La Sierra Nevada de Santa Marta, hogar de cuatro comunidades indígenas ancestrales: Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, es para estos pueblos no solo lugar de habitación sino su madre, su historia, su presente y su futuro. Ella es el centro del universo y la fuente de la vida y la diversidad. De su permanencia no sólo depende el equilibrio de la naturaleza sino también la existencia de cualquier ser. Por ello, Serankua, divinidad y fuerza espiritual regente de la tierra,  encargó a sus hijos la misión de protegerla y trabajar por ella respetando y adorando sus lugares sagrados para garantizar la supervivencia de sus pueblos y de la humanidad; por que así como la Sierra dio vida, ella misma es vida que corre en sus ríos y arroyos.

 

La Sierra Nevada de Santa Marta  es un macizo montañoso que comprende porciones de tres departamentos al norte de Colombia: Cesar, Magdalena y Guajira, lo que la convierte en un sitio estratégico para la movilidad en esta zona del país. Es además una región de exuberante diversidad natural, rica en aguas, minerales y propicia por sus altos cerros, su fertilidad y tupida vegetación, para la siembra y ocultamiento de cultivos ilícitos. Por la lejanía de sus  parajes y lo entrequebrado de su geografía es también un sitio estratégico para la guerra que permite el aislamiento y encubrimiento de los grupos armados en medio de una zona clave para la economía ilícita dada su cercanía con fronteras marítimas y terrestres.

 

Sin embargo y a pesar de la riqueza de esta tierra,  las comunidades indígenas que allí habitan son afectadas por la pobreza y por la ausencia del Estado que se hace evidente en la precaria infraestructura de salud, educación y en la inexistente disposición de vías que faciliten el comercio y el transporte de personas. Tal ausencia ha sido aprovechada históricamente por  grupos guerrilleros y más recientemente de autodefensas quienes la  convirtieron en sitio estratégico para sus operaciones.  Según cuentan sus pobladores, antes de la llegada de estos grupos la sierra era un lugar tranquilo, en donde no les faltaba nada, sembraban y vivían de lo que la sierra les prodigaba, pero desde que los actores armados llegaron al lugar y se apoderaron de caminos y comunidades, prohibiendo el transito de los pobladores, ha sido imposible rendir culto en los sitios sagrados, omisión que ha provocado, según dicen los mayores, una crisis económica, alimentaria y social que se agrava cada día más por el actuar violento de estos grupos contra sus comunidades.

 

La disputa territorial que se emprendió desde hace años entre guerrilla, autodefensas y ejército sigue aún sin resolver, dejando como consecuencia la muerte y desplazamiento de centenares de indígenas de las distintas etnias que habitan esta región. Cada año se siguen sumando casos de masacres, bombardeos, amenazas, confinamientos y desplazamientos por parte de todos los actores armados, incluyendo al ejército. Los pueblos más afectados  han sido Kankuamos y Wiwas, ambos actualmente protegidos con medidas cautelares, a pesar de lo cual siguen siendo víctimas de esta guerra.

 

Tan sólo en el año 2004 se desplazaron alrededor de 4.267 Wiwas, entre otras razones, por temor a los enfrentamientos entre actores armados, por la restricción de entrada y salida de alimentos impuesta por las AUC y que los mantenía en una lamentable crisis alimentaria;  y por el confinamiento absoluto al que estaban sometidos  bajo amenaza de muerte. Se conocieron también denuncias contra soldados del ejército que sin miramientos ni observancia de las más mínimas normas del Derecho Internacional Humanitario, bombardearon y ametrallaron  indiscriminadamente  poblaciones como el Limón y otras que reportaron además la quema de sembrados, y el robo de cosechas y  animales por parte del Ejército Nacional.

 

En el 2003 las denuncias dieron cuenta de por lo menos 100 familias desplazadas de la comunidad de la Laguna, cifra que se estimó en unas 500 personas entre los que se encontraban 83 niños y 10 ancianos. Debido a este desplazamiento las familias padecieron hambre durante días y varias personas andaban sin ropa debido a la premura de la huida.  Días después se supo por la comunidad que desde el  18 de enero  de ese año y durante tres días más, habían soportado el terror, cuando desde tierra y aire fueron destruidas sus pertenencias, casas, escuela, puestos de salud, la casa ceremonial, los cultivos y los pocos animales  por soldados del batallón La Popa con sede en Valledupar. Meses después las tropas del Ejército Nacional incursionaron en Marocaso causando la destrucción de una tienda y saqueando las dotaciones del puesto con lo cual se dejó sin servicio primario en atención médica a más de 4000 indígenas.

