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En la denuncia formulada por la Junta de Consejeros se manifiesta que el mismo día, entre las 6 y 7 de la mañana un grupo de aproximadamente cien (100) hombres que vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares y que se identificaron como miembros de las FARC ocuparon el tambo (casa) de Anastasio Nogoa, indígena Chamí miembro de la comunidad de Puerto de Oro.

Luego de las 10 de la mañana un número indeterminado de uniformados de la Brigada Móvil Número 14 del Ejército Nacional llegó a la zona y se produjo el replegamiento de guerrilla y el posterior combate entre los dos actores armados en los cuales también se registraron bombardeos por parte de dos (2) helicópteros de la Fuerza Aérea. En medio del combate un niño de ocho (8) años, hijo de Anastasio logró escapar y solo volvió al caserío cuatro (4) días después. Parte de los soldados ocuparon el tambo abandonado por los guerrilleros y procedieron a acusar a Anastasio de ser jefe guerrillero y  lo amenazaron de muerte.

Ante estos hechos las comunidades indígenas de la zona se reunieron y decidieron conformar una comisión integrada por el Gobernador veredal, los alguaciles y las presidentas de los Consejos de mujeres, con el objeto de ir al tambo de Anastasio para hablar con el Ejército y lograr la liberación del mismo junto con su familia. Al llegar al lugar, los soldados  les dijeron “no vengan a reclamar nada, que los indios son guerrilleros  y Anastasio es el Jefe”.  Además de este señalamiento también apuntaron con un fusil al gobernador y a una de las mujeres de la Comisión. A pesar de esto los indígenas decidieron permanecer en el tambo hasta que lograron rescatar a Anastasio y a su familia, quienes en este momento se encuentran desplazados.

A estas denuncias se suma el confinamiento que enfrentan las comunidades de Eborodo y de Currumay, en el municipio de Mistrató desde hace algún tiempo, pues se ha limitado la libre movilización de los indígenas, así como el ingreso de alimentos a la zona y la venta de los mismos a los mineros. En este último caso la justificación de la medida es que dichos alimentos irían a parar a manos de la guerrilla. También se han denunciado varios casos en los que se impide el acceso de los trabajadores a las minas.

Según el comunicado de prensa, la explicación que dan los mandos militares a este tipo de situaciones es la realización del empadronamiento de las comunidades, mientras que las autoridades civiles del municipio argumentan que “los tenderos son colaboradores de la guerrilla”.

Este tipo de señalamientos y de acciones violentas en contra de los indígenas Emberá Chamí se vienen presentando desde hace varios años y se han originado por la permanente confrontación de los actores armados que están presentes allí desde la década de los ochenta, momento en el cual incursionaron en el departamento varios grupos insurgentes como el ELN y las FARC. Durante los años noventa las comunidades fueron acusadas tanto por las autoridades civiles, como por las autoridades militares de  tener nexos con la guerrilla de las FARC. Esta situación se tornó mas compleja cuando en el mes de Julio de 2001 las AUC empezaron a hacer presencia en la zona y con ello se incrementaron las acciones violentas en contra de los indígenas.

Recientemente, los actores armados que operan en el departamento de Risaralda son el Frente Aurelio Rodríguez de las FARC, el frente Cacique Calarca del ELN, el grupo móvil 14 del Ejército y el Batallón San Mateo.

Desde el mes de enero la Brigada Móvil Número 14  del Ejército adelanta la Operación Darién II en zona rural del municipio de Mistrató con el objetivo de combatir a los grupos insurgentes que operan en la zona. Según un comunicado emitido por el Ejército Nacional el pasado seis (6) de febrero, la Operación mencionada ha permitido desactivar cuatro (4) campos minados, avanzar en la desarticulación de los grupos insurgentes que se encuentran en la zona e incautar armamento y equipos de comunicaciones.

Según este reporte, la Operación militar ha facilitado la protección de la población civil que reside en las zonas en donde hace presencia la guerrilla, se ha recuperado la tranquilidad y se ha garantizado la movilización de las comunidades  “para cumplir con todas sus labores dejando atrás las intimidaciones y presiones de los grupos alzados en armas”[1]. Uno de los miembros del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), expresó la preocupación de las comunidades ante la presencia de aproximadamente ochocientos (800) militares que de manera permanente circulan por el municipio de Mistrató.

Ante estos hechos los miembros del CRIR expresaron que mantendrán su solicitud de conformar inmediatamente una comisión humanitaria que verifique estos y los anteriores hechos denunciados. En la misma comunicación exhortaron “a los órganos de control adelanten las investigaciones correspondientes y las sanciones a los implicados en estas violaciones a los DDHH y al DIH”.

Igualmente demandaron “apoyo de las organizaciones de DDHH para que difundan y rechacen este tipo de situaciones hasta hacerlas inaceptables” y exigieron “a los actores armados a que respeten los DDHH y el DIH, así como que no desconozcan las resoluciones N°s 003 y 005, que en ejercicio de nuestro derecho interno, establece nuestra autonomía frente al conflicto y contra la guerra, así como la no militarización de nuestros Territorios”.

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