La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los hechos de violencia perpetrados durante las primeras semanas de diciembre de 2005 en los departamentos de Arauca y César.
En Arauca, se presentó un atentado con explosivos contra el gobernador del departamento, Julio Acosta Bernal, y el asesinato de los civiles Ãngel Manuel Pérez, Pablo Elà Estrada, MarÃa Yolanda Agudelo y Ãlvaro Acosta Parrado. Los hechos fueron atribuidos por las autoridades a los frentes 10 y 45 de las FARC-EP. La Oficina exigió “a las FARC-EP abstenerse de atentar contra la vida de personas que no toman parte directa en las hostilidades, y de hacer a la población civil objeto de sus ataquesâ€.
Siete civiles más fueron asesinados en el corregimiento de Santa Isabel, municipio de CurumanÃ, Cesar. Las pérdidas humanas fueron atribuidas a paramilitares del Bloque Norte de las AUC, el cual es dirigido por alias “Jorge 40â€.
La Oficina observó que “esta matanza tuvo lugar pese a la oportuna advertencia de la DefensorÃa del Pueblo ante el Batallón de ArtillerÃa No. 2 “La Popaâ€, con sede en Valledupar, sobre la inminencia de una incursión paramilitar en la zonaâ€. Antes este lamentable hecho, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH solicitó a la ProcuradurÃa General de la Nación investigar si en el caso de Curumanà hubo conductas omisivas por parte de servidores públicos.
Asà mismo, solicitó a la FiscalÃa General de la Nación establecer mediante una investigación pronta e imparcial, adelantada por la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, las circunstancias en que ocurrieron los hechos de Curumanà y el número total de vÃctimas de los mismos.
La Oficina resaltó que los hechos ocurridos en estos departamentos, asà como la siembra de minas antipersona por parte del ELN en el área rural del municipio de CurumanÃ, son graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario, y que violado el cese de hostilidades, no han actuado conforme a los compromisos contraÃdos a través del acuerdo de Santa Fé de Ralito.
