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Un llamado a las partes en el conflicto por el respeto y el acatamiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario, y para que den inicio a un proceso de diálogo con el propósito de poner fin al conflicto y lograr un nuevo pacto de reconciliación nacional, fue el que realizó la Corporación para el Desarrollo del Oriente “Compromiso”. Mediante Comunicado a la opinión pública y con motivo de la conmemoración del día Internacional de los Derechos Humanos, la organización señaló las circunstancias por las que pasa el país.

A continuación reproducimos el comunicado emitido por “Compromiso” a la opinión pública:

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA

CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El 10 de diciembre de de 1948, los Estados se comprometieron a garantizar los derechos humanos para toda la población de todos los países con el fin de erradicar la pobreza y la exclusión.  Hoy, 57 años después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas la situación del país es:

1. En Colombia y, especialmente en la región del nororiente, a lo largo del año 2005 se ha profundizado el conflicto armado causando incalculable número de víctimas entre la población civil, con graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de todos los actores del conflicto.
2. La política de confrontación militar para resolver el conflicto armado, en el que se enfrentan el Gobierno y las insurgencias FARC y ELN, ha contribuido a profundizar la crisis social al castigar la inversión social y privilegiar los costos de la guerra.
3. A consecuencia de lo anterior, crecen los indicadores de pobreza y miseria en todo el país.  En Colombia hay 25 millones de pobres y cerca de 11 millones de indigentes.  
4. A pesar de los convenios internacionales ratificados por el Estado colombiano en materia de derechos económicos, sociales y culturales, estos no están garantizados para la mayoría de la población.  El desempleo en la región supera el 20% con un subempleo cercano al 35%. 3 millones de niños, niñas y jóvenes en edad escolar están fuera del sistema educativo, en el país hay cerca de 800.000 hogares sin vivienda, hay cerca de 17 millones sin posibilidades de acceder al sistema  de salud.
5. Los derechos civiles y políticos siguen siendo violados a pesar de las insistentes recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.  Las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, el uso de testigos falsos, el hostigamiento a organizaciones sociales y de derechos humanos, son prácticas recurrentes en el diario acontecer de nuestro país.
6. Las normas del derecho internacional humanitario no son acatadas por las partes en conflicto. Las masacres de población civil, los desplazamientos forzados y confinamientos, los bloqueos económicos, la toma de poblaciones y rehenes, el uso de bienes públicos como escuelas, centros de salud y templos como trincheras de combatientes, el desconocimiento del principio de distinción entre combatientes y no combatientes y la vinculación de menores y población civil en general al conflicto, son hechos que contribuyen a la degradación y profundización de la guerra
7. Gobierno y ELN han logrado avanzar en posibilidades de diálogo.  Se espera que esta iniciativa logre abrir un espacio nuevo en el propósito de crear condiciones para una solución política del conflicto armado.
8. El proceso de desmovilización de las AUC no resuelve el desmonte de las estructuras paramilitares y mantiene serias dudas ante los constantes incumplimientos con el compromiso de cese al fuego y de hostilidades. Se incrementan las denuncias en su contra relacionadas con asesinatos, masacres, y desplazamientos.  La ley de justicia y paz, lejos de ser el marco jurídico que garantice verdad, justicia y reparación, contribuye a la impunidad, y deja a las víctimas en estado de indefensión. El proceso de reinserción hace crisis ante el incumplimiento del gobierno nacional con los desmovilizados.
9. Se observa falta de decisión política por parte de la insurgencia y del Gobierno nacional para avanzar en la construcción de acuerdos humanitarios que permita la libertad de los secuestrados y la desvinculación de la población civil del conflicto.
10. Las organizaciones de la población civil, muchas veces hostigadas y perseguidas por sus posiciones críticas frente a políticas oficiales, reclaman reconocimiento de legalidad y legitimidad a su labor en concordancia con el marco del derecho público internacional y la constitución política colombiana.

Ante lo anterior declaramos que:

1. La solución al conflicto armado que ha desangrado por décadas al país, debe buscarse en la negociación política para alcanzar una paz duradera, sostenible y con vigencia de los derechos humanos.
2. Estamos a favor de la paz con justicia social, en consecuencia rechazamos la guerra y la violencia en todas sus formas, reclamamos mayor inversión social y una reorientación del gasto público que contribuya a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales para la mayoría de la población.
3. La sociedad civil debe participar activamente en la discusión y formulación de propuestas para la solución política.  En los actuales diálogos con el ELN y las propuestas de acuerdo humanitario con las FARC, debe tenerse en cuenta el aporte de la sociedad.
4. La salud, la vivienda y la educación no son mercancías expuestas a las leyes del mercado, en tal razón, se requiere un modelo alternativo de desarrollo que garantice el acceso y permanencia de la población a estos derechos.
5. Es prioritario avanzar en políticas de redistribución de la riqueza y democratización de la economía como una forma de combatir la pobreza, la miseria y la indigencia.
6. El Estado debe tener el monopolio de las armas y garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas el respeto por la vida, las libertades fundamentales y todos los derechos humanos, cumpliendo así con las recomendaciones internacionales en materias de derechos humanos.

En Consecuencia hacemos un llamamiento

1. A las partes en el conflicto para que respeten y acaten las normas del Derecho Internacional Humanitario, no más civiles víctimas de los actores armados, no más civiles vinculados al conflicto.
2. A las organizaciones de la sociedad civil, los gremios, los partidos políticos, las iglesias, los medios de comunicación y la sociedad en general a sumarse a la campaña contra la guerra y por acuerdos y compromisos humanitarios.
3. A la comunidad internacional para que ejerza la veeduría al proceso de desmovilización de los paramilitares e incida en garantizar los derechos humanos de la población civil de las zonas de influencia.
4. Al Estado colombiano para que haga pública la agenda de negociación con las AUC y garantice en estos procesos de reinserción de actores armados, verdad, justicia y reparación de las víctimas y se castigue de acuerdo a los tratados internacionales a quienes hayan cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad.
5. Al Estado y la sociedad política para que reconozcan el aporte de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en la búsqueda de la paz y el reconocimiento de los derechos a toda la población.
6. Al Estado colombiano y los grupos armados ilegales para que den cumplimiento a las recomendaciones internacionales de la ONU en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
7. Al Estado colombiano y los grupos armados ilegales para que den inicio a un proceso de diálogo para poner fin al conflicto y lograr un nuevo pacto de reconciliación nacional.  

CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL ORIENTE

“COMPROMISO”

Bucaramanga - Colombia, diciembre 10 de 2005

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