxime cuando vienen de altos mandos militares que por orden constitucional están para preservar la honra y bienes de todos los colombianos, aunque no es la primera vez que lo hacen”, dice un comunicado conjunto de las Autoridades Tradicionales, la Alcaldía Municipal de Toribío, la Alcaldía Municipal de Jambaló y las directivas del Proyecto Nasa.

 

El General hace dos gravísimas acusaciones al señalar que en Toribío existía un cogobierno, según el cual supuestamente las FARC no sólo utilizaban los recursos del Proyecto Nasa sino también los provenientes del situado fiscal por transferencias de la Nación en su beneficio, coartando la libertad de los alcaldes.


Según la ACIN, las palabras del General Molina “se suman a otras declaraciones del Alto Gobierno frente a las que nos hemos manifestado en el pasado, y obedecen a una estrategia bien elaborada que se ha utilizado de manera calculada en el país. La estrategia de la amenaza y el señalamiento público... Nos sentimos y estamos siendo amenazados y agredidos. Se ha creado ante la opinión pública una justificación mediática para actuar por la fuerza contra nuestro proceso”.


Tanto la insurgencia como el gobierno nacional han proferido ataques contra este proceso organizativo y de resistencia a lo largo de la historia. Por un lado la guerrilla los acusa de gobiernistas y antisubversivos y en muchas ocasiones los ha declarado objetivo militar; también les ha proferido amenazas que han terminado en asesinatos de algunos de sus líderes. Por otro lado el gobierno, no pocas veces los ha acusado de ser auxiliadores o cómplices de la guerrilla y hasta ha insinuado su responsabilidad en las tomas armadas de las FARC a sus municipios. Al respecto, los nasa se preguntan si “es la intención del Gobierno y de las Fuerzas Armadas cometer atropellos contra la vida, la seguridad y la integridad de las personas y del proceso ancestral del Norte del Cauca, y justificarlas ante la opinión publica como acciones contra insurgentes?

 

“En el afán de mostrar resultados a la política de seguridad democrática, hoy los mandos militares no se detienen ante nada, así con sus acusaciones hagan daño a comunidades y procesos que han demostrado una clara y firme posición ante la guerra y los actores del conflicto. Seguiremos resistiendo pacíficamente convencidos que solo así se puede posibilitar una Paz duradera”, dice un comunicado difundido el 7 de julio por la Oficina de Prensa de la ACIN.


Ante dichas afirmaciones, las autoridades indígenas han manifestado que si bien es cierto que la guerrilla de las FARC hace muchos años tiene presencia en su territorio, como en otros lugares del país, es totalmente falso que en Toribío haya un cogobierno con ellas ó que las autoridades indígenas hayan permitido que la guerrilla utilice, destine o desvíe recursos de cooperación internacional o del Estado para su beneficio.

 

Según la ACIN, todos los recursos que reciben se invierten en beneficio de toda la comunidad, según los parámetros establecidos por su Plan de Desarrollo. Dicho plan ha sido construido en Minga o trabajo colectivo comunitario y se evalúa en asambleas públicas, y de ello pueden dar fe las distintas autoridades propias y gubernamentales, las múltiples agencias y organizaciones multilaterales y de cooperación “que han reconocido la transparencia y el compromiso de nuestro proceso”.


Desde 1995 los alcaldes de Toribío han sido elegidos democráticamente por las comunidades, que le quitaron el control de sus vidas a los tradicionales políticos liberal conservadores a través de un proceso político avalado por la Alianza Social Indígena – ASI- fundamentado en el ejercicio de su autonomía territorial y cultural, que ha tenido una clara posición de diferenciación con los actores armados del conflicto. “Esto es lo que amenazan y quieren destruir: democracia popular, decencia, autonomía, transparencia y un ejemplo digno, justo y pacífico para la construcción del Otro País Posible y Necesario.

 

“Lo que sí es verdad, es que la fuerza pública en Toribío ha tratado de invalidar a toda costa la gobernabilidad de nuestros alcaldes indígenas. Cómo vamos a tener relaciones con grupos que se atreven a secuestrar a nuestro alcalde, a nuestro gobernador indígena y a nuestros miembros del Cabildo? Sabiendo esto nos acusan, acaso no es obvio que ésta es una amenaza abierta de las Fuerzas Armadas contra nuestro proceso?, señalan.

 

“No nos vamos a callar cuando tenemos que denunciar los atropellos y agresiones que hoy como ayer nos han hecho, pero seguiremos insistiendo en el entendimiento en el marco de la Diversidad, ojalá que algún día entiendan que cuando atacan al mundo indígena, están atacando a sus raíces y a la madre, o si no mírense, atrévanse a mirarse al espejo y desde el fondo de sus almas. Su madre indígena es la que niegan y amenazan, es su tierra y su origen al que acusan y amenazan. Están atacando un proceso Milenario del que son hijos e hijas. Están negando y amenazando a su propia madre ancestral, a su hogar originario”.


Por tal razón, y ante los reiterados atropellos, los nasa convocan a una “Audiencia pública para la Verdad y la Vida”, que confronte con pruebas y argumentos las acusaciones del gobierno contra el proceso de gobernabilidad de Toribío y del Proyecto Nasa. Debate público en el que pueden participar organizaciones sociales, medios de comunicación, intelectuales, iniciativas de paz, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales y demás colombian@s que creen en la necesidad de construcción de un país justo para todos.

 

Llaman a que se rechacen este tipo de declaraciones que amenazan la vida de sus comunidades y el proceso de paz con justicia social y dignidad promovido por ellas, pues así nos protegemos todos porque “las comunidades de paz somos la vida y la seguiremos defendiendo con la solidaridad y la acción colectiva. 

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