 

Ángel Melquíades Loperena, dirigente indígena, expreso por esos días que la fuerza pública estaba cumpliendo la orden de recuperar la Sierra Nevada de Santa Marta a costa de lo que fuera; hoy, su cuerpo reposa sin vida en algún lugar de la sierra, luego de que fuera abaleado junto a su hermano y a plena luz del día en el casco urbano de San Juan del Cesar,  el año pasado por hombres de las Autodefensas.

 

El 31 de Agosto del 2002 las AUC incursionaron en la comunidad wiwa del Limón y masacraron a 12 personas, quemaron quince viviendas y mataron a todos los animales domésticos. Más de 150 personas tuvieron que huir hacia el monte para salvar sus vidas. Cuando se hicieron los levantamientos se hallaron entre los muertos a dos ancianos de 76 y 78 años así como los cuerpos de una mujer y sus tres hijos menores de siete años que también habían sido asesinados sin piedad. En esta ocasión el verdugo no perdonó la vida  de  perros, caballos, ni cerdos arrazando con todo lo que encontró en la aldea.

 

La suma de muertos, desplazados, señalados, perseguidos, detenidos, torturados y una lista sin fin de formas violentas ejercidas contra los wiwa fueron alimentando el prontuario de la historia del exterminio de un pueblo. Finalmente, el asesinato de los líderes Ángel Milciades Loperena Díaz, Tesorero de la Organización Wiwa y su hermano Darío Loperena, profesor de la comunidad el 18 de Enero del 2005 en San Juan del Cesar por parte de las AUC, fue el motivo culminante que desencadenó la movilización del pueblo wiwa, La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar que se les otorgaran medidas cautelares. El 4 de Febrero del 2005 la CIDH se manifestó solicitando al gobierno colombiano la adopción medidas Cautelares “para preservar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo wiwa de la sierra nevada de Santa Marta respetando su identidad cultural y protegiendo la especial relación que tienen con su territorio, conforme las obligaciones contraídas por el Estado.”[1]En el mismo documento se exige al gobierno brindar atención humanitaria a los desplazados y atención a la crisis alimentaria especialmente a los niños y niñas que la padecen, concertar las medidas de protección colectiva con la comunidad y adoptar las medidas necesarias para poner término a los hechos de violencia y amenazas.

 

Hoy, después de 11 meses la comunidad wiwa sigue rogando al gobierno que se acerque a su región para iniciar el proceso de concertación de mecanismos de protección contemplados en las medidas cautelares, pero la única respuesta ha sido la indiferencia.

 

Paradójicamente después de ser “protegidos” por dichas medidas han sido asesinadas nueve (9) personas, cuatro de ellas ejecutadas extrajudicialmente por el ejército; sies  (6) fueron detenidos arbitrariamente sindicados de pertenecer a las FARC y señaladas en la mayoría de los casos por reinsertados de la guerrilla vinculados a la red de informantes. Cinco (5) personas están desaparecidas y cinco (5) más amenazadas, 2 sufrieron lesiones personales, 1 fue víctima de atentado contra su vida,  y alrededor de 350 personas han tenido que desplazarse de sus hogares.  Las comunidades han dado cuenta también de dos bombardeos indiscriminados por parte del ejército, además de las constantes incursiones armadas, registros a sus viviendas, saqueos, señalamientos, amenazas y todas aquellas otras situaciones que siguen sin ser denunciadas por temor.

 

Los wiwa piden al gobierno que cómo mínino les sean respetados sus derechos; no se oponen a la presencia del ejército en la zona, pero exigen que la comunidad sea respetada en su vida, su cultura y su autonomía, piden que se le informe a la organización indígena sobre las capturas que se piensen hacer así como las razones de estas; que les dejen conocer los procesos que se llevan contra personas de la comunidad por que ellos tienen un derecho propio para juzgar a su pueblo; que se informe a los líderes y mamos sobre la movilización de tropas en territorio indígena,  y que las tropas sean capacitadas por el gobierno para desempeñarse en su territorio de acuerdo a los principios de humanidad establecidos por los tratados internacionales de los cuales el país es parte.

 

Finalmente, y a pesar de tantos años de sufrimiento este pueblo indígena sigue apostándole a una formula de concertación para resolver tantos y tan terribles problemas, como lo dijera uno de sus líderes  “La idea no es que nos miremos mal, todos somos seres humanos y necesitamos convivir, la idea es solucionar, si tenemos problemas vamos a buscarles la solución, pero eso se consigue sentándose, hablando, dialogando para poder convivir en un futuro como hermanos”.



[1] Auto Declarativo de las Medias cautelares a favor del pueblo Wiwa otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  4 de Febrero del 2005.

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