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“Bogotá y su Distrito, deben ratificar el agua como un derecho universal y comunitario, es de todos y de nadie, pertenece a la tierra y a los seres vivos. Se distribuye equitativamente de acuerdo a las necesidades, costumbres y convivencia humana” bajo estas premisas, la vicepresidenta del Concejo de Bogotá, Ati Quigua, presentará en los próximos días el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adopta el Estatuto del Agua en Bogotá”. Haga clic aquí para conocer la propuesta.

Ati, indígena arhuaca, conoce de cerca el manejo ancestral que los pueblos originarios han dado al agua en una relación armoniosa entre los hombres y madre naturaleza. Estas razones la hacen mucho más sensible a un tema de vital importancia para Bogotá, la urgente implementación de un Estatuto del Agua con el cual se “mantenga este preciado líquido como patrimonio común y bien público indispensable para las comunidades humanas y la conservación de los ecosistemas”.

“El estudio y aprobación de este proyecto debería convertirse en una prioridad que debe impulsar el gobierno Distrital, la comunidad, organizaciones y académicos, por tratarse de un derecho humano fundamental, además, se debe  generar en la comunidad una hidropolítica de resistencia contra los intereses de particulares que quieren tomar control del manejo de los diversos cuerpos acuíferos y las reservas ubicadas en Bogotá y su sabana”, aseguró la concejala quien además ve con preocupación como la tendencia mundial de la privatización de los recursos naturales quiere tomarse a Bogotá.

Quigua fue enfática en señalar que el agua es un bien de dominio público y un recurso vital, que no puede ser tratado como mercancía, reducido a un valor comercial y sometido a las leyes del mercado. “Por ello, el agua no puede ser materia de tratados de libre comercio internacional como los de la Organización Mundial del Comercio – OMC -, el Área de Libre Comercio para Las Américas – ALCA -, el Tratado de Libre Comercio – TLC - o los tratados bilaterales”.

Otro de las amenazas para el agua de Bogotá, de Colombia, y en general en los países con más riqueza hídrica, es la concesión del manejo del agua a las trasnacionales práctica propia de las políticas neoliberales y de la globalización.

Este es el caso, por ejemplo de Bolivia, en donde se firmó un contrato concesión por 40 años a al consorcio extranjero Bechtel, quien a través de una empresa ‘fachada’, Aguas del Tunari, subió la tarifas del agua para el consumo humano entre el 30 y 300%. Sin embargo, el terreno para que se diera esta situación estaba abonado con la Ley 2029 en donde el gobierno de este país, eliminaba cualquier posibilidad para que los campesinos e indígenas administraran el recurso según sus usos y costumbres. Esta Ley, incluso, le ponía precio al agua de lluvia.

Estos hechos dieron origen a una de las mayores movilizaciones sociales en la reciente historia de Bolivia, conocida como la “Guerra del Agua” en año 2000, la cual que terminó con la expulsión de la trasnacional y la creación de una Ley que garantizara el agua como un derecho de todos.

En este sentido, Ati Quigua propone “seguir el ejemplo de los compañeros de Uruguay y Bolivia, quines mediante un plebiscito establecieron en su Constitución Política el agua como un elemento natural esencial para la vida”. Por esa razón, el propósito de la concejala va más allá de crear un Estatuto del Agua para Bogotá, la idea es iniciar un camino que permita incorporar el agua en Constitución Política y Ecológica como un derecho humano fundamental”.

“Para lograr este objetivo el Proyecto plantea un proceso en donde las prácticas sociales de la ciudadanía Bogotana demuestren su posibilidad de convivir bajo la disposición, acceso y conservación del ciclo del agua presente en el Distrito Capital, sin alterarlo; con el Estatuto pretende afianzar una Cultura del Agua en la ciudad y su sabana”, indicó Quigua, quien además añadió que “Bogotá y su Distrito, deben ratificar el agua como un derecho universal y comunitario, es de todos y de nadie, pertenece a la tierra y a los seres vivos. Se distribuye equitativamente de acuerdo a las necesidades, costumbres y convivencia humana. El derecho humano es disponer de agua suficiente, conseguible, accesible físicamente, segura y aceptable para el uso personal y doméstico. El derecho al agua incluye mantener el acceso a los abastecimientos existentes de agua y estar libres de interferencias, desconexiones arbitrarias o contaminación de cualquiera de los elementos del sistema hídrico”.

Ati Quigua puntualizó que “el Estatuto del Agua, se convertiría en  el ordenador jurídico, pertinente para acoger el derecho universal a nivel local y tendría por objeto la regulación de todas las aguas en el marco de la unidad del ciclo hidrológico. Por consiguiente, sus disposiciones deben respetar la interdependencia existente entre todos los elementos ambientales, el principio de prevención y el de precaución del ambiente”.

Por esa razón, para la concejala resulta desconcertante que en el ámbito nacional se esté tramitando una Ley totalmente contraria a los principios universales de la protección del agua. “Es muy preocupante la posición que se está asumiendo en Congreso de la República, con el Proyecto de Ley 365, sobre Aguas que esta haciendo transito, donde esta ausente el análisis sobre la tendencia mundial a la privatización del agua, el agua vista como mercancía y no como derecho fundamental de la humanidad, ni la visión a futuro, creo que lo primero es  tratar una política responsable, democrática, pública y eficiente del agua y luego hacer una Ley”, indicó la concejala.

Precisamente el periódico El Tiempo, en su editorial del 2 de noviembre, llama la atención sobre esta Ley. “El proyecto establece como principio rector la eficiencia en la asignación y uso del agua. Esta es la base del modelo privatizador promovido por el Banco Mundial y el poderoso lobby de las multinacionales del agua. Y opera así: los acueductos cubren con la facturación mensual sus costos de operación, infraestructura y mantenimiento; el Gobierno suspende los subsidios a los deficitarios, que, asfixiados por la incapacidad de funcionar, acceden a las propuestas de las multinacionales, y el recurso que garantiza la vida en la Tierra se convierte en monopolio, con posibilidad de concesiones hasta por 50 años renovables, es decir, a perpetuidad”.

Refiriéndose a la Ministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez y a la ponente de la Proyecto en la Cámara de Representantes, Nancy Patricia Gutiérrez, la editorial del Tiempo se plantea unas preguntas que deben inquietar a todos. “¿Cómo garantizan las autoras del proyecto que todos los colombianos tendrán derecho a tomar agua potable? ¿Por qué en un país que es potencia hídrica mundial se abren las puertas para enajenar este bien? ¿Dónde se concretan las consideraciones sociales y de equidad mentadas, a título retórico, en la justificación del proyecto?”. Haga clic aquí para conocer el Proyecto de Ley 365.

Los bogotanos pueden construir su Estatuto del Agua

Con el propósito de que los bogotanos tengan un conocimiento directo del estatuto y a su vez pueden dar sus aportes al mismo, el próximo 14 de diciembre, de la 1 a las 4 de la tarde, se llevará a cabo una reunión en el Consejo de Bogotá. Todos los interesados pueden participar de este importante encuentro. La entrada es libre.

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