Entre el lunes 30 de enero y el jueves 2 de febrero, se reunieron representantes de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC; el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia; AICO y la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, ACIT, con delegados del Gobierno nacional, para dar continuidad a los trabajos de la Mesa Nacional de Concertación. El objeto de esta reunión era definir una agenda de trabajo que permita construir conjuntamente una política pública para los pueblos indígenas colombianos.

 

La Mesa Nacional de Concertación es un espacio de participación activa, creado por el Decreto 1397 de 1996 y  diseñado en el marco de una política de reconocimiento para que los pueblos indígenas y el gobierno nacional establezcan un diálogo que permita identificar propósitos y líneas de trabajo comunes para resolver las diversas problemáticas que enfrenta la población indígena.

 

En esta oportunidad participaron diversas entidades del Estado como los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, del Interior y de Justicia, de Cultura, de Educación, de Minas y Energía, el DANE, el INCODER, el Programa Presidencial para los Derechos Humanos, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Dichas entidades asistieron a la Mesa con el objetivo de dar a conocer los avances que han tenido en cuanto a la protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas en cada una de las materias que les competen; dar respuesta a las inquietudes planteadas por las organizaciones indígenas en cuanto a las acciones realizadas; conocer y dar respuestas preliminares a las propuestas de política pública acordada por las organizaciones indígenas; y acordar planes de trabajo para la elaboración conjunta de la política.

 

Durante este evento los líderes y representantes indígenas llamaron la atención respecto a dos temas, que según ellos son los ejes fundamentales sobre los cuales es posible construir una política pública integral para los pueblos indígenas: el territorio y los derechos humanos.

 

En materia de territorio, los integrantes de la Mesa manifestaron que sin el acceso pleno al territorio es imposible materializar los derechos de los pueblos indígenas y por esta vía carecería de lógica la formulación e implementación de una política pública integral.  En ese sentido las organizaciones evidenciaron la necesidad de realizar un diagnóstico a partir del cual sea posible acordar líneas de acción para la constitución, ampliación y saneamiento de resguardos.

 

En cuanto al tema de derechos humanos, las organizaciones indígenas presentaron al Gobierno Nacional una propuesta de política pública que incluye los siguientes aspectos: 1) el apoyo a la resistencia, la autonomía y las autoridades tradicionales; 2) la protección institucional a los pueblos indígenas mediante la implementación de planes de prevención y contingencia, así como la incorporación del tema étnico en los diálogos de paz; 3) el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y de las medidas cautelares y provisionales decretadas por el Sistema Americano de Derechos Humanos; 4) la atención diferenciada para la población indígena en situación de desplazamiento; 5) la incorporación de la variable étnica en el sistema estadístico; 6) la adecuación normativa de la ley 975 de 2005; 7) la implementación de acciones para abordar el tema de los desplazamientos transfronterizos de pueblos indígenas en términos de realizar un diagnóstico de la situación fronteriza, suscribir acuerdos con los países vecinos y apoyar la integración de las organizaciones indígenas colombianas con las organizaciones indígenas de dichos países.

 

Ante esta propuesta los representantes del programa presidencial del Derechos Humanos manifestaron que dicho planteamiento es un esfuerzo interesante que avanza en términos conceptuales hacia la elaboración de la política pública. Sin embargo expresaron algunas diferencias en cuanto al diagnóstico, sobre todo en términos de considerar que la política de estado contribuya al agravamiento de la situación.  Igualmente expresaron su interés en apoyar algunos aspectos planteados en el documento propuesto, tales como; el fortalecimiento de la guardia cívica, la incorporación del tema étnico en los diálogos de paz y el cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales.

 

En lo relativo al Derecho Internacional Humanitario, el documento propuesto por la ONIC incluye los siguientes aspectos: 1)  proteger a los pueblos en riesgo de extinción; 2)  autorizar  a los médicos tradicionales de las comunidades la utilización del distintivo de la misión médica y señalizar los sitios tradicionales de los territorios relacionados con la misión médica; 3) hacer la adecuación cultural del programa de desvinculación de los grupos armados ilegales para miembros de pueblos indígenas; 4) hacer un diagnóstico de los campos minados en los territorios indígenas y plantear una experiencia de desminado humanitario en los mismos;  y 5) elaborar un protocolo de acción en territorios indígenas para las fuerzas armadas.

 

Al respecto, el gobierno planteó trabajar la protección a los pueblos en riesgo de extinción como un capítulo especial, y expresaron estar de acuerdo con los demás puntos e incluso presentaron algunos avances en lo que tiene que ver con minas antipersonales y capacitación en derechos humanos para los miembros de la fuerza pública.

 

Teniendo como punto de partida los aspectos planteados y las discusiones dadas en la Mesa Nacional, el Gobierno y las Organizaciones Indígenas acordaron: convocar a la Comisión de Derechos Humanos y nombrar una secretaria técnica que se encargará de elaborar la agenda de la Comisión, identificar los casos críticos de violación a los derechos humanos que requieran una acción inmediata y desarrollar una agenda de trabajo interinstitucional de manera previa a la Comisión, en la que se definirá con las entidades responsables los asuntos referidos a la directriz para la atención diferencial de la población indígena en situación de desplazamiento, la implementación de medidas de atención en los casos de migraciones transfonterizas,  el protocolo de acción para la fuerza pública en los territorios indígenas, el Sistema de Alertas Tempranas, la protección de líderes, la participación en la Comisión Nacional de Reparación y la erradicación de los cultivos ilícitos.

 

En las restantes temáticas abordadas por la Mesa, se trazaron marcos generales que serán discutidos de manera más detallada con las entidades gubernamentales según los cronogramas acordados.

 

 

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