Los afrocolombianos continúan a la espera de la NO aprobación de la Ley General Forestal que está por votarse en la Cámara de Representantes. A pesar de haber desalojado la Iglesia Francisco en Bogotá, que habían ocupado como demanda a la autonomía educativa para sus comunidades, el respeto a las tierras donde habitan y el ser censados por el DANE con preguntas específicas para ellos; los afrodescendientes siguen reiterando su rechazo a la aprobación de esta Ley que, según sus organizaciones, “atenta contra los bosques naturales y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas”. San

De hecho, representantes de las organizaciones afrocolombianas participaron este martes de un “plantón” en la Plaza de Bolívar para rechazar el contenido de la Ley nuevo precedente se registró hacia las 12 del medio día, en medio de pancartas y de un furioso aguacero que no logró dispersar a los diversos grupos convocados por el Centro Nacional Salud Ambiente y Trabajo, Censat.. Este

Según Censat, este encuentro sirvió de espacio para dialogar entre los asistentes sobre los temas prioritarios que estarían por aprobarse y que afectan de manera directa a las comunidades étnicas y campesinas del país, como lo es el tema de  la libre movilización de los productos forestales, que suprime los controles tales como la autorización y el salvoconducto de movilización. Así mismo resaltó el tema del tratamiento que esta Ley daría a las áreas forestales que evidentemente violaría la ley que instituye el derecho a la propiedad colectiva al contemplar el contrato de arrendamiento sobre las tierras ocupadas por las comunidades negras.

La votación que definirá la aprobación de la Ley General Forestal en sesión de la Cámara de Representantes, tendrá lugar el próximo martes 22 de noviembre, luego de haber sido aplazada en dos ocasiones por la presión de las comunidades afectadas y, esta semana, por falta de quórum.

Entre las voces de protestas que se han hecho oír esta semana, está la de la representante María Isabel Urrutia, quien manifestó a varios medios de comunicación el peligro que representa la aprobación de la Ley en la medida en que los empresarios madereros podrían explotar, sin regulación, los recursos naturales que se hallen por encima del suelo en las 23.000 hectáreas de bosques naturales del país que habitan las comunidades negras e indígenas.