El 16 de diciembre de 1991 fueron masacrados 20 indígenas: niños, mujeres y hombres, a manos de paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, en la Hacienda El Nilo, ubicada precisamente en las mismas tierras en donde hoy se expresa la lucha pacífica, la dignidad y resistencia del pueblo indígena Páez, en el resguardo Huellas, municipio de Caloto, Cauca. En 1998 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano por esta masacre y el Gobierno de aquel entonces se comprometió a entregar a las comunidades indígenas de la región 15 mil hectáreas de tierra y hasta el momento ni la mitad han sido devueltas.

Como último recurso y ante el incumplimiento y la pasmosa indiferencia del gobierno nacional, desde la noche del 2 de septiembre, los comuneros del sur de Cauca, se concentraron en la hacienda de la “Emperatriz”, en un acto de recuperación y liberación de sus tierras ancestrales. Frente a esta exigencia de justicia y reparación integral la respuesta del gobierno fue el ataque indiscriminado a la población civil con ráfagas de fusil, gases lacrimógenos y bombas de perdigones; detenciones arbitrarias; amenazas y señalamientos.

La firme voluntad de diálogo del pueblo Nasa no sólo fue rechazada, también se incrementaron los hostigamientos y el pie de fuerza alrededor de “La Emperatriz”. No se valoró el gesto de acercamiento de los comuneros quienes decidieron unilateralmente abandonar la Finca y permanecer en sus afueras. La propuesta de cuatro puntos para iniciar las conversaciones, como permanecer en un espacio restringido y previamente acordado dentro de los terrenos de la finca pero fuera de la casa, preparando el contenido de una agenda de negociación con el Gobierno” y el encuentro con una delegación conformada por los ministros de Agricultura, del Interior y el Director del INCODER, fue torpedeada por el Gobernador del Cauca e ignorada por el gobierno central.

A pesar de la intensificación y recrudecimiento de la guerra, el pueblo Nasa se ha resistido a abandonar sus tierras y ha proclamaron su autonomía frente al conflicto armado; ha reivindicado su derecho a no ser involucrado en la confrontación armada y su decisión de no aceptar la presencia de hombres armados en sus territorios sagrados.

La resistencia civil de los pueblos indígenas de esta zona del país ha merecido el reconocimiento nacional e internacional y se ha constituido en un verdadero ejemplo de que la resolución pacífica del conflicto es posible. Su lucha milenaria se legitima en su cosmovisión, se ampara en el Derecho Internacional Humanitario y ha sido respaldada por diversos sectores e instituciones como la Iglesia Católica y organizaciones de la comunidad internacional.

Por eso es inaceptable la postura del gobierno que, en respuesta a la movilización pacífica del pueblo indígena y a las exigencias que deben cumplir en el marco de la constitución colombiana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el DIH y los Derechos Humanos,  responde con las armas del autoritarismo, el abuso del poder y la violencia.

El Estado colombiano debe, además, cumplir la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, garantizar la reparación integral de las víctimas del conflicto y velar por el respeto de sus derechos fundamentales.

 Los hechos de “La Emperatriz” evidencian el sistemático hostigamiento a los pueblos indígenas y una política de gobierno que beneficia a los victimarios y desconoce a las víctimas, como quedó confirmado en la recién aprobada Ley de Justicia y Paz.

Como lo manifiesta la ACIN en sus comunicados: “El estado es responsable de la masacre del Nilo, incumplió compromisos de reparación integral, no entregó las tierras que debía y que incluyen la finca La Emperatriz. Sin embargo dialoga, negocia y cumple acuerdos de entrega de tierras con victimarios paramilitares como los responsables de la masacre de El Nilo, se niega a dialogar con las víctimas indígenas de sus atropellos y por recurrir a la acción directa pacífica ante la impotencia generada por persecuciones y engaños, procede a disparar, golpear y desalojar comuneros y comuneras de sus tierras ancestrales”.