Los dos asesinatos fueron realizados en las comunidades de Ulaka y La Peña de los Indios, en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira. Aunque la muerte de Montaño Loperena, se había producido en medio de supuestos enfrentamientos entre el Ejército y miembros de las FARC, sus familiares y miembros y autoridades de la comunidad desmienten esta versión, al asegurar que el 9 de diciembre tropas del Ejército Nacional llegaron hasta la comunidad para capturarlo.

El otro caso que pone en alerta a la comunidad es el asesinato de Ricardo Arias Solís y Celso Carrillo Perea, quienes habían sido retenidos por hombres armados el 3 de enero, y días después aparecieron muertos, al parecer ‘dados de baja’ acusados de pertenecer a las FARC, e identificados con los alias de "Agustín" y "Cesar".

“Familiares, miembros y autoridades de la comunidad aseguran que en el grupo de hombres que se llevaron a los dos Wiwa, se encontraban dos desertores y reinsertados de las FARC quienes actualmente se encuentran vinculados como informantes y cooperantes al Ejército Nacional, por lo que rechazan tajantemente la versión militar que habla sobre los "dados de baja" en un supuesto combate”, dice el comunicado emitido por la OWYB. El hecho se registró en la comunidad de Abo Guaquina, Sabana Joaquina.

Otra de las anomalías dadas a conocer por la OWYB, es la detención de Carmen Cecilia Arias Cáceres, quien se desempeñaba como enfermera de la comunidad de Marokazo, también en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar. Desde el 7 de enero, cuando fue retenida por miembros de la SIJIN de la Policía Nacional, Arias Cáceres permanece recluida y se le sigue un proceso por rebelión.

El 11 de diciembre, se registró otra detención, esta vez a José Eduardo Maestre Crespo, de la comunidad de Sabana Joaquina, a quien también se le sigue un proceso por rebelión por pertenecer a un grupo armado ilegal, permanece recluido en un centro penitenciario de Valledupar, Cesar, desde el 11 de diciembre de 2005.

Tras estos hechos de violencia e irregularidad recientes cometidos contra el pueblo Wiwa, la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, OWYBT, expresó su fuerte preocupación y manifestó su temor ante la eventualidad de que se agrave la crítica situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario que se viene dando.

Así mismo propuso la conformación y desplazamiento de una misión humanitaria a las comunidades de Seminke, Ulago, Sabana Joaquina y Marokazo “que brinde un acompañamiento a las autoridades, líderes y comunidades de esta región que permita definir medidas urgentes e inmediatas de protección”.

Los casos de violación de Derechos Humanos han sido frecuentes en esta región. El 19 de diciembre, la comunidad Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, a través de un derecho de petición presentado a la cancillería, solicitó información precisa, acerca de los hechos irregulares de los que han sido objeto durante el 2005. 7 asesinatos, 10 familias desplazadas, 2 detenciones arbitrarias, 1 atentado y 5 desaparecidos, son sólo algunas de las violaciones al DIH que se han presentado en los municipios de Valledupar, San Juan del Cesar, Riohacha, y en el corregimiento de Cotoprix, de los departamentos de Cesar y la Guajira.

Por otra parte, La Fundación Hemera, entidad especializada en grupos étnicos, especialmente en el trabajo con poblaciones indígenas, respaldó esta solicitud, y mediante carta a la Canciller, solicitó se de pronta respuesta al derecho de petición, y se aplique de manera eficaz las medidas ordenadas por el Alto Tribunal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.