Más de mil quinientos integrantes del pueblo Wayuú se apostaron, desde el pasado viernes 24 de febrero, en las instalaciones del muelle turístico de Manaure en la Guajira, para manifestar su oposición a la resolución No. 195 del 22 de abril del 2005, con la cual se le dio autorización temporal a la Sociedad Portuaria Regional de Manaure para el uso de una extensión de mar y playa. Los Wayuú afirmaron que no se quedarán sin las salinas de Manaure y que no se irán hasta que los implicados definan y resuelvan su situación, ya que para ellos se les están desconociendo sus derechos fundamentales.

 

Las comunidades de Manaure vinculadas a la actividad salinera, la pesca y el turismo informal, representadas en las organizaciones Asociación Waya Wayuú; Asociación de Autoridades Tradicionales del área inmediata de las salinas de Manaure, Sumain Ichi; y la Asociación de Charqueros de Manaure, Asocharma, denunciaron que se tomarán la zona hasta que dejen de estar en riesgo las actividades económicas que han desarrollado en su territorio ancestral, el cual ha sido reconocido por el Gobierno Nacional, las Leyes, el Congreso de la República y la Corte Constitucional. Es la primera vez en la historia del país que el Estado le cedió una participación accionaria a una comunidad indígena, en este caso al pueblo Wayuú en las salinas de Manaure, reconociéndole su derecho ancestral y de territorialidad.

 

Ludmila Rosales, Asesora Comunicaciones del Instituto Nacional de Concesiones INCO,  informó que mediante Resolución Nº 195 de 2005 se le otorgó por un año a la Sociedad Portuaria Regional de Manaure S.A. una, “Autorización Temporal, para el uso temporal y exclusivo de  unas zonas de aguas marítimas accesorias, y  de una zona de playa y bajamar delimitadas dentro de un polígono de forma rectangular, descrito por una serie de coordenadas que delimitan un área  de  7.600 metros, el cual tiene dimensiones aproximadas de 235 metros de longitud  paralela a la costa,  y  32 metros de ancho medidos a partir de los bajamares. (…) Cualquier terreno ocupado por fuera de esta área, corresponde al uso de terrenos adyacentes que no son autorizados por el INCO”.

 

Sin embargo, Elmer Altamar, Representante de la Asociación Indígena de la Guajira aseguró que el INCO le dio la licencia a un ariguna “no indígena”, Eduardo Díaz, para hacer un puerto, y que esto conllevaría a que se produjera una actividad portuaria  para arribo, desembarque y embarque  de mercancías que antes se desarrollaban en Bahía Portete, y que ahora se harían desde Manaure. Para ellos lo más preocupante es que esto también contaminaría el mar ya que el puerto lo piensan hacer frente a las charcas y sumado a esto afectaría la  actividad turística de esta zona.

 

Una lucha de años

 

María Aguilera Díaz relata en su texto publicado por el Banco de la República: “Aspectos históricos y socioeconómicos de las salinas de Manaure” que la comunidad wayuú ha reclamado durante años sus derechos de propiedad o reconocimiento ancestral sobre los terrenos donde están ubicadas las salinas de Manaure, y la compensación por los daños ecológicos y al medio ambiente que la producción industrial ocasionó.

 

En 1991 se firmó un acuerdo entre el gobierno y la comunidad indígena, en el cual se le reconoció los derecho del territorio al pueblo indígena y se comprometieron en reorganizar la producción y condiciones de trabajo de la cosecha indígena, y la creación de una sociedad de economía mixta donde la comunidad indígena participaría con el 25% de las acciones. Los acuerdos no se cumplieron y los indígenas tuvieron que acudir a una tutela en 1994 cuya sentencia ordenó la creación de una sociedad de economía mixta denominada Sociedad Salinas de Manaure, SAMA, vinculada al Ministerio de Desarrollo, con participación accionaria de la comunidad wayuú en un 25%.

 

Lo anterior tampoco se cumplió por diversos obstáculos legales. La Ley 773 de 2002 revive la creación de SAMA, con la siguiente distribución: 51% Ministerio de Desarrollo, 25% Asociación indígena “Sumain Ichi”, y 24% Municipio de Manaure. Finalmente después de luchas durante años, el Presidente Álvaro Uribe Vélez, entregó el 21 de diciembre de 2003 a los representantes de las comunidades Sumain Ichi, Waya Wayuú y Asocharma, los títulos de la participación accionaria que los hace dueños del 76 por ciento de la empresa Salinas Marítimas de Manaure (Sama).

 

La importancia del sector

 

La ONIC explicó que la construcción del puerto en pleno Manaure afectaría a unas 25 mil personas de las cuales el 90% son Wayuú.  Este sector es muy importante para la economía de sus habitantes ya que el 75% de la sal que consumen los colombianos se produce en las Salinas de Manaure, actividad que tiene un comportamiento histórico de producción de más de 100 años. Esta actividad ya esta demasiado afectada económicamente ya que las salinas de mar tienen una capacidad  instalada para producir un millón de toneladas anuales sobre 4 mil hectáreas y los topes de producción han venido reduciéndose en los últimos años hasta el punto en que el gobierno nacional ha recurrido a la importación de este producto, desde los centros de producción de Chile y Venezuela.

 

Los Wayuú entonces tienen dos bases fundamentales en su economía: la pesca y la explotación de sal en Manaure, los dos implícitamente necesitan del mar, y según los habitantes de Manaure la construcción del puerto contaminará el mismo. La pesca es una importante actividad económica ya que un gran número de indígenas viven exclusivamente de ella. Estas familias conservan celosamente sus derechos de explotación y las personas que desean hacerlo en grandes cantidades en un territorio familiar tienen que obtener primero el permiso de sus propietarios.

 

Los Wayuú denuncian que el gobierno no consultó previamente la realización de este puerto, y que para ellos la toma de la zona es una acción indefinida que pretende defender el derecho al trabajo, la propiedad colectiva, el medio ambiente, la paz y la tranquilidad de la zonas, el respeto de la autonomía de sus decisiones y el derecho a la Sana locomoción que tienen los Manaureros y los Wayuú quienes son dueños de ese territorio, además denuncian que algunas familias han sido hostigadas por miembros de la construcción del puerto y sumado a esto se ha cerrado el acceso a esta zona que es además turística.

 

Las autoridades de los organismos implicados dieron un contundente pronunciamiento: “Aquí nos quedaremos hasta tanto  representantes del INCO, El Viceministro de Industria Y Turismo, Instituto de Fomento Industrial, CORPOGUAJIRA, Comfamiliar sección Guajira, Cámara de Comercio de la Guajira, Gobernación de la Guajira, Alcaldía de Manaure y SAMA Ltda., definan y resuelvan esta situación donde se desconocen los derechos fundamentales de la comunidades”.

 

El representante de la Asociación Indígena de la Guajira afirmó que hasta ahora ninguno de los organismos implicados ha hecho presencia en el sector. La Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia pronunció que no conoce nada sobre el tema y  que hasta ahora se está indagando sobre el mismo. Por otra parte la Gerencia General de la INCO afirmó que ha delegado una comisión para que se desplace en forma inmediata  a la población de  Manaure y en  presencia de las demás autoridades involucradas; Alcaldía Municipal, Comfamiliar de la Guajira, SAMA Ltda., IFI Concesión Salinas, Capitanía del Puerto de Riohacha, entre otras, para que  aclaren  la situación y la autorización temporal,  motivo de   protesta por parte de las  Comunidades Wayuú,  asentadas en la zona.

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