Ante la exclusión y desconocimiento del gobierno nacional y departamental a los procesos organizativos sociales y políticos de algunos pueblos indígenas del departamento del Cauca, la organización de Autoridades Indígenas (AICO) que los aglutina, decidió declarar a seis municipios de esa región como escenarios de lucha pacífica y concertación política, bajo las leyes y normas ancestrales que los cobijan.

  

Durante la pasada Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), realizada en el mes de marzo de 2005 en el municipio de Silvia, Cauca, cientos de líderes indígenas decidieron que era necesario separar estructuralmente del movimiento las ramas sociales de las electorales. Esta situación, aseguran, les acarreó la exclusión y el desconocimiento por parte del Estado de diferentes escenarios públicos decisivos en la política social para estas comunidades.

 

Las autoridades indígenas aseguran que el gobierno nacional y departamental, argumentando que son un movimiento político electoral, los excluye: “en abierta violación de la Constitución de 1991, diferentes leyes que protegen nuestro derecho, convenios internacionales y sentencias de la Rama Jurisdiccional del Poder Público y de la misma constituyente que nos dio el reconocimiento como Autoridad Ancestral”.

 

“A nivel departamental del Cauca, hemos sido excluidos totalmente y las convocatorias que nos hacen son sólo para ir a mirar las concertaciones con otros. A nivel nacional vienen siendo  avasallados y desconocidos la legitimidad y los derechos tanto a nosotros como a todos los pueblos indígenas en materias muy delicadas como: a. Políticas neoliberales de globalización y privatización; b. Negociación del tratado de libre comercio – TLC; c. Políticas de orden público como el Plan Colombia y el de la Seguridad Democrática; d. Proyecto de Ley de Páramos; e. Proyecto de Ley de Aguas; f. Decreto de ordenamiento de cuentas; g. Proyectos locales y nacionales de ordenamiento territorial”, observan con preocupación las Autoridades tradicionales.

 

En su pronunciamiento, aseguran que no seguirán siendo “invitados de piedra” en las mesas de concertación con el gobierno departamental y nacional, por lo tanto decidieron declarar los territorios indígenas en los municipios de:  Totoro, Silvia, Cajibío, Caldono, Buenos Aires, Piendamó, entre otros, como: “escenarios de lucha y de concertación, pero en condiciones diferentes, puesto que allá negociaremos la aplicación de las políticas nuestras y no las del Estado y gobierno colombiano”.

  

Los indígenas tomaron esta decisión amparándose en la Legislación Internacional sobre los pueblos indígenas, como el convenio 169 de la OIT ratificada por el Estado Colombiano mediante la Ley 21 de 1991, la Declaración de Argel, el Convenio de la Diversidad Biológica, las sentencias de la Corte Constitucional sobre territorios indígenas y el proyecto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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