El 5 de marzo, Juan RamÃrez Villamizar, ex gobernador indÃgena del resguardo Makaguan de Caño Claro (Arauca) fue asesinado por las FARC en el momento en el que regresaba de Tame a su comunidad. Varios guerrilleros lo interceptaron y lo amenazaron por no acatar la orden de paro, decretada por las FARC desde el pasado 28 de febrero en todo el departamento de Arauca.
El martes 7 de marzo, la etnoeducadora Luz Marina Farias, al tener conocimiento de estos hechos emprendió la búsqueda del cadáver de su esposo, el cual fue encontrado con tres disparos en la cabeza en el lugar conocido como Quenane. Cuando Luz Miriam y sus acompañantes iban de regreso a Tame con el cadáver de Juan, se encontraron con un retén de las FARC ubicado a treinta kilómetros de Tame. Allà los guerrilleros obligaron a la etnoeducadora a bajar del vehÃculo y le propinaron dos disparos en la cabeza, causándole la muerte.
Juan RamÃrez ocupó el cargo de gobernador del resguardo Makaguan hace tres años y actualmente se desempeñaba como promotor de salud de su comunidad, Luz Marina era una etnoeducadora del mismo resguardo. Según la información suministrada por la coordinación de asuntos indÃgenas del municipio de Arauca, los dos indÃgenas no habÃan recibido amenazas de ningún tipo y no encuentran un argumento coherente para explicar los hechos ocurridos, pues los indÃgenas apenas estaban empezando su proceso de liderazgo al interior del pueblo Makaguan.
Al parecer, el asesinato de los indÃgenas se produjo por el no acatamiento del paro armado en el departamento de Arauca, el cual fue decretado por el Frente 10 de las FARC sobre la zona petrolera y limÃtrofe con Venezuela. Según un comunicado difundido por la organización guerrillera el objetivo del paro fue protestar en contra de la reelección del presidente Alvaro Uribe, de la firma del Tratado de Libre Comercio y de la permanencia de grupos paramilitares.
En este momento y como consecuencia de las acciones de las FARC, las comunidades indÃgenas de las zonas rurales del departamento se encuentran incomunicadas con los cascos rurales, lo cual hace prever que la situación de orden público puede ser mucho más compleja de lo que se cree. El paro armado hace parte de una estrategia mucho más amplia de la guerrilla de las FARC, que incluyó el bloqueo de los departamentos de Putumayo, Huila, Caquetá, Cauca y Nariño durante este primer trimestre del año.
En el dÃa de ayer, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó a las FARC-EP por el asesinato de los indÃgenas de Arauca y les reiteró a las FARC-EP, “que atentar contra la vida de civiles es una conducta prohibida por el derecho internacional humanitario, normativa a cuyo cumplimiento están obligados todos los que participan directamente en las hostilidades.
En el mismo comunicado, la Oficina del Alto Comisionado, recordó que en el último informe sobre Colombia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, manifestó su preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad que padecen los grupos étnicos colombianos, vÃctimas de constantes ataques por parte de grupos armados ilegales. En el mismo informe la Alta Comisionada instó a las FARC-EP y a los demás grupos armados ilegales a abstenerse en todo momento de ataques contra la población civilâ€.
Luis Carlos Osorio, Director de la Fundación Hemera, agregó que esta violación es mucho más grave, porque se atenta contra personas protegidas, dada su condición de lÃder y autoridad de una comunidad, en un caso, y maestra, en el otro. “Peor aún es el desconocimiento que esta organización armada hace de la autonomÃa que tienen los pueblos indÃgenas para organizar y manejar sus territorios. La ejecución extrajudicial de estos lÃderes indÃgenas, además de desafiar la seguridad democrática del estado colombiano, es un claro desafÃo a los pueblos indÃgenas, que de tiempo atrás han reclamado de guerrillas, paramilitares y aún del propio estado, el retiro de las acciones armadas de sus territoriosâ€.
Los pueblos indÃgenas que habitan en el departamento de Arauca son los Hitnu (Makaguane), Chiricoa, Guahibos, Sikuanis y Betoyes. Durante el 2005 estos pueblos indÃgenas fueron vÃctimas de homicidios, secuestros y desplazamientos causados por los constantes enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla de las FARC.
