Al ingresar por la fuerza las unidades militares expresaron que: “Esto lo hacemos porque es una orden del Presidente de la República, Ãlvaro Uribe Vélez†y agregaron, “que en tres dÃas vienen los que van a cortar las cabezasâ€. Horas después, los militares saquearon algunas viviendas en el caserÃo de Santa fe de Churima y hurtaron ganado de los habitantes de las zonas humanitarias". Asà lo informó hoy la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
"Es la segunda vez, en menos de 15 dÃas que los militares destruyen otra zona humanitaria", dijo la comisión en un comunicado difundido por internet, donde denuncia que los militares destruyeron la zona de Bella Flor, que dÃas después fue reconstruida por sus pobladores.
En las zonas humanitarias se encuentran miembros de la Comisión Justicia y Paz, sacerdotes de la iglesia católica y de las organizaciones humanitarias internacionales PASC del Canadá y Peace Brigadas Internacional, PBI, para verificar las acusaciones hechas por esta organización.
Según JUSTAPAZ, varios integrantes de los afrodescendientes manifestaron su preocupación por las amenazazas realizadas por los integrantes del Ejército Nacional de Colombia, y pidieron que se respete el derecho a la vida en esta zona del paÃs.
En su comunicado, la Comisión Intereclesial manifiesta al gobierno colombiano su preocupación por el incumplimiento sistemático de las medidas resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solicita con carácter URGENTE el respeto a los derechos a la vida, a la integridad personal de los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó y sus zonas humanitarias, y el debido respeto a la asistencia humanitaria de organismos internacionales y nacionales.
Hace convocatoria extraordinaria de una reunión con la participación de la Vice Presidencia de la República, el Ministerio del Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Medio Ambiente, la DefensorÃa del Pueblo, la ProcuradurÃa General de la Nación, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y organismos humanitarios internacionales.
Pide, asà mismo, la presencia inmediata del Gobierno Nacional y los organismos de control del Estado en las zonas humanitarias
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