Esta vez fue la afrodescendiente Salomé Cortes, de 75 años, quien perdió la vida luego de pasar por un campo minado mientras se dirigía a su parcela en uno de los municipios de la costa pacífica nariñense. Tres afrodescendientes más de las comunidades de Buenavista y Yacula, zona rural de Barbacoas (Nariño) resultaron heridos.

La situación se repite con dos indígenas Awá que se vieron afectados por la misma razón: los constantes enfrentamientos que el Ejército Nacional sostiene con grupos armados irregulares, en  territorios con población  indígena y afro descendiente, y que dejan como resultado extensas zonas minadas y numerosas víctimas.

La Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), alertaron sobre la situación e hicieron un llamado al Gobierno para que no se siga poniendo en riesgo a la población civil, especialmente dentro de los resguardos indígenas. Así mismo, exigieron el respeto de los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).  

Segundo García de la comunidad de Ñambí, y María Reina Matamba Mastacuas,  del Resguardo de Pulgande Tronquería Palacito, los dos indígenas Awá afectados, fueron trasladados del municipio de Barbacoas, al hospital del municipio de Ipiales, según aclaró la UNIPA. Los heridos de la comunidad afro de Carcuel, recibieron atención médica en el Hospital de Barbacoas, Nariño.

La población indígena, campesina y afro descendiente de los resguardos de Chinguirito Mira, La Brava, y Piguambí Palangana se encuentra en alto riesgo, pues están militarizados, según aseguró la ONIC y las autoridades indígenas del pueblo Awá. Señalaron que estos hechos van en contravía al respeto por su autonomía y que atenta directamente contra su integridad.

Igualmente, denunciaron la llegada de cerca de 200 miembros del Ejército Nacional quienes instalaron su campamento muy cerca de las casas, en la carretera  de la vereda el Limón, de Junín  a Barbacoas, lo que atenta aumenta el peligro de la población en medio del conflicto y que viola los Derechos Humanos. De hecho, el DIH es claro en que las personas fuera de combate y quienes no participan directamente de las hostilidades tienen derecho a que se les respete la vida y la integridad física y moral; y que las partes en conflicto deben distinguir entre la población civil y el combatiente, con el objetivo de proteger a la población civil y que los ataques se dirijan sólo contra los objetivos militares.

“La guerra que se está librando, es totalmente ajena a nuestra cultura y a las expectativas reales de vida en nuestro territorio ancestral”, afirmó Gabriel Bisbicus Pascal, presidente de la UNIPA. La solicitud de las organizaciones indígenas también contempló la urgencia de que tanto “el Ejército Nacional como los paramilitares y la guerrilla, permitan el ingreso de las misiones humanitarias y médicas para la atención inmediata de personas civiles heridas gravemente durante los enfrentamientos”.