Las reservas mineralógicas de la Gran Chiquitanía, ubicadas en el departamento de Santa Cruz en Bolivia, son motivo de las recientes protestas y movilizaciones de los pueblos originarios habitantes de esta región. La Organización Indígena Chiquitana, OICH envió en días pasados una carta al Presidente Evo Morales en donde le piden la suspensión del proceso de Licitación del Mutún por ser violatorio de los derechos que tienen los pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT (homologado en Bolivia mediante Ley 1257 de julio de 1991).

 

Según la OICH, la licitación del Mutún “favorecen a intereses ocultos de empresas transnacionales, vinculadas al poder político empresarial del departamento de Santa Cruz incrustados de forma encubierta al interior de algunos Comités Cívicos del departamento de Santa Cruz, lo que constituye una franca provocación y desconocimiento a la voluntad soberana de los bolivianos expresada en las pasadas elecciones generales, cuyo mandato es claro y contundente para recuperar la propiedad de nuestros Recursos Naturales (entre ellos los mineralógicos) a beneficio de los bolivianos”. Situación que va en contravía de la nueva postura del nuevo gobierno de Bolivia, cuya principal bandera ha sido la nacionalización de los recursos naturales.

 

La OICH, conformada por más de 450 comunidades indígenas de las cinco provincias del departamento de Santa Cruz, indicó, en la comunicación enviada al primer mandatario de Bolivia, que la suspensión de la licitación debe ser inmediata. Este llamado es respaldado por diferentes organizaciones y sectores, quienes en repetidas oportunidades han advertido sobre las irregularidades que encierran esta contratación. Vale la pena anotar que los yacimientos minerales se encuentran en el territorio sagrado de los pueblos originarios de la Chiquitanía boliviana.

 

En la misiva también instan al gobierno para que se inicie un debate nacional con el fin “modificar el Código de Minería donde se incorpore no solamente el incremento de las regalías mineras, sino los derechos de los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT”. La OICH propone que sean las mismas comunidades indígenas y originarias afectadas por las actividades de la minería y la sociedad en general que participen de estas discusiones.

 

Sin embargo los chiquitanos no se oponen a una nueva licitación de los yacimientos del Mutún, siempre y cuando ésta se haga “sobre la base del Código de Minería  modificado” donde se garantice el respeto a los derechos indígenas y la soberanía sobre los recursos naturales. La carta que contó con el respaldo de las 12 centrales de la OICH es enfática en señalar que el interés nacional debe primar encima de los intereses creados por los grupos de poder locales y las empresas transnacionales y sobre todo en el respeto por los pueblos originarios de Bolivia.

